En respuesta a la noticia de que el presidente sirio Bashar al Assad ha promulgado una ley contra la tortura que no aborda la tortura, lo malos tratos y las ejecuciones extrajudiciales cometidos por las fuerzas de seguridad sirias durante decenios, Lynn Maalouf, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:

“Si bien acogemos con satisfacción cualquier medida legislativa encaminada a cumplir con las convenciones contra la tortura reconocidas internacionalmente, la nueva ley blanquea de forma efectiva decenios de violaciones de derechos humanos sancionadas por el Estado.”

“No ofrece reparación a las víctimas de tortura, no incluye medidas de protección para los testigos o sobrevivientes de tortura, y no explicita si los sobrevivientes de tortura, o, en caso de que hayan muerto, sus familiares, recibirán una indemnización. Y, lo que es fundamental, no menciona ninguna medida para prevenir la tortura en los centros de detención y las prisiones en el futuro.”

“Amnistía Internacional insta a las autoridades sirias a que permitan urgentemente el acceso de observadores independientes a los tristemente famosos centros de detención del país —donde desde hace años se aplican en gran escala torturas que desembocan en la muerte— como primer indicador de cualquier intención genuina de limitar la práctica de la tortura a manos de agentes estatales. Además, la ley contra la tortura debe ajustarse al derecho internacional de los derechos humanos, lo que significa, como primer paso, garantizar que los responsables de tortura u otros malos tratos o tratos crueles e inhumanos son sometidos a la justicia en juicios con las debidas garantías ante tribunales civiles ordinarios y sin que pueda imponerse la pena de muerte.”

Información complementaria

La ley contra la tortura entró en vigor por decreto presidencial el 30 de marzo tras debatirse en el Parlamento sirio por primera vez el 28 de marzo.

Amnistía Internacional ha documentado anteriormente las condiciones inhumanas de las prisiones sirias. La desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos —que han provocado muertes bajo custodia— y las ejecuciones extrajudiciales tras simulacros de juicio, usadas de manera generalizada y sistemática, constituyen crímenes de lesa humanidad.