En 2021, a raíz de la denuncia internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado por la grave violación de derechos humanos que implicaron el encubrimiento, la fallida investigación, y el conocimiento de antemano de la situación de riesgo, entre otras falencias. A su vez, la CIDH elevó la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual debe resolver para traer justicia.
Tras todos estos años de angustia e impunidad, todavía no se conoce la verdad detrás del atentado. Amnistía Internacional llama al Estado argentino a avanzar en la realización de una investigación adecuada para esclarecer lo ocurrido y sancionar a los responsables materiales e intelectuales; garantizar la preservación, resguardo y el acceso a la documentación relativa el proceso; fortalecer las capacidades estatales en materia de prevención de ataques terroristas; entre otros.