En respuesta a la acogida por Arabia Saudí de un Gran Premio de Fórmula Uno este fin de semana, Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha manifestado:

“En los últimos años, las autoridades de Arabia Saudí han realizado una gran inversión en maniobras publicitarias para renovar su imagen e intentar desviar la atención de la brutal represión que ejercen sobre activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Aunque durante la presidencia de Arabia Saudí de la cumbre del G20 se interrumpieron brevemente las ejecuciones y los juicios de activistas, las autoridades volvieron a intensificar la represión inmediatamente después del evento.”

“Las autoridades saudíes deben darse cuenta de que la mejor campaña publicitaria que pueden hacer es respetar los derechos humanos. Si las autoridades quieren ser percibidas de otra manera, deben dejar en libertad de forma inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas por expresar pacíficamente sus opiniones, levantar todas las prohibiciones de viajar e imponer una suspensión de la pena de muerte. Los gobiernos extranjeros que deseen estrechar sus relaciones con Arabia Saudí deben instar a las autoridades a abordar su atroz historial de derechos humanos.”

“Cualquier empresa que celebre grandes eventos en Arabia Saudí debe identificar, mitigar y prevenir los abusos contra los derechos humanos que haya provocado, contribuido a provocar, o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios, incluida la Fórmula 1 y sus carreras de Grand Premio.”

Las autoridades saudíes deben darse cuenta de que la mejor campaña publicitaria que puedan hacer es respetar los derechos humanos.

Heba Morayef, Amnistía Internacional

Información complementaria

En diciembre de 2020, poco después del final de la cumbre del G20 presidida por Arabia Saudí, las autoridades saudíes reanudaron la represión de la libertad de expresión actuando contra defensores y defensoras de los derechos humanos, así como contra cualquier persona que expresase opiniones críticas con el gobierno. Después de que se produjera una reducción del 85% en el número de ejecuciones registradas en 2020, al menos 40 personas han sido condenadas a muerte de enero a julio de 2021, más que en todo 2020. El 15 de junio, las autoridades saudíes ejecutaron a Mustafa al Darwish, un joven que había sido detenido en 2015 por su presunta participación en unas protestas contra el gobierno en la Provincia Oriental, tras un juicio manifiestamente injusto.

Amnistía Internacional ha documentado al menos 64 casos de personas judicialmente perseguidas por haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión entre 2013 y 2021. Hasta la fecha, 39 continúan en prisión, mientras que las restantes han quedado recientemente en libertad condicional tras haber cumplido condena o están en espera de juicio por cargos relacionados con su libertad de expresión y su labor de derechos humanos. Entre ellas hay defensores y defensoras de los derechos humanos, personas que ejercen el activismo político pacífico, periodistas, poetas y clérigos. Las condiciones de su puesta en libertad incluyen la prohibición de viajar durante varios años.