Se cumplen dos años desde la desaparición de Facundo Astudillo Castro en la ciudad de Mayor Buratovich, provincia de Buenos Aires. En estos 24 meses, la investigación judicial presentó irregularidades y dilaciones, por lo que tanto los abogados de la familia, la querella y los fiscales solicitaron el apartamiento de la jueza a cargo, María Gabriela Marrón.
En diciembre, la Cámara de Casación Penal hizo lugar al pedido y en marzo asumió el juez federal Walter López Da Silva para continuar con el proceso judicial.
“Estamos muy esperanzados, esperamos que esta nueva designación signifique un nuevo y efectivo impulso para que tengamos justicia por Facu. Después de dos años, se hace cada vez más difícil saber que los responsables de la muerte de tu hijo no fueron condenados, pero seguimos exigiendo a la justicia que nos traiga la verdad”, sostuvo Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro.
Tanto los abogados de la familia, Luciano Peretto y Leandro Aparicio; como la Comisión Provincial por la Memoria sostienen que las pruebas en el expediente son contundentes respecto de la responsabilidad de las fuerzas policiales en la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro. Actualmente, exigen el avance en la producción de pruebas fundamentales que fueron descartadas por la jueza anterior.
Amnistía Internacional apoya el reclamo por una investigación imparcial y urgente que dé cuenta de lo que sucedió y quienes fueron los responsables.
“Hace dos años que el Estado argentino está en deuda con Cristina Castro y su familia. El mensaje de la justicia debe ser urgente y contundente: no más impunidad y no más muertes por violencia institucional. La sociedad exige una justicia eficaz y rápida. Las autoridades deben garantizar que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos que rodearon la desaparición y muerte de Facundo”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El caso
Facundo Astudillo Castro, de 22 años, había sido visto por última vez el 30 de abril de 2020 cuando la policía lo detuvo en la ciudad de Mayor Buratovich en la provincia de Buenos Aires por circular durante la cuarentena dictaminada a causa del COVID-19. El 2 de julio su familia había presentado una denuncia ante la Justicia federal para iniciar las investigaciones sobre su paradero.
Tras conocer la desaparición, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente global a lo largo de todo su movimiento presente en más de 160 países y territorios para pedir por la aparición de Facundo.
En septiembre, se confirmó que los restos encontrados en un cangrejal en la zona de Villarino viejo pertenecían a Facundo Astudillo Castro. La autopsia expuso que Facundo fue “víctima de una muerte violenta por asfixia, por sumersión”. La querella ha denunciado irregularidades en la investigación judicial y afirmó que hubo contradicciones e inconsistencias en los relatos de los agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires vinculados al caso. A dos años de su desaparición seguida de muerte, la familia sigue sin respuestas.
Más información:
Informe sobre violencia institucional.
Acción urgente.