Las autoridades egipcias son cómplices de la represión que se está ejerciendo contra las decenas de trabajadores fabriles que se declararon en huelga pacífica este verano para exigir un salario justo, según ha concluido una investigación de Amnistía Internacional.

Entre el 26 de julio y el 1 de agosto, en torno a 2.000 trabajadores de LORD International, fabricante egipcio de cuchillas de afeitar que posee varias plantas de producción en Alejandría, se pusieron en huelga para exigir mayores salarios y estabilidad laboral. En respuesta, la dirección de LORD inició una campaña de medidas punitivas que se saldó con el despido injusto de 64 trabajadores y la suspensión de empleo de 83, con recortes salariares, interrogatorios coercitivos y amenazas.

El Ministerio de Trabajo no tomó medidas para proporcionar reparación a los trabajadores que sufrieron represalias por participar en la huelga; en su lugar, desestimó sus denuncias oficiales y los presionó para que pusieran fin a su “huelga ilegal”.

“Las autoridades egipcias no han protegido al personal en huelga de LORD frente a los despidos injustos y el resto de medidas punitivas que se le han aplicado simplemente por atreverse a expresar sus exigencias legítimas. Están por tanto protegiendo los intereses de la empresa a expensas del derecho de los trabajadores a organizarse libremente y a la huelga, consagrado en la Constitución egipcia y en el derecho internacional de los derechos humanos”, declaró Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

La situación de los trabajadores de LORD es un recordatorio sombrío de la inacción de las autoridades desde 2013 para respetar y proteger los derechos de los trabajadores, y de sus acciones para restringir las actividades de los sindicatos independientes y socavar el poder de negociación colectiva de los trabajadores mal remunerados.

Philip Luther, Amnistía Internacional

Amnistía Internacional habló con cinco trabajadores actuales y anteriores y con un abogado laboralista que detallaron despidos injustos, dimisiones forzadas y recortes salariales tras la huelga. La organización también examinó los informes de una organización local dedicada a los derechos laborales, así como nueve declaraciones de la empresa que anunciaban despidos en masa, suspensiones de empleo e investigaciones internas. Amnistía Internacional comunicó sus conclusiones a LORD International el 26 de octubre de 2021, sin que haya recibido respuesta.

Según el derecho laboral egipcio, sólo los sindicatos autorizados pueden celebrar huelgas. Los trabajadores de LORD no podían cumplir esta condición, pues el sindicato independiente que fundaron tras el levantamiento de 2011 fue disuelto en aplicación de la draconiana Ley de Sindicatos adoptada en 2017. Pese a que la ley se reformó en 2019, el gobierno egipcio continúa negándose a reconocer formalmente los nuevos sindicatos independientes, y en consecuencia prohíbe todas las huelgas que no estén aprobadas por la federación de sindicatos controlada por el Estado.

En junio, Egipto introdujo un nuevo salario mínimo nacional de 2.400 libras egipcias mensuales (153 dólares estadounidenses) que los empleadores del sector privado deben pagar a partir de enero de 2022. Los trabajadores y trabajadoras de LORD International, algunos de los cuales perciben un salario mensual de 2.000 libras egipcias (127 dólares estadounidenses), intentaron entonces negociar colectivamente su salario de acuerdo con este requisito, pero la empresa se negó a negociar.

Algunos trabajadores contaron a Amnistía que habían decidido declararse en huelga después de que LORD les descontase la bonificación por la Festividad del Sacrificio (Id al Adha), el 26 de julio; la huelga duró una semana.

Amenazas, hostigamiento y despidos injustos

Amnistía Internacional examinó las declaraciones de la empresa LORD, que demuestran que los días 1 y 2 de agosto se despidió injustamente a 45 empleados por “incitar a una huelga ilegal” y causar graves “daños a la empresa”, y se suspendió a otros 39, a los que se sometió a investigaciones internas entre el 1 y el 5 de agosto.

Según una organización local de derechos laborales, entre el 1 de agosto y el 12 de septiembre, LORD despidió injustamente a 64 trabajadores y remitió a otros 83 a una investigación interna, debido a su participación en acciones sindicales colectivas.

La organización también concluyó que, entre el 22 de agosto y el 16 de septiembre, tras la investigación interna la empresa obligó a dimitir a 10 empleados veteranos especialmente críticos y se negó a renovar el contrato a al menos otros cinco por su supuesta participación en la huelga.

A los 73 trabajadores restantes sometidos a investigación se les aplicaron otras medidas punitivas por sumarse a la huelga, entre ellas recortes salariales equivalentes a entre tres y cinco jornales.  Entre el 30 de agosto y el 2 de septiembre, la empresa los obligó a firmar la advertencia de que si en el futuro emprendían acciones similares los despedirían.

Los trabajadores contaron a Amnistía Internacional que la dirección los había interrogado agresivamente sobre la identidad de los supuestos impulsores de la huelga, les había ordenado revelar los nombres de los periodistas que la habían cubierto y los habían amenazado si no cooperaban. Algunos contaron a la organización que personal directivo de la empresa los había amenazado con despedirlos sin indemnización, interponer demandas contra ellos por los “daños” que habían causado e impedirles encontrar otro empleo.

Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que al menos a dos trabajadores se les dijo que, si no firmaban los papeles de dimisión de inmediato, serían remitidos a la Agencia de Seguridad Nacional, fuerza especial policial conocida por perpetrar violaciones de derechos humanos y por controlar policialmente lo que las autoridades consideran “amenazas para la seguridad nacional”, incluidos los movimientos sindicalistas independientes.

Según tres trabajadores que firmaron las cartas de dimisión, las indemnizaciones por despido incumplían el derecho laboral egipcio, que estipula el pago de al menos dos meses de salario bruto por año trabajado.

Falta de medidas gubernamentales para proteger a los trabajadores en huelga

El 26 de julio de 2021, al menos 100 trabajadores presentaron una queja ante el Ministerio de Trabajo en la que pedían que se aplicase el nuevo salario mensual mínimo fijado para el sector privado. Al día siguiente, dos inspectores de trabajo del gobierno visitaron las fábricas y mediaron en una reunión entre representantes de los trabajadores y la dirección de la empresa.

Según cuatro trabajadores que estaban presentes, en última instancia los inspectores de trabajo tomaron partido por la dirección de la empresa y concluyeron que las acciones de presión de ésta para que los trabajadores pusieran fin de inmediato a la huelga habían sido legales.

La dirección de empresa suspendió de empleo a seis trabajadores que habían asistido a las reuniones y los remitió a una investigación interna; posteriormente obligó a cinco de ellos a dimitir.

Quienes presentaron quejas ante Ministerio de Trabajo denunciaron que no obtuvieron respuesta ni apoyo efectivo de los funcionarios. Uno de los trabajadores que presentó una queja ante el Ministerio de Trabajo en septiembre por su despido injusto sin indemnización contó que los funcionarios del Ministerio le habían dicho que no podían intervenir y le habían aconsejado que llegase a un arreglo amistoso con la empresa.

La organización recibió informes similares de la inacción del gobierno para abordar la vulneración de los derechos de los trabajadores por otras empresas del sector privado.

“En lugar de sancionar los abusos, las autoridades egipcias deben proteger a los trabajadores y garantizar que todos los que han sido despedidos reciben la indemnización que les corresponde. También deben garantizar que todas las empresas privadas aplican el nuevo salario mínimo”, manifestó Philip Luther.

Información complementaria

Desde la llegada al poder del presidente Abdel Fattah al Sisi, las autoridades egipcias han sometido a decenas de trabajadores y sindicalistas a juicios injustos —algunos en tribunales militares—, detención arbitraria, despido y otras medidas disciplinarias únicamente por ejercer su derecho a la huelga y a formar sindicatos independientes. En septiembre, las autoridades detuvieron arbitrariamente a tres trabajadores de la empresa Universal y los mantuvieron recluidos durante dos días mientras los investigaban por cargos relacionados con el terrorismo únicamente por ejercer su derecho a la huelga y a la protesta pacífica.