“Hay cada vez más datos que indican que las autoridades iraníes están cometiendo el delito de toma de rehenes en la persona de Ahmadreza Djalali, profesor irano-sueco que podría ser ejecutado de forma inminente en la prisión de Evin de Teherán”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Las investigaciones y análisis detallados de la organización suscitan la gran preocupación de que las autoridades iraníes están amenazando con ejecutar a Ahmadreza Djalali para obligar a Bélgica y Suecia a entregar dos ex altos cargos encarcelados y disuadir a ambos países y a otros de enjuiciar en el futuro a altos cargos iraníes.

Los dos ex altos cargos son Asadollah Asadi, exdiplomático iraní que cumple una condena de 20 años de prisión en Bélgica por su papel en un frustrado atentado con explosivos en Francia en 2018, y Hamid Nouri, ex funcionario de prisiones enjuiciado en Suecia por su presunta implicación en las masacres penitenciarias de 1988 en Irán, el resultado de cuyo juicio está previsto para el 14 de julio.

“Las autoridades iraníes están utilizando la vida de Ahmadreza Djalali como peón en un cruel juego político al intensificar sus amenazas de ejecutarlo como represalia si no se atienden sus exigencias. Las autoridades tratan de tergiversar el curso de la justicia en Suecia y en Bélgica, y deben ser investigadas por el delito de toma de rehenes”, afirmó Diana Eltahawy, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Las autoridades iraníes deben paralizar todos los planes de ejecutar a Ahmadreza Djalali, ponerlo en libertad de inmediato y ofrecerle un resarcimiento por el daño que le han causado”.

Infracción de la Convención contra la Toma de Rehenes

Irán, Suecia y Bélgica son partes en la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, que penaliza los actos de toma de rehenes cometidos por el Estado y los agentes no estatales. La Convención define la toma de rehenes como la detención de una persona acompañada de amenazas de matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero a cumplir ciertas condiciones, que pueden ser explícitas o implícitas.

Las investigaciones de Amnistía Internacional muestran que, con independencia de las motivaciones iniciales de las autoridades iraníes para detener arbitrariamente a Ahmadreza Djalali en abril de 2016, desde al menos finales de 2020, cuando comenzó el juicio de Asadollah Asadi en Bélgica, la situación se convirtió en una toma de rehenes.

“Las autoridades iraníes están utilizando la vida de Ahmadreza Djalali como peón en un cruel juego político al intensificar sus amenazas de ejecutarlo como represalia si no se atienden sus exigencias.

Diana Eltahawy, Amnistía Internacional

El 24 de noviembre de 2020, Ahmadreza Djalali fue trasladado a reclusión en régimen de aislamiento y se le comunicó que iba a ser ejecutado en una semana. El traslado se produjo apenas unos días antes de la fecha prevista para el comienzo del juicio de Asadollah Asadi en Bélgica, el 27 de noviembre de 2020. Tras intervenciones de todo el mundo, el 2 de diciembre de 2020 se aplazó la ejecución.

El 4 de mayo de 2022, días después de que el ministerio fiscal sueco pidiera cadena perpetua para Hamid Nouri, los medios de comunicación estatales iraníes advirtieron de la ejecución inminente de Ahmadreza Djalali. Las informaciones decían, además, que “al ejecutar la condena a muerte de Ahmadreza Djalali, el gobierno de Irán […] impedirá que el gobierno sueco emprenda nuevas acciones similares a la detención de Hamid Nouri”.

Según la esposa de Ahmadreza Djalali, las autoridades judiciales comunicaron a los abogados de éste el 7 de mayo de 2022 que habían actuado “de buena fe” al aplazar su ejecución una vez en diciembre de 2020. Sin embargo, dijo que habían añadido que con la detención y enjuiciamiento de Hamid Nouri, Suecia se había unido a “los enemigos” de Irán y creaba “problemas” al sistema de la República Islámica, y que esto había hecho que Irán “no tuviera más opción” que llevar a cabo la ejecución.

Estas observaciones, junto con los artículos publicados en los medios de comunicación estatales el 4 de mayo de 2020, ofrecen indicios claros de que Ahmadreza Djalali corre peligro de que se ejecute la pena de muerte como represalia, algo que parece que las autoridades iraníes también consideran necesario para disuadir de nuevas detenciones y enjuiciamientos de altos cargos iraníes fuera de Irán.

Amnistía Internacional ha tenido conocimiento también, de múltiples fuentes fidedignas, de que las autoridades iraníes han insinuado en privado a Ahmadreza Djalali en al menos en una ocasión en prisión y en múltiples ocasiones a quienes abogan en su favor, que tratan de canjear a Ahmadreza Djalali por Asadollah Asadi y/o Hamid Nouri.

Otros datos de fundamental importancia son los comentarios públicos realizados por autoridades belgas a principios de 2021 y en marzo de 2022, que sugieren que las autoridades iraníes están tratando de hacer un “trato” para canjear a Ahmadreza Djalali por Asadollah Asadi.

Antes de su detención, Ahmadreza Djalali vivía con su familia en Suecia; también fue profesor visitante de medicina de catástrofes en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica.

Las autoridades iraníes cuentan con un extenso historial de utilizar a personas con doble nacionalidad y extranjeras detenidas arbitrariamente para ejercer presión, como pusieron de manifiesto el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria.

Amnistía Internacional pide el establecimiento de una investigación efectiva, transparente e independiente sobre la situación de Ahmadreza Djalali con arreglo a la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, para investigar los datos que indican la existencia de una toma de rehenes. Dado el clima de impunidad reinante en Irán, esta investigación deberá ser establecida, de forma conjunta o por separado, por Suecia y Bélgica como los Estados a los se ha coaccionado o intentado coaccionar.

“La toma de rehenes es una infracción que preocupa enormemente a la comunidad internacional. Si se determina que las autoridades iraníes han perpetrado este delito contra Ahmadreza Djalali, todos los Estados partes en la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes deberán trabajar conjuntamente y con carácter urgente para exigir cuentas a Irán y garantizar la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de estos actos de toma de rehenes”, concluyó Diana Eltahawy.

Información complementaria

En octubre de 2017, Ahmadreza Djalali fue condenado a muerte por “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz) mediante “espionaje” tras un juicio manifiestamente injusto ante la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán. El tribunal se basó principalmente en “confesiones” que, según Ahmadreza Djalali, se obtuvieron bajo tortura y otros malos tratos mientras estaba recluido en régimen de aislamiento sin acceso a asistencia letrada.

En noviembre de 2017, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria pidió a Irán que pusiera en libertad a Ahmadreza Djalali y le ofreciera ejercer el derecho a una indemnización y a otras reparaciones.

El 16 de marzo de 2022, las autoridades iraníes permitieron que Nazanin Zaghari-Ratcliffle, trabajadora de una organización benéfica, saliera de Irán después de que el gobierno británico pagara a Irán 393,8 millones de libras esterlinas para resolver un litigio sobre una deuda. Amnistía Internacional dará a conocer en las próximas semanas las conclusiones de su investigación sobre las circunstancias que rodearon los seis años de detención arbitraria y su excarcelación en el marco de la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes.