Un importante informe recién publicado revela que el fabricante de maquinaria usa sus productos para la destrucción ilegítima de viviendas palestinas y la construcción de asentamientos israelíes ilegales.
JCB afirma erróneamente que la venta de productos a un agente israelí significa que la empresa de Staffordshire no tiene ninguna responsabilidad de que se estén usando sus excavadoras en actos que constituyen crímenes de guerra.
“Para muchas personas palestinas, los característicos bulldozers amarillos y blancos de JCB son una señal inquietante de que se van a quedar sin hogar de forma inminente”. Sacha Deshmukh
Amnistía Internacional pide al gigante británico de maquinaria de construcción JCB que tome medidas para impedir que sus excavadoras y otras máquinas se usen en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel para la destrucción ilegal de viviendas palestinas o la construcción de la enorme red de asentamientos ilegales de Israel.
En un importante informe recién publicado —JCB Off Track— Amnistía revela que el único agente de JCB en Israel tiene contratos para el mantenimiento de la maquinaria de esta empresa con el Ministerio de Defensa israelí, incluido para el tipo de bulldozer que se sabe se viene usando en la demolición generalizada en curso de propiedades palestinas y en la construcción y ampliación de asentamientos israelíes en territorio palestino, ilegales según el derecho internacional.
Junto con su informe de 92 páginas, el Evidence Lab especializado de Amnistía ha producido un mapa digital interactivo que muestra decenas de incidentes concretos de los últimos años en los que se usó maquinaria de JCB para derribar edificios residenciales y agrícolas pertenecientes a la población palestina, destruir tuberías de agua y arrancar gran número de olivos y otros productos agrícolas.
Durante los 54 años de ocupación militar israelí de territorios palestinos, las fuerzas israelíes han derribado decenas de miles de viviendas y propiedades palestinas, provocando el desplazamiento de miles de personas. Solamente en los primeros nueve meses de este año, han sido derribadas alrededor de 673 estructuras, lo que ha desplazado a casi mil personas palestinas. En el último medio siglo, las autoridades israelíes han permitido que casi 700.000 colonos se trasladen a asentamientos, a menudo construidos expresamente. en Cisjordania y Jerusalén Oriental, lo que la ONU ha calificado de “violación flagrante del derecho internacional”. El mes pasado, según informes, Israel aprobó la construcción de otras 3.100 viviendas nuevas para colonos en Cisjordania.
Amnistía ha escrito a JCB advirtiéndole de que el hecho de que no tome medidas adecuadas para impedir que se use su maquinaria en violaciones de derechos humanos generalizadas en los Territorios Palestinos hace que la empresa esté incumpliendo sus responsabilidades establecidas en las normas internacionales de derechos humanos aplicables a las empresas y podría ser lo suficientemente grave como para conllevar responsabilidad jurídica.
JCB, empresa privada de propiedad británica con sede en Rocester, Staffordshire, cuyo nombre oficial es JC Bamford Excavators Limited, vende su conocida maquinaria para demoliciones y movimientos de tierras a través de un único agente en Israel, Comasco Ltd. Éste, que es también una empresa privada, vende a su vez productos de JCB a una amplia lista de clientes en Israel y proporciona una serie de servicios de posventa y de mantenimiento.
El informe de Amnistía muestra que uno de los destinatarios de los servicios de posventa de Comasco es el Ministerio de Defensa de Israel. Los documentos examinados por Amnistía muestran que los servicios de posventa de Comasco para este organismo israelí son en relación con retrocargadoras de JCB que se usan específicamente en demoliciones. Esto significa que es probable que Comasco compre las retrocargadoras a JCB en Reino Unido y las venda al ejército israelí y luego preste servicios y las repare en caso necesario, como tras su uso en demoliciones de viviendas o la construcción de asentamientos.
Las retrocargadoras, que se ven en muchas obras de construcción en Reino Unido, tienen una serie de especificaciones, pero son máquinas relativamente caras que cuestan entre 60.000 y 85.000 libras esterlinas por unidad. Sin embargo, se cree que las ventas de JCB a Israel representan una proporción relativamente pequeña de sus operaciones totales y la empresa podría tomar medidas para impedir que sus máquinas se usen indebidamente en los Territorios Palestinos.
JCB defiende sus ventas alegando que no opera por sí misma en los Territorios Ocupados, que sólo vende sus productos a la empresa israelí Comasco y que, por tanto, no es responsable de su uso posterior. Sin embargo, el informe de Amnistía explica que, en aplicación de las normas internacionales. JCB tiene la clara responsabilidad de tomar medidas efectivas para impedir el uso indebido de sus productos.
El informe muestra asimismo que JCB dispone de medios tecnológicos, por medio de su software de diagnóstico computerizado (conocido como LiveLink), para rastrear dónde se están usando sus productos en un momento dado e incluso para desconectarlos a distancia en caso de uso indebido. Hasta ahora, la empresa parece reticente a desplegar estos medios de impedir que se use su maquinaria en violaciones graves de derechos humanos en los Territorios Ocupados.
El año pasado, Amnistía escribió al exministro de Comercio Internacional James Cleverly para pedirle que actuase en relación con JCB y otras dos empresas de Reino Unido —Opodo y Greenkote— después de que fueran incluidas en una lista de la ONU de 112 empresas que llevan a cabo actividades empresariales “importantes y significativas” en los asentamientos israelíes.
Sacha Deshmukh, director ejecutivo de Amnistía Internacional Reino Unido, ha manifestado:
“Las excavadoras de JCB han derribado innumerables viviendas palestinas en los Territorios Ocupados al mismo tiempo que allanaban el terreno para la construcción de asentamientos israelíes ilegales.
“Para gran parte de la población palestina, los característicos bulldozers amarillos y negros de JCB son una señal inquietante de que se van a quedar sin hogar de forma inminente y de que se están robando más tierras palestinas para hacer sitio para asentamientos israelíes ilegales.
“JCB está totalmente equivocado al decir que no tiene ninguna responsabilidad en lo que hacen compradores terceros con su maquinaria.
“Según las normas internacionales sobre empresas, JCB tiene la clara responsabilidad de tomar medidas para garantizar que no se usan sus productos en la comisión de violaciones de derechos humanos; esto debe verse como parte esencial de la diligencia debida en materia de derechos humanos.
“JCB debería hacer lo correcto y abordar las situaciones en los que su maquinaria termina en manos de los equipos de demolición israelíes en los Territorios Palestinos.
“JCB tiene que apagar sus máquinas y dejar de ignorar el uso de sus productos para cometer crímenes de guerra israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados.
“Ahora que el gobierno ha concluido que JCB infringe las normas internacionales de derechos humanos por no aplicar la diligencia debida, debería haber consecuencias para la empresa, como su exclusión de la licitación de contratos públicos.
“Esta resolución debería impulsar a los ministros a adoptar un marco jurídico que exija a las empresas la aplicación de la diligencia debida en materia de derechos humanos en sus operaciones globales, lo que incluye en relación con el uso final de sus productos”.
Punto Nacional de Contacto para las Directrices de la OCDE
La semana pasada (el 11 de noviembre), el Punto Nacional de Contacto para las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico concluyó que JCB infringía dos elementos del capítulo sobre derechos humanos de las Directrices y lo absolvía de otras infracciones. Esto se produjo después de que Abogados en Defensa de los Derechos Humanos presentara una queja contra JCB en 2019. El Punto Nacional de Contacto, entidad de Reino Unido que tramita las quejas sobre las prácticas de las empresas multinacionales de este país en relación con las Directrices de la OCDE, ha notificado a JCB que va a revisar los progresos de la empresa en el desarrollo de una política de derechos humanos y en la aplicación de la diligencia debida en relación con estos derechos.
Campaña sobre bienes de los asentamientos
En junio de 2017, con motivo del 50 aniversario de la ocupación israelí de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, Amnistía lanzó una campaña para pedir a todos los países que prohibieran la entrada en sus mercados de bienes producidos en los asentamientos y que impidieran que sus empresas operasen en los asentamientos o comerciasen con bienes producidos en ellos. En febrero del año pasado, JCB fue incluido en una lista de la ONU de 112 empresas que llevan a cabo actividades empresariales “importantes y significativas” ligadas al suministro de equipos para la construcción de asentamientos israelíes o la demolición de viviendas y propiedades palestinas.
*Nota sobre derecho internacional para periodistas
Los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados son ilegales en aplicación del derecho internacional humanitario por infringir el IV Convenio de Ginebra. Asimismo, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la “destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente” y el “traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa” constituyen crímenes de guerra.
