Con motivo del primer aniversario de la administración de la primera vacuna contra la COVID-19 en el mundo, Tamaryn Nelson, asesora de salud de Amnistía Internacional, ha declarado: “La reciente aparición de la variante ómicron es un crudo recordatorio de lo que sucede cuando no se aborda globalmente una pandemia.

Los expertos nos vienen avisando de que la pandemia es de naturaleza global y la distribución desigual de las vacunas en el mundo no hará sino aumentar las probabilidades de que surjan nuevas variantes. Sin embargo, mientras que en algunos países de ingresos altos ya se ha administrado la pauta completa de vacunación a casi el 90% de su población, en los países de ingresos bajos sólo algo más del 7% de la población ha recibido una sola dosis vacunal.

Los dirigentes de los países ricos han animado encarecidamente a su ciudadanía a vacunarse y han reconocido en repetidas ocasiones la importancia de las vacunas para acabar con la pandemia de COVID-19, sobre todo tras la aparición de la variante ómicron. Sin embargo, parecen olvidar que ese mismo argumento es aplicable al resto de la población del mundo.

Es indignante que países ricos que ya han ofrecido vacunas a toda su población sigan acaparando cientos de millones de dosis y que las empresas farmacéuticas continúen enviando la mayor parte de su producción a esos mismos países.

Para contener la marea de las nuevas variantes y poner fin a la pandemia, los Estados que almacenan vacunas deben redistribuirlas de inmediato y asegurarse de que los países disponen de tiempo y recursos suficientes para llevar a cabo una distribución completa de las dosis. Por su parte, las empresas farmacéuticas deben tomar conciencia de que su negocio se basa en fabricar productos que salvan vidas, y que estos deben llegar a donde más se necesitan y no a donde se pagan mejor.”

Información complementaria

Desde el 22 de septiembre de 2021, a través de su campaña Cuenta atrás de 100 días: ¡2.000 millones de vacunas contra la COVID-19 ya!, Amnistía Internacional viene pidiendo a los Estados y las empresas farmacéuticas que garanticen igualdad de acceso a las vacunas de la COVID-19 para que al menos el 40% de la población de los países de ingresos bajos y medianos bajos esté vacunada al final de 2021.