Antes los informes según los cuales el gobierno de Singapur ha ejecutado a Abdul Kahar bin Othman el 30 de marzo, Rachel Chhoa-Howard, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Suroriental, ha afirmado:

“Después de dos años sin ejecuciones, el ahorcamiento de Abdul Kahar bin Othman, que fue condenado por delitos relacionados con las drogas a la pena de muerte preceptiva, es una vergonzosa vulneración del derecho internacional.

Existen datos contundentes que indican que las políticas punitivas contra las drogas, incluida la imposición de la pena de muerte por consumo y posesión de drogas, no resuelven los problemas asociados a estas sustancias. El gobierno de Singapur debe centrarse en datos basados en evidencias y en enfoques de base comunitaria que respeten la salud pública y los derechos humanos para evitar la drogodependencia y otros efectos nocivos para la sociedad que puedan derivarse del consumo de drogas.

El uso de la pena de muerte en Singapur no es compatible con la tendencia mundial a la abolición, y este país es uno de los pocos que siguen recurriendo a la ejecución de las personas declaradas culpables de delitos relacionados con las drogas. Después de un breve paréntesis sin ejecuciones en Singapur, pedimos a las autoridades que detengan la nueva oleada de ahorcamientos que se teme. El gobierno también debe establecer con urgencia la suspensión oficial de todas las ejecuciones y revisar el ámbito de aplicación de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas como primer paso hacia su abolición total.”

Información complementaria

Hasta hoy, la última ejecución conocida en Singapur se llevó a cabo en noviembre de 2019.

La familia de Abdul Kahar bin Othman recibió una carta de 23 de marzo en la que se le notificaba la fecha de la ejecución y se le decía que se dispusiera a concertar efectuar las últimas visitas. Abdul Kahar bin Othman fue declarado culpable de tráfico de drogas y condenado a la pena de muerte preceptiva en 2015.

La ejecución ha tenido lugar al día siguiente de que un tribunal de Singapur confirmara la condena a muerte del ciudadano malasio Nagaenthran Dharmalingam, pese a que peritajes médicos concluyeron que tenía una discapacidad intelectual. Podría ser ejecutado en los próximos días.

La vista de apelación de Nagaenthran se aplazó en noviembre cuando éste dio positivo en la prueba de COVID-19. La vista de su apelación se fijó entonces para el 29 de marzo y, una vez agotados los demás recursos, era una de sus últimas oportunidades de evitar la ejecución. En la sentencia, el tribunal rechazó los argumentos relacionados con el deterioro de su estado mental, y también ha desestimado las impugnaciones basadas en su capacidad intelectual.

El derecho y las normas internacionales de derechos humanos prohíben además la imposición de la pena de muerte por delitos de drogas y su condición de pena preceptiva para cualquier delito. Todas las personas cuya ejecución se ha fijado en Singapur desde finales de 2021 han sido declaradas culpables y condenadas a la pena de muerte preceptiva por delitos relacionados con las drogas.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y en todas las circunstancias. Más de dos tercios de los países de todo el mundo han abolido esta pena en la ley o en la práctica.