Por Fernanda Doz Costa, directora adjunta para las Américas, Amnistía Internacional

Hay imágenes que te acompañan para toda la vida. Yo tengo grabada la cara de cientos de miles de jóvenes, de niñas, que lloraban en las calles de muchas ciudades de Argentina, con lágrimas de glitter verde, ante la tremenda decepción de escuchar que el Senado les había dado la espalda y había perdido la oportunidad histórica de despenalizar el aborto, la madrugada del 9 de agosto de 2018.

Nos abrazábamos y llorábamos.

Había rabia, frustración y tristeza. Pero también existía una convicción clarividente: el aborto ya había sido despenalizado en las calles de Argentina, en los clubes, en las escuelas, en las asambleas barriales y hasta en los programas de TV dedicados a las “noticias del corazón”. El Senado, con una composición importante de hombres y mujeres blancos, privilegiados y mayores; simplemente no había sido capaz de percibir esa despenalización social y plasmarla en la ley.

Y poco más de dos años después, esa convicción se hizo ley. En Argentina el Congreso aprobó el aborto legal hasta la semana 14 de gestación. También lloramos y nos abrazamos. Recordamos que lo imposible solo tarda un poco más en hacerse realidad, cuando quienes conforman las instituciones estatales aprovechan las oportunidades que la historia les brinda para hacer reales los derechos de todos y todas. 

Este es el clima que hoy se percibe en Colombia. 

Hace unos 15 años la Corte Constitucional Colombiana, referente en la región y en el mundo, hizo historia cuando en 2006 despenalizó el aborto en tres circunstancias: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando su continuación supone un peligro para la salud de la persona gestante y cuando el feto no es viable.

La sentencia fue extraordinaria porque abrió la puerta al reconocimiento de derechos que millones habían estado reclamando durante décadas, derecho que se fue consolidando con sentencias posteriores y con el activismo constante y brillante de las organizaciones, académicas y activistas colombianas.

Lo que ocurrió en la práctica, sin embargo, es que se creó un sistema dual, como en toda América Latina y el Caribe. Por un lado, las personas gestantes tienen el derecho a decidir si terminar voluntariamente embarazos en aquellas circunstancias limitadas y las instituciones de salud (públicas y privadas) tienen la obligación de proveer el servicio. Pero en la práctica, el acceso es inequitativo y limitado. Se estima que actualmente en Colombia se llevan a cabo más de 400.000 abortos por año. Menos del diez porciento se realizan de forma legal, según cifras del Guttmacher Institute. El resto, tienen lugar de forma insegura.

Aunque el aborto es una opción segura para un grupo reducido, en la práctica, cuando alguien quiere interrumpir un embarazo, por la razón que sea, busca la forma de hacerlo, y casi siempre, la encuentra, aun al costo de su propia salud, o de su vida.

Las personas gestantes ya deciden cuándo continuar con un embarazo y cuándo no. La legislación meramente las priva de un marco de protección que, en muchas ocasiones, hace la diferencia entre vivir y morir (los abortos inseguros son una de las cinco principales causas de muertes maternas en el mundo y la única que es casi totalmente prevenible).

En el mejor de los casos, quien decide interrumpir un embarazo en Colombia por fuera de las tres causales permitidas y cuenta con recursos, puede ir a una clínica o especialista privado. En el peor, se enfrentará con un laberinto de obstáculos, estigma y peligros.

Según datos de la fiscalía general de la Nación, el 97% de las mujeres denunciadas por abortos realizados fuera de las tres causales entre 2010 y 2017 eran habitantes de áreas rurales.

Los abortos clandestinos, además, privan a las personas gestantes del derecho de recibir cuidados médicos de buena calidad y del apoyo psicológico que puedan requerir, al mismo tiempo que las hacen sentir como criminales cuando no están haciendo más que ejercer autonomía sobre sus cuerpos.

Eso no es todo. El sistema dual genera miedo entre profesionales de la salud quienes, en muchos casos, por acción u omisión, limitan el derecho a acceder a un aborto, aun en los casos ya contemplados por la ley. Según una encuesta realizada por el Grupo Médico por el Derecho a Decidir en el 2015, quienes nunca han practicado una interrupción del embarazo se excusan detrás de políticas institucionales o en no desear ser identificados como prestadores de servicios de aborto.

El mundo ha evolucionado desde que la Corte Constitucional aprobó el aborto en las tres causales en 2006. Como lo ha expresado Amnistia Internacional en el Amicus presentado a la Corte Constitucional colombiana, en el derecho internacional de los derechos humanos, hay consenso que los Estados están obligados a hacer efectivo el derecho a acceder a servicios de aborto seguro. El acceso al aborto debe incluirse como parte integral de la regulación sobre servicios de salud sexual y reproductiva, para que su regulación sea compatible con los estándares de derechos humanos a la vida, a la autonomía, a la libertad y seguridad, a la integridad personal, a la igualdad y no discriminación, a la salud, y a estar libre de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La decisión sobre tener o no hijos está protegida por el derecho a la vida privada, que implica la autodeterminación sobre el cuerpo, la decisión de formar una familia y la forma que tomará ésta, así como el proyecto de vida personal, entre otros aspectos.

Aquí no hay batalla, no hay debate. Las mujeres ya decidimos por nosotras mismas si continuar con un embarazo o no. Algunas tenemos acceso a una clínica y otras a una mesa de cocina. Para algunas, la experiencia no es traumática gracias al acompañamiento de profesionales. Para otras el estigma que conlleva el aborto las acompaña por siempre. Algunas sobrevivimos, otras quedamos en el camino.

Pero hay una buena noticia.

La prestigiosa Corte Constitucional de Colombia, que estuvo a la vanguardia en tantas oportunidades por sus argumentos jurídicos y por su lectura del contexto y del rol fundamental que le tocaba jugar, tiene esta semana una nueva oportunidad para hacer historia y acabar con esta hipocresía. Está en sus manos legalizar el acceso al aborto legal y seguro para garantizar que la salud sea realmente un derecho y no un privilegio dependiente del lugar donde nos tocó nacer. Los ojos del mundo entero están posados sobre Colombia y sobre la capacidad de estas personas magistradas de leer a la sociedad y hacer historia.

Nuestros úteros ya no pueden ser un campo de batalla.

Nosotras ya decidimos.