El primer informe del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán debe ser una llamada de atención a la comunidad internacional sobre la necesidad urgente de que se establezca un mecanismo de rendición de cuentas para poner fin a las flagrantes violaciones de derechos humanos cometidas por los talibanes en Afganistán, ha afirmado hoy Amnistía Internacional coincidiendo con la presentación del primer informe del relator especial ante el 51 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
“Celebramos el informe del relator especial, que es una contribución fundamental a la documentación existente sobre la crisis que a la que hace frente la población de Afganistán. El relator especial pone de relieve el importante retroceso en los logros conseguidos en Afganistán en cuanto a derechos de las mujeres, educación de las niñas, protección de las minorías, acceso a la justicia, libertad de expresión y de asociación, entre otros derechos fundamentales. Consideramos motivo de honda preocupación el hecho de que estos abusos y violaciones de derechos humanos continúen con impunidad en ausencia de un mecanismo que haga rendir cuentas a las autoridades de facto talibanes”, ha afirmado Yamini Mishra, directora regional para Asia meridional de Amnistía Internacional.
A pesar de las promesas realizadas en las negociaciones de paz de Doha y en anuncios subsiguientes cuando se hicieron con el control de Afganistán en agosto de 2021, los talibanes no han cumplido la “amnistía general” que anunciaron. En los últimos 12 meses han continuado, con impunidad casi total, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los homicidios extrajudiciales, los homicidios por venganza de diferentes grupos —especialmente las antiguas Fuerzas de Seguridad y de Defensa Nacionales Afganas (ANDSF) y funcionarios públicos—, los ataques a comunidades por motivos de identidad étnica o religiosa —como los hazaras— y los homicidios selectivos de miembros del Frente de Resistencia Nacional y de miembros del Estado Islámico de la Provincia de Jorasán. Estas flagrantes violaciones de derechos humanos han sido documentadas por el relator especial y en investigaciones independientes de Amnistía Internacional que ponen de relieve la necesidad urgente de investigar y enjuiciar a los presuntos autores de estos crímenes.
“Los talibanes han incumplido una y otra vez sus promesas al pueblo de Afganistán y a la comunidad internacional. Amnistía Internacional subraya que las conclusiones que figuran en el informe del relator especial en relación con homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos, especialmente en la provincia de Panjshir, contra la población civil deben ser indicios suficientes para que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos pongan en marcha planes de acción con plazos predeterminados para presionar a las autoridades de facto talibanes para que pongan fin de inmediato a estos abusos y violaciones de derechos humanos”, ha afirmado Yamini Mishra.
Cuando los Estados miembros se reúnen hoy en el 51 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, se está negando a más de 850.000 niñas de niveles superiores al sexto grado su derecho a la educación. Cuando los ancianos y las comunidades de la provincia de Paktia decidieron reabrir las escuelas de secundaria para niñas, las autoridades de facto talibanes cerraron una vez más las escuelas, emplearon la violencia contra alumnas que protestaban y detuvieron a periodistas que informaban sobre las protestas de las estudiantes. Esto se suma a la exclusión de las mujeres del trabajo, los viajes, la participación en la política y en la sociedad y muchas situaciones más. Músicos, artistas y personas relacionadas con lugares culturales también se hallan en situación de riesgo, según el informe, a pesar de las garantías realizadas por los talibanes hace un año de que el país no caería en las violaciones de los derechos culturales que se observaron hace 20 años. Todo ello ha sido documentado por el relator especial y por Amnistía Internacional en sus diversos informes desde que los talibanes tomaron el poder el 15 de agosto de 2021.
Los informes de reducción del espacio de la sociedad civil, palizas y detenciones de manifestantes, incluidas mujeres, ataques contra periodistas y silenciamiento de medios de comunicación que también han sido documentos por el relator especial subrayan además la documentación previa por Amnistía de estas violaciones de derechos humanos en el país. Esto refleja la persistente indiferencia de los talibanes con respecto a su obligación legal de respetar y proteger los derechos de la población afgana en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
“Afganistán se encuentra en una encrucijada un año después de la toma del control del país por la fuerza por los talibanes. Es evidente la necesidad de seguir apoyando el mandato del relator especial y la necesidad de realizar esfuerzos más concertados para cerrar la brecha en materia de rendición de cuentas. La comunidad internacional debe aprovechar la oportunidad que le brinda el informe del relator especial al Consejo de Derechos Humanos e implementar sus recomendaciones. Sin un gobierno inclusivo y marcos jurídicos, protecciones e instituciones adecuados, los derechos del pueblo afgano seguirán siendo pisoteados”, ha afirmado Yamini Mishra.
Información complementaria
Desde el retorno de los talibanes al poder en agosto de 2021, se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos que han sido documentadas por Amnistía Internacional, entre otras contra los derechos de las minorías y de las mujeres y niñas, desapariciones forzadas, tortura, homicidios ilegítimos y detenciones arbitrarias, especialmente en zonas como el Panjshir, ataques a la libertad de palabra y de expresión y persecución de minorías religiosas.
El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán fue nombrado durante el 49 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en abril de 2022, y presentó su primer informe el 12 de septiembre de 2022 en el 51 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
