El abogado de derechos humanos Steven Donziger —que actualmente cumple el tiempo que le resta de una condena de seis meses en arresto domiciliario— lleva más de dos años detenido arbitrariamente, como aparente represalia por su trabajo para que la empresa petrolera Chevron rinda cuentas por sus vertidos deliberados de más de 16.000 millones de galones (más de 60.500 millones de litros) de residuos de petróleo tóxicos en la selva tropical amazónica. A pesar de las reiteradas peticiones de defensores y defensoras de los derechos humanos y de autoridades gubernamentales para que se ponga en libertad a Donziger, el Departamento de Justicia se ha negado a responder o a adoptar medida alguna para remediar esta violación de derechos humanos. Hoy, más de 100 organizaciones de derechos humanos de todo el mundo se han unido a Amnistía Internacional, Greenpeace Estados Unidos, Amazon Watch, Global Witness, Rainforest Action Network, HEDA Resource Center, ReCommon y Pachamama Alliance para pedir al presidente Biden que ejerza sus prerrogativas para conceder el indulto a Steven Donziger a fin de asegurar su puesta en libertad inmediata.

En una carta al presidente Biden, las organizaciones afirman: “Cuando han transcurrido más de cuatro meses desde el dictamen del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que consideró arbitraria la detención de Steven Donziger, las autoridades judiciales de Estados Unidos no han tomado hasta ahora ninguna medida para remediar la situación y dar cumplimiento a la petición del Grupo de Trabajo de asegurar la libertad inmediata de Steven Donziger.”

Desde abril de 2021, 11 miembros distintos de la Cámara de Representantes han pedido a Biden y al Departamento de Justicia que intervengan para asegurar la liberación de Steven Donziger e investigar las circunstancias relativas a su detención arbitraria, incluida la falta de imparcialidad de los tribunales que han supervisado tanto la causa civil como la penal incoadas en su contra. Dos senadores estadounidenses también enviaron una carta a la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos en julio de 2021 en la que formulaban preguntas directas sobre el proceso judicial, que ahora la comunidad internacional considera ampliamente como sesgado e injusto. No han recibido respuesta a ninguna de las antedichas cartas.

En una declaración de octubre de 2021, el presidente Biden prometió que Estados Unidos “se solidarizará con activistas, defensores de los derechos humanos y manifestantes pacíficos que están en primera línea de la lucha entre la libertad y la tiranía, y seguirá trabajando incansablemente en su apoyo”. Mientras tanto, la administración no ha estado del lado de los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos en Estados Unidos ni ha respondido a la petición del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, del Congreso y de la comunidad internacional de poner en libertad a Steven Donziger.

“Steven Donziger es un defensor de los derechos humanos que hizo frente con valentía a una de las empresas más poderosas del mundo”, ha afirmado Daniel Joloy, de Amnistía Internacional. “Como respuesta, ha padecido años de hostigamiento, intimidación, campañas difamatorias y más de dos años de detención arbitraria. El presidente Biden debe escuchar ahora a las más de 100 organizaciones ambientalistas y de derechos humanos que piden que indulte a Steven Donziger y asegure su puesta en libertad inmediata e incondicional. Permitir que continúe este suplicio sólo transmite el mensaje disuasorio de que las empresas de todo el mundo pueden seguir atacando a los defensores y defensoras de los derechos humanos con impunidad.”

Paul Paz y Miño, de Amazon Watch, ha afirmado: “En vez de apoyar a la población de Ecuador que fue envenenada por el vertido deliberado y admitido por Chevron de miles de millones de galones de residuos tóxicos, Biden ha mirado hacia otro lado ante la persecución de un abogado clave que trabajó para conseguir una sentencia histórica contra Chevron. La responsabilidad del gobierno de Estados Unidos debe ser la de hacer que Chevron limpie sus residuos y apoyar las iniciativas para que la empresa del sector de los combustibles fósiles rinda cuentas, no la de permitir la designación de una acusación particular con vínculos con la misma empresa petrolera para encarcelar al abogado de derechos humanos Steven Donziger. Esta farsa dura ya más de dos años, y Biden ha ignorado a miembros del Parlamento de la Unión Europea, a miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, e incluso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Más de un centenar de organizaciones exigen ahora que se actúe, y la inacción de Biden sigue siendo una mancha oscura en su supuesta pretensión de respetar los derechos humanos. Las empresas petroleras no enjuician y encarcelan a personas en Estados Unidos. Esto debe acabar ahora.”

“Junto con más de 100 organizaciones internacionales de derechos humanos y de defensa del medioambiente, pedimos al presidente Biden que indulte al abogado de derechos humanos Steven Donziger, que después de 952 días continúa bajo arresto domiciliario”, ha manifestado Annie Leonard, codirectora ejecutiva de Greenpeace Estados Unidos. “El ataque jurídico de Chevron a Donziger no es el primer caso de esta índole, ni será el último. En este momento, nuestro gobierno y las empresas reprimen el derecho a disentir. Aunque la gravedad de la suerte de Donziger pueda parecer un hecho sin precedentes, es emblemática de la tendencia más amplia a silenciar a activistas, que en muchos casos luchan para hallar soluciones que se necesitan con urgencia para luchar contra la crisis climática global agravada por las empresas multinacionales del sector de los combustibles fósiles. La suerte de Donziger podría tener efectos duraderos para ambientalistas y activistas de la rendición de cuentas de las empresas, contra quienes las amenazas y el hostigamiento jurídico ya están presentes y se están intensificando.”

Simon Taylor, cofundador y director de Global Witness, ha afirmado: “He dedicado gran parte de los últimos 25 años a procurar que la industria de los combustibles fósiles rinda cuentas por sus graves abusos contra los derechos humanos y otros delitos. Entre las autoridades judiciales con las que hemos mantenido contacto durante este tiempo, el Distrito Sur de Nueva York ha sido un bastión en esta lucha contra la criminalidad. Resulta escandaloso que, cuando Biden se apresta a esta lucha, las autoridades judiciales de Nueva York parezcan tener la intención de destruir la reputación que se habían labrado, merced a su aparente complicidad en el enjuiciamiento empresarial y el acoso judicial sin precedentes de Steven Donziger. Estos actos, según mi experiencia, van más allá de lo que habría esperado de una de las “repúblicas bananeras” que hemos investigado en todo el mundo. Estos actos son vergonzosos. Si Biden es sincero cuando habla de la lucha contra la crisis climática, no puede permitir que la industria de los combustibles fósiles utilice el sistema judicial de Estados Unidos para perseguir a sus detractores: Biden debe actuar ahora y poner en libertad a Steven Donziger.”

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© Alli Jarrar alli.jarrar@amnesty.org

Paul Paz y Miño: paz@amazonwatch.org