“Solamente en el último mes, las autoridades argelinas han suspendido a un partido político y amenazado a otros dos con una medida similar”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Además, han condenado al dirigente de un partido político a 2 años de prisión por expresar sus opiniones contra la represión en el país, lo que, a 25 de enero, eleva a 251, como mínimo, el número total de personas detenidas por el ejercicio de sus derechos a la protesta pacífica y a la libertad de expresión.

El gobierno argelino ha declarado que los tres partidos han infringido la ley al organizar “reuniones no autorizadas” y celebrar sus congresos más tarde de lo previsto. Los tres son destacados críticos del gobierno, han boicoteado las elecciones presidenciales, legislativas y locales, y desempeñan un papel activo en el Hirak, movimiento de protesta masivo que reclama desde 2019 el cambio político en el país.

“Las autoridades argelinas siguen decididas a conservar el poder y tratan de aplastar a quienes se oponen pisoteando sus derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión. No existe ninguna justificación en absoluto para el enjuiciamiento de activistas políticos y el cierre de partidos políticos de la oposición”, ha declarado Amna Guellali, directora adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Argelia debe poner fin a esta implacable represión de todas las formas de disidencia. Tanto el derecho internacional de los derechos humanos como la Constitución de Argelia garantizan a los partidos políticos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las autoridades deben cesar inmediatamente sus ataques a las libertades fundamentales de la ciudadanía argelina.”

Suspensión o amenazas de disolución de partidos políticos

El 20 de enero de 2022, el Consejo de Estado de Argelia ordenó la suspensión “temporal” del Partido Socialista de los Trabajadores, obligándolo a cesar todas las actividades y cerrar sus instalaciones. Si se niega a acatar la orden, el Ministerio del Interior puede presentar una solicitud de disolución al Consejo de Estado. La decisión se basaba en la Ley núm. 12-04 de Partidos Políticos, que confiere al Ministerio del Interior amplios poderes que le permiten pedir que el Estado disuelva los partidos políticos que incumplen sus obligaciones legales.

Ese mismo día, el Consejo de Estado rechazó otra solicitud del Ministerio del Interior, ésta para suspender a la Unión por el Cambio y el Progreso. El partido está esperando una sentencia sobre el fondo del caso.

En abril de 2021, el Ministerio del Interior solicitó a ambos partidos que garantizaran que cumplían la Ley núm. 12-04 pidiéndoles que celebraran sus respectivos congresos. Los partidos presentaron los documentos requeridos y enviaron una notificación al Ministerio sin recibir respuesta. Pese a ello, las autoridades presentó la solicitud de suspensión.

Argelia debe poner fin a esta implacable represión de todas las formas de disidencia.

Amna Guellali, Amnistía Internacional

El 6 de enero de 2022, el Ministerio del Interior envió una notificación formal a la Agrupación por la Cultura y la Democracia, destacado partido de la oposición de Argelia, para que cumpliera la Ley núm. 12-04 sobre Partidos Políticos. El Ministerio alegó que una reunión celebrada en la sede del partido el 24 de diciembre no era acorde con los objetivos del partido y no estaba autorizada por las autoridades. La reunión había explorado la represión en curso del activismo político en Argelia.

El derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho a la libertad de asociación, que incluye el derecho a formar partidos políticos. No cabe imponer restricciones al ejercicio de ese derecho salvo las que prescriba la ley y sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o el orden público. La organización de reuniones para hablar de la situación política o expresar opiniones críticas nunca debe desembocar en la suspensión o disolución de un partido político.

Enjuiciamiento de dirigentes y miembros de partidos políticos

El 9 de enero, un juez del tribunal de Bab el Oued, en Argel, condenó a Fethi Ghares, dirigente del Movimiento Democrático y Social, a 2 años de prisión y al pago de una multa de 200.000 dinares argelinos (1.420 dólares) por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Ghares había sido acusado de “incitar a una reunión no armada”, “ofender a organismos públicos” y publicar información que “perjudica el interés nacional” a raíz de que criticara a las autoridades en las redes sociales y durante una reunión celebrada en la sede del partido en junio de 2021. Su esposa, Messaouda Cheballah, dijo a Amnistía Internacional que la policía había registrado su casa y se había incautado de documentos políticos, un ordenador y fotos de personas del Hirak que protestaban el 30 de junio, el día en que fue detenido Ghares. Ghares está actualmente en la prisión de El Harrach de Argel, donde espera fecha de su juicio de apelación.

Ghares es el segundo miembro del Movimiento Democrático y Social recluido ilegítimamente sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión.

El 14 de mayo de 2021, Ouahid Benhallah fue detenido cuando se dirigía a una protesta del Hirak. Dos días después, fue condenado a un año de prisión por 5 delitos del Código Penal, entre ellos “incitar a una reunión no armada” y “poner en peligro la vida de otras personas”. Salió en libertad tres meses después, cuando el Tribunal de Apelación redujo su pena a una multa de 60.000 dinares argelinos (427 dólares).

Las autoridades argelinas han enjuiciado al menos a 60 miembros de la Agrupación por la Cultura y la Democracia, incluidos exparlamentarios y representantes elegidos localmente. Continúan bajo custodia 4 de ellos.

Información complementaria

Desde que comenzó el Hirak, las autoridades han detenido, enjuiciado y recluido a cientos de personas que protestaban pacíficamente y de activistas que expresaban su opinión en Internet o fuera de ella.

El 13 de octubre de 2021, las autoridades clausuraron una conocida organización de la sociedad civil, la Agrupación Acción Juventud, por acusaciones falsas de llevar a cabo actividades no acordes con su condición.