Las partes beligerantes deben garantizar la protección de la población en medio de los combates entre el Movimiento del 23 de Mayo (M23) y las fuerzas armadas congoleñas apoyadas por fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en la provincia de Kivu Septentrional, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

La escalada militar en el este de República Democrática del Congo durante la reaparición del M23 tiene consecuencias devastadoras para la población civil atrapada entre dos fuegos. Todas las partes en el conflicto deben respetar estrictamente las normas del derecho internacional humanitario, que incluyen hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de la población civil.

Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral

“La escalada militar en el este de República Democrática del Congo durante la reaparición del M23 tiene consecuencias devastadoras para la población civil atrapada entre dos fuegos. Todas las partes en el conflicto deben respetar estrictamente las normas del derecho internacional humanitario, que incluyen hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de la población civil”, ha afirmado Deprose Muchena, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

Los combates entre las fuerzas armadas congoleñas y el M23 han causado la muerte de 23 civiles desde mayo de 2022, entre ellos 3 escolares, según la ONU.

“La población civil ya ha sufrido en esta último rebrote del conflicto; más de 80.000 personas han huido de sus lugares de residencia desde que se reanudaron los combates en abril de 2022. Algunas han entrado en Uganda y otras se han visto desplazadas internamente. Las autoridades congoleñas y todas las partes interesadas regionales e internacionales deben abordar sin dilación y de forma duradera el deterioro de la situación de los derechos humanos de acuerdo con el derecho internacional.”

Desde la reaparición del M23 en noviembre de 2021, la tensión entre los gobiernos de República Democrática del Congo y Ruanda ha aumentado. En los últimos días se han difundido a través de Internet ataques verbales y físicos contra personas designadas como “ruandesas” o “tutsis” en República Democrática del Congo.

Las autoridades congoleñas y todas las partes interesadas regionales e internacionales deben abordar sin dilación y de forma duradera el deterioro de la situación de los derechos humanos de acuerdo con el derecho internacional.

Deprose Muchena

Las autoridades congoleñas, la ONU y varias instituciones de República Democrática del Congo y de otros países han denunciado con firmeza la apología del odio.

“Celebramos la clara postura de las autoridades congoleñas contra el odio y la violencia, que debe ir seguida de medidas concretas para proteger de manera efectiva a todas las personas sin discriminación y para hacer rendir cuentas a toda persona implicada en apología del odio y la violencia. Los responsables de Twitter, Facebook y TikTok deben tomar sin dilación medidas para detener la propagación de la apología del odio en sus plataformas”, ha declarado Deprose Muchena.

Información complementaria

El este de República Democrática del Congo (RDC) padece conflictos armados desde la década de 1990. La violencia se ha intensificado en los últimos años, y más de 7.380 civiles han muerto entre 2017 y abril de 2022, según el mecanismo de seguimiento de la seguridad en Kivu.

El presidente Félix Tshisekedi ha impuesto el estado de sitio —semejante al estado de excepción— en Kivu Septentrional desde mayo de 2021, en un intento de reducir la violencia. Sin embargo, la inseguridad se ha intensificado y Amnistía Internacional ha concluido que las autoridades han usado el estado de sitio para restringir el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica y llevar a cabo otras violaciones de derechos humanos con impunidad.

Los ataques del movimiento M23 en Kivu Septentrional se reanudaron en noviembre de 2021, ocho años después de la derrota militar del grupo por las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo y la Brigada de Intervención de la Fuerza de la ONU. Sus demandas recientes incluyen la aplicación por el gobierno de República Democrática del Congo del Acuerdo de Nairobi de 2013, que estipulaba la amnistía para los miembros del M23 e incluía su repatriación a RDC.

El gobierno de RDC acusa a Ruanda de agresión utilizando al M23 como actor interpuesto, y el presidente de la Asamblea Nacional de RDC, según informaciones, acusó a Uganda de haberse alineado con el M23 y Ruanda durante la batalla por Bunagana, en Kivu Septentrional, el 13 de junio de 2022. A la inversa, Ruanda acusa a RDC de agresión y de connivencia con miembros de la rebelión hutu ruandesa de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) que actúan en el este de RDC, de la que forman parte restos de la milicia interahamwe y exsoldados ruandeses responsables del genocidio de Ruanda en 1994, así como combatientes no implicados en el genocidio, muchos de ellos demasiado jóvenes para haber participado.

En una cumbre celebrada en Nairobi el 20 de junio, jefes de Estado de la Comunidad de África Oriental (EAC), entre ellos el de RDC, Félix Tshisekedi, pidieron a todos los grupos armados que operan en el este de República Democrática del Congo que pongan fin a las hostilidades y ordenaron un alto el fuego inmediato. Aprobaron el envío de una fuerza regional cuya misión sería desarmar a los grupos armados locales y extranjeros que no se desarmen voluntariamente.