Las autoridades penitenciarias iraníes están cometiendo terribles violaciones del derecho a la vida al negar deliberadamente a presos y presas enfermos atención médica vital y al negarse a garantizar la rendición de cuentas por las muertes ilegítimas que se producen bajo custodia. Así lo ha declarado Amnistía Internacional hoy. En un nuevo informe, titulado In death’s waiting room: Deaths in custody following deliberate denial of medical care in Iran’s prisons, la organización documenta cómo las autoridades penitenciarias provocan habitualmente muertes bajo custodia, o contribuyen a ellas, por medios que incluyen el bloqueo o la demora del acceso de las personas presas a hospitalización de emergencia.

En una actitud que coincide con los arraigados patrones de inmunidad sistemática en Irán, hasta la fecha las autoridades se han negado a llevar a cabo investigaciones independientes y transparentes sobre muertes bajo custodia respecto a las que existen informes de negación de atención médica, y no han garantizado que las personas sospechosas de ser penalmente responsables sean procesadas y castigadas.

“El escalofriante desprecio de las autoridades iraníes por la vida humana ha convertido de hecho las prisiones de Irán en una sala de espera de la muerte para las personas presas enfermas, un lugar donde enfermedades tratables se convierten trágicamente en mortales”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Las muertes bajo custodia que son consecuencia de la negación deliberada de la atención médica constituyen una privación arbitraria de la vida, lo cual supone una grave violación de derechos humanos en virtud del derecho internacional. La muerte de una persona presa bajo custodia constituye también una ejecución extrajudicial, un crimen de derecho internacional, si los responsables tenían intención de causar la muerte o sabían con suficiente grado de certeza que la muerte sería la consecuencia necesaria de sus acciones ilegales, y aun así persistieron.”

Diana Eltahawy, Amnistía Internacional

El informe, que expone con detalle las circunstancias en torno a la muerte bajo custodia de 92 hombres y cuatro mujeres en 30 prisiones de 18 provincias de Irán desde enero de 2010, se basa en la documentación que Amnistía Internacional ha llevado a cabo de una selección de casos ilustrativos, en datos que vienen ya de lejos sobre la negación deliberada del acceso a atención médica adecuada en las prisiones iraníes, y en un examen exhaustivo de los informes elaborados por grupos independientes de derechos humanos.

Los 96 casos examinados son ilustrativos, más que exhaustivos, ya que probablemente el número real de muertes bajo custodia es mucho más alto. Esto se debe a que, en Irán, las violaciones de derechos humanos a menudo no se denuncian por temores bien fundados a sufrir represalias.

La lista de casos excluye las muertes bajo custodia que implican informes creíbles de tortura física o el uso de armas de fuego, que Amnistía Internacional abordó en otro material diferente publicado en septiembre de 2021.

Personas presas a las que se deja morir

Amnistía Internacional ha documentado las consecuencias fatales derivadas de la práctica habitual de las autoridades penitenciarias de negar o retrasar los traslados al hospital de personas presas que se encuentran en estado crítico.

La organización también ha documentado la manera en que las autoridades penitenciarias niegan frecuentemente a los presos y presas, durante su encarcelamiento, el acceso a atención médica adecuada, incluidas pruebas diagnósticas, chequeos regulares y atención postoperatoria, lo cual da lugar a un agravamiento de los problemas de salud, inflige un dolor y sufrimiento adicionales a las personas presas enfermas y, en última instancia, provoca su muerte prematura o contribuye a ella.

En Irán, las enfermerías de las prisiones no están equipadas con las instalaciones necesarias para abordar problemas de salud graves. Tampoco cuentan con una cantidad adecuada de profesionales generales cualificados, no digamos especialistas, que sólo visitan el centro una o varias horas a la semana, “según necesidades”. A consecuencia de ello, las personas presas que tienen emergencias médicas y necesitan atención especializada deben ser trasladadas de inmediato a centros médicos fuera de la prisión.

Abdolvahed Gomshadzehi murió en la prisión principal de Zahedán en mayo de 2016. El personal médico de la prisión había advertido de que necesitaba hospitalización, pero las autoridades se negaron. Según declararon grupos derechos humanos, este joven de 19 años, que en el momento de ser detenido era menor de edad, murió por unos coágulos cerebrales para los que no recibió atención y que fueron causados por los golpes que recibió durante su detención y/o interrogatorio dos años antes. Durante su encarcelamiento le negaron sus múltiples peticiones de tratamiento.

De las 96 personas presas cuyos casos examinó Amnistía Internacional, 64 murieron en prisión. Muchas murieron en sus celdas, lo que significa que no recibieron supervisión médica básica en sus últimas horas. Algunas murieron en enfermerías penitenciarias mal equipadas y escasas de personal. En al menos otros seis casos se trasladó a personas en estado crítico a aislamiento, a pabellones de castigo o a secciones de cuarentena; cuatro de ellas murieron en prisión, mientras que en dos casos finalmente se autorizó su traslado al hospital, aunque fue demasiado tarde.

Al menos 26 presos murieron durante el traslado o poco después de ingresar en el hospital, tras retrasos deliberados del personal médico y/o penitenciario de la prisión, que resultaron fatales.

En muchos casos, tanto el personal médico como el penitenciario de la prisión acusaron a personas presas que sufrían emergencias médicas de “fingir” o “exagerar” sus síntomas.

Por ejemplo, a Nader Alizehi el director de la enfermería de la prisión principal de Zahedán lo acusó de “fingir” su enfermedad Nader murió en noviembre de 2017, a los 22 años. Según grupos de derechos humanos, le negaron atención médica especializada para su enfermedad cardíaca y el personal de la enfermería lo devolvió a su celda con medicación gastrointestinal.

Vidas segadas

En la gran mayoría de los casos, las personas presas que murieron eran jóvenes o de mediana edad: 23 tenían entre 19 y 39 años, y 26 tenían entre 40 y 59, lo que intensifica la preocupación de que se estén segando vidas por negar la atención médica.

Las prisiones con una alta población de minorías oprimidas tenían un número de casos especialmente alto: 22 de las 96 muertes registradas tuvieron lugar en la prisión de Urumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental, donde la mayoría de la población reclusa pertenece a las minorías kurda y turca azerbaiyana. Trece de las muertes se registraron en la prisión principal de Zahedán, provincia de Sistán y Baluchistán, donde la mayoría de la población reclusa pertenece a la minoría oprimida baluchi de Irán.

Al menos 11 personas murieron después de que se les negara la atención médica adecuada por heridas traumáticas sufridas en incidentes específicos en el momento de la detención o durante el encarcelamiento. Las otras 85 murieron después de que se les negara la atención médica adecuada por emergencias médicas graves que incluían, entre otras, ataques cardíacos y embolias, complicaciones gastrointestinales, complicaciones respiratorias, problemas renales, COVID-19 u otras enfermedades infecciosas, que aparecieron de repente o estaban relacionadas con patologías previas para las que no habían recibido atención médica especializada durante su encarcelamiento.

Los casos de 20 personas eran de carácter político. Las demás habían sido acusadas o declaradas culpables de delitos no políticos.

Impunidad

La crisis de impunidad sistémica imperante en Irán ha envalentonado a las autoridades penitenciarias para persistir en su mortal negación de la atención médica a personas presas.

La crisis se caracteriza no sólo por la negación sistemática de las autoridades a investigar, sino también por su promoción de discursos que alaban la calidad de los servicios de salud ofrecidos a la población reclusa, a los que califican de “ejemplares o “únicos” en el mundo, lo que indica que no tienen intención de cambiar.

Habida cuenta de este contexto, Amnistía Internacional reitera su llamamiento al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que establezca un mecanismo de investigación y rendición de cuentas que recopile, conserve y analice las pruebas de los crímenes más graves de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos cometidas en Irán, con el fin de facilitar unos procedimientos penales justos.

“La sombra de la muerte seguirá cerniéndose sobre las personas presas enfermas de Irán hasta que se lleven a cabo investigaciones efectivas, exhaustivas, transparentes, imparciales e independientes para determinar las circunstancias en torno a las muertes bajo custodia y la responsabilidad de las personas implicadas en esas muertes”, ha manifestado Diana Eltahawy.

Para prevenir nuevas pérdidas evitables de vidas a consecuencia de la negación de atención médica vital, Amnistía Internacional insta a las autoridades iraníes a disponer, tanto en la ley como en la práctica, que, en espera de mejoras estructurales en las enfermerías de las prisiones, las personas presas que sufran emergencias médicas sean trasladadas inmediatamente a centros médicos fuera de la prisión. Las personas presas a las que se hayan diagnosticado patologías previas o que muestren señales y síntomas de lo que puedan ser problemas graves de salud deben ser trasladadas asimismo sin demora a centros médicos fuera de la prisión para recibir tratamiento médico adecuado.

Amnistía Internacional pide también a las autoridades iraníes que reformen las graves deficiencias de las disposiciones contenidas en la normativa penitenciaria iraní, que otorga a los directores de las prisiones y los fiscales poder para ignorar o anular los consejos médicos y tomar decisiones relativas al traslado de personas presas para que reciban tratamiento.