A la poca disponibilidad de efectores se suman dificultades en el acceso a la primera consulta porque no se atiende a demanda espontánea. Referentes locales han informado a Amnistía Internacional que solo es posible acceder a un turno a través de la comunicación a la línea del 0800 del Ministerio de Salud de la Nación, lo que opera como un obstáculo. Además, los turnos que se ofrecen desde la línea tienen 3 o 4 semanas de demora. Frente a este planteo, autoridades del Ministerio informaron a la organización que tenían planificado habilitar dos líneas telefónicas locales para acceso a IVE/ILE, así como cartelería pública con un código QR que incluiría información sobre cómo y dónde acceder a la práctica en Salta.
Además de dificultades para acceder a la práctica, se presentan problemas en la calidad de ese acceso. De acuerdo al informe ImplementAR del Ministerio de Salud de la Nación, Salta fue la provincia en la que en mayor medida se iniciaron actuaciones administrativas, comunicaciones directas con autoridades, o instancias de articulación interinstitucional frente a posibles vulneraciones de derechos relacionados con el acceso a IVE/ILE. En este sentido, de los testimonios recabados surgen relatos de situaciones de violencia y maltrato en el marco de la atención de IVE/ILE por parte de profesionales del sector público y privado.
En cuanto a la cobertura por parte del sector privado, las personas entrevistadas coincidieron en que es prácticamente imposible acceder a la práctica en el sector privado. Muchas personas que cuentan con obra social o prepaga son orientadas hacia el sistema público, aumentando el nivel de colapso y “cuello de botella” en los hospitales. A su vez, se ha detectado que debido a la falta de coordinación entre las obras sociales o empresas de medicina prepaga y los profesionales que atienden de forma particular, las mujeres y personas con capacidad de gestar se ven expuestas a pagar altas sumas de dinero por acceder a su derecho, cuando la cobertura debe ser gratuita por mandato legal.
Este diagnóstico de barreras existentes será remitido al Ministerio de Salud, exigiendo que refuerce las medidas adoptadas para garantizar que en cada zona sanitaria haya más efectores con equipos de salud propios que garanticen IVE/ILE, que promueva campañas informativas sobre dónde y cómo abortar, que contrarreste el impacto negativo de la criminalización de Miranda mediante la adopción de acciones concretas de respaldo institucional a las y los profesionales de la salud que garantizan la práctica, que imparta capacitaciones a los y las profesionales de la salud para evitar situaciones de violencia o maltrato, y, finalmente, que ejerza más eficientemente sus facultades tanto disciplinarias, como de supervisión y contralor.
