Ante la muy esperada publicación del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre graves violaciones de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (China), Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha afirmado:
“Ahora que la OACNUDH por fin ha hecho públicas sus conclusiones, es el momento de que el Consejo de Derechos Humanos establezca un mecanismo internacional independiente para investigar estos crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos en Xinjiang.
“Todos los Estados miembros tienen la obligación moral de apoyar las propuestas de debatir el informe y establecer un mecanismo de investigación, o quedarán en el lado equivocado de la historia. Debe haber rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad del gobierno chino, que debe incluir la identificación y el eventual enjuiciamiento de las personas presuntamente responsables.
“La reiterada negación por Pekín de la crisis de derechos humanos en Xinjiang suena cada vez más vacía tras este nuevo reconocimiento de la evidencia de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en la región.
“Las autoridades chinas deben poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente en campos o prisiones, poner fin a la persecución de personas uigures, kazajas y de otras minorías con predominio musulmán en Xinjiang, y permitir de inmediato el acceso real y sin trabas de observadores e investigadores independientes de la situación de los derechos humanos.”
“Ahora que la OACNUDH por fin ha hecho públicas sus conclusiones, es el momento de que el Consejo de Derechos Humanos establezca un mecanismo internacional independiente para investigar estos crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos en Xinjiang", aseguró Agnès Callamard
Información complementaria
La evaluación de la OACNUDH sobre Xinjiang se ha publicado hoy, casi un año después de que la alta comisionada Bachelet informara al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre de 2021, de que el documento se estaba “finalizado”.
En mayo de 2022, Bachelet hizo una visita oficial a China, incluida la región de Xinjiang, pero no reconoció las graves violaciones de derechos humanos en el país. Su declaración al término del viaje menoscabó los esfuerzos por fomentar la rendición de cuentas en la región, y dio la impresión de que se había visto envuelta directamente en un ejercicio de propaganda sumamente previsible del gobierno chino.
Bachelet admitió posteriormente que no había podido hablar con ninguna persona uigur detenida ni con familiares, y que había estado acompañada por funcionarios gubernamentales chinos de forma permanente durante toda su visita a la región.
En un borrador de carta a Bachelet filtrada por los medios de comunicación el mes pasado, las autoridades chinas instaban a la alta comisionada a “no publicar” la evaluación de Xinjiang efectuada por su oficina.
El mandato de Bachelet como alta comisionada termina el 31 de agosto de 2022 tras haber decidido no optar a un segundo mandato.
La represión de China contra las personas de la etnia uigur, kazaja y de otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en Xinjiang, ejercida bajo el pretexto de combatir el terrorismo, está ampliamente documentada desde 2017. En 2021, un informe exhaustivo publicado por Amnistía Internacional demostró que el encarcelamiento, la tortura y la persecución masivos y sistemáticos organizados por las autoridades chinas constituían crímenes de lesa humanidad.
La campaña campaña en favor de la liberación de personas detenidas en Xinjiang de Amnistía Internacional ha presentado hasta la fecha los casos de 120 personas que se cuentan entre las que, quizá en número superior a un millón, están sometidas a detención arbitraria en campos de internamiento y prisiones de Xinjiang.
