En 2018 Thelma Fardin realizó la denuncia penal en Nicaragua, ya que el abuso sexual sucedió cuando ella tenía 16 años durante una gira televisiva en dicho país.
El 17 de octubre de 2019, el Juzgado Décimo del Distrito de lo Penal de Audiencia Circunscripción Managua, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, dispuso girar orden de detención y captura internacional contra el acusado. En función de este pedido, el 14 de noviembre de 2019, Interpol emitió una alerta roja reservada que se encuentra vigente hasta hoy, con la finalidad de localizar y detener a Darthés con miras a su extradición.
Para evitar ser detenido y sometido al proceso penal, Darthés se radicó en Brasil, ya que posee la nacionalidad brasileña y, por mandato constitucional, ese país no extradita a sus nacionales.
En octubre de 2020 la causa fue remitida desde Nicaragua a Brasil. En abril de 2021, el fiscal Andrey Borges de Mendonça decidió avanzar con el caso y presentó la denuncia formal. De esta manera, se sumó a lo investigado por la justicia nicaragüense, el Ministerio Público Fiscal argentino -que colaboró a través de la UFEM con la investigación llevada a cabo en Managua-, Interpol y los distintos peritos que intervinieron en la causa.
Todos estos actores, desde tres jurisdicciones diferentes, convalidaron la denuncia de Thelma y coincidieron en que el acusado debe ser sometido a un proceso penal en el cual se lo juzgue por esos hechos.
Las primeras audiencias del juicio tuvieron lugar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021 con las declaraciones de Thelma Fardin, peritos especializados y un primer grupo de testigos. El proceso continuó con normalidad el 27 y 28 de enero de 2022 con la declaración de cinco testigos más. Al terminar esas jornadas el juez había fijado fecha para el tramo final del juicio, que tendría lugar los días 4 y 18 de marzo.
Sin embargo, el 7 de febrero el Tribunal Regional Federal de San Pablo hizo lugar a un recurso presentado por la defensa de Darthés y ordenó frenar el juicio que venía desarrollándose en la justicia federal de ese país para comenzar un nuevo proceso, desde cero, en el ámbito del poder judicial estadual de San Pablo, pese a que la competencia federal ya había sido confirmada un año antes.
Esta resolución fue apelada por Thelma y repudiada por las organizaciones de mujeres de toda la región. Más de un mes después, el mismo Tribunal Regional revirtió su decisión en un fallo histórico y dispuso que la causa continúe tramitando en la justicia federal. La sentencia se produjo luego de escuchar a las partes en una audiencia oral que tuvo lugar el 12 de marzo.
Ocho meses después de la última audiencia previa a la suspensión, y luego de que fueran desestimados todos los intentos de la defensa por frenar el debate, Thelma y su equipo notificarán a la prensa y a la sociedad novedades al respecto.
