La muerte bajo custodia de la joven de 22 años Mahsa —o Zhina en kurdo— Amini el 16 de septiembre de 2022, días después de que fuera violentamente arrestada por la policía “de la moral” iraní y entre informes verosímiles de tortura y otros malos tratos, debe ser investigada de manera independiente, imparcial y efectiva, y los presuntos responsables deben comparecer ante la justicia en juicios justos. Además, las autoridades iraníes deben anular urgentemente la legislación que impone el uso obligatorio del velo a mujeres y niñas, perpetúa la violencia contra ellas y las despoja de su derecho a la dignidad y a la autonomía corporal, y asimismo eliminar la policía “de la moral”, encargada de hacer cumplir esta legislación abusiva y discriminatoria.

Dos semanas después del arresto arbitrario de Mahsa Amini en Teherán, y 10 días después de su muerte, las autoridades iraníes no han investigado debidamente las circunstancias que rodearon su muerte bajo custodia ni han tomado medidas para llevar a los responsables ante la justicia. En su lugar, han negado repetidamente tener responsabilidad alguna en su muerte, han ocultado pruebas esenciales y han amenazado a su familia y otras personas que cuestionan la versión oficial y reclaman justicia.

Dada la persistente negativa de las autoridades iraníes a investigar eficazmente los crímenes más graves de derecho internacional y a garantizar rendición de cuentas por ellos, los Estados miembros de la ONU deben apoyar con urgencia el establecimiento de un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que aborde la crisis de impunidad reinante en Irán. El apoyo a dicho mecanismo transmitiría a las autoridades iraníes el mensaje de que no se tolerarán los crímenes más graves de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, incluidos los cometidos contra mujeres por no acatar la legislación sobre el uso obligatorio del velo.

ARRESTO ARBITRARIO EN APLICACIÓN DE LAS LEYES SOBRE EL USO OBLIGATORIO DEL VELO

Mahsa Amini, de la ciudad de Saqez, provincia de Kurdistán, estaba visitando Teherán en compañía de su hermano menor el 13 de septiembre de 2022 cuando fue interceptada y arrestada por la policía “de la moral” (gasht-e ershad), que, de forma sistemática, detiene arbitrariamente a las mujeres que no cumplen la estricta legislación del país sobre el uso obligatorio del velo (según la cual mujeres y niñas hasta de siete años están obligadas a cubrirse el cabello y el cuerpo).

De acuerdo con testigos presenciales, la policía “de la moral” introdujo a Mahsa Amini a empujones en un furgón policial y la golpeó durante su traslado al centro de detención de Vozara, en Teherán. Según el hermano de Mahsa en una entrevista ofrecida el 14 de septiembre de 2022, los agentes que practicaron el arresto dijeron a ambos que se llevaban a Mahsa al centro de detención para que allí recibiera una clase “educativa” impartida por la policía “de la moral” con el propósito de “reformar” la conducta de las mujeres y niñas que violaban el estricto código indumentario islámico del país. Al hermano también lo golpearon cuando alzó la voz para protestar por el arresto de Mahsa.

MUERTE BAJO CUSTODIA CON INFORMES VEROSÍMILES DE TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS

A las pocas horas de su arresto, Mahsa Amini entró en coma y fue trasladada en ambulancia desde el centro de detención de Vozara hasta el Hospital Kasra de Teherán. Murió en el hospital tres días más tarde, el 16 de septiembre de 2022.

Cuando Mahsa Amini aún estaba viva, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Kasra, se conocieron informes verosímiles de testigos presenciales según los cuales la policía “de la moral” la había sometido a tortura y otros malos tratos en el interior del furgón policial, incluidos golpes en la cabeza. Estos informes fueron rápidamente contestados con declaraciones de las autoridades donde negaban que Mahsa hubiera sido torturada, ofreciendo explicaciones imposibles sobre los motivos de su hospitalización y presentando a continuación relatos falsos de la causa de su muerte sin haber realizado investigaciones imparciales y completas. Ya el 14 de septiembre de 2022, el hermano de Mahsa Amini afirmaba en una entrevista a un medio de comunicación que, poco después del arresto de Mahsa el día anterior, él y otras personas que estaban fuera del centro de detención de Vozara esperando a mujeres de su familia detenidas de repente oyeron gritos saliendo del edificio. Poco después salieron agentes de seguridad del centro de detención y empezaron a disparar gas lacrimógeno contra todas las familias reunidas en el exterior y golpearlas con porras. El hermano de Mahsa contó que, a los cinco minutos de este incidente, una ambulancia salió del edificio. Y añadió:

“Tengo todo el cuerpo magullado y todavía me escuecen los ojos desde anoche. Todas las mujeres que salieron del centro de detención decían: “Han matado a alguien”. Yo les enseñé la fotografía de Mahsa y una dijo que estaba justo a su lado cuando pasó. Le pregunté a uno de los soldados1 qué había ocurrido y me dijo que otro soldado había resultado herido. Era mentira. Mahsa iba en esa ambulancia. Pasó media hora desde que salió la ambulancia hasta que supe que mi hermana iba en ella. Se llevaron a Mahsa [del centro de detención] y yo seguía esperándola a las puertas de Vozara.”

Según las entrevistas ofrecidas a los medios de comunicación por la familia de Mahsa Amini y otra información recopilada por Amnistía Internacional a partir de fuentes informadas, los agentes de seguridad la golpearon en el interior del furgón la policía “de la moral” tras su arresto. En una entrevista publicada días después de su muerte, el padre de Mahsa Amini dijo que, según varias mujeres arrestadas que iban con Mahsa Amini en el furgón y que se habían puesto en contacto con él tras su liberación, un miembro de las fuerzas de seguridad la había empujado y golpeado. También le contaron que las fuerzas de seguridad la habían golpeado con diversos instrumentos.

Una fotografía de Mahsa Amini postrada en una cama de hospital, compartida en redes sociales el 15 de septiembre de 2022, hizo crecer la indignación en todo Irán. Ese mismo día, en un intento de apaciguar las críticas y rebatir el relato de testigos presenciales de que Mahsa Amini fue sometida a tortura y malos tratos bajo custodia, el centro de información de la policía de Teherán anunció que Mahsa Amini había sufrido un ataque al corazón, sin aportar una sola prueba. Además, las autoridades publicaron un vídeo, difundido a través de medios de comunicación estatales, en el que se ve a una mujer, que afirman que es Mahsa Amini, desplomándose repentinamente y recibiendo asistencia médica cerca del lugar. La familia de Mahsa Amini rechaza tajantemente la versión oficial de un ataque cardiaco. En una entrevista publicada antes del 16 de septiembre de 2022, fecha de la muerte de Mahsa Amini, su madre afirmaba que estaba completamente sana antes del arresto y no padecía ninguna dolencia que justificara un repentino ataque cardiaco.

Según una declaración publicada en la cuenta de Instagram del Hospital Kasra el 16 de septiembre de 2022, Mahsa Amini ingresó en el hospital a las 20.22 horas del 13 de septiembre de 2022 tras haber sufrido un ataque cardiaco, sin constantes vitales a su llegada y en estado de muerte cerebral. Añade la declaración que el personal médico consiguió reanimarla y la ingresó en la unidad de cuidados intensivos, pero el 16 de septiembre Mahsa sufrió otro ataque cardiaco y ese mismo día se declaró su muerte. Asimismo indica que el cadáver se envió al organismo forense del Estado, la Organización de Medicina Legal, sometida a la autoridad de la magistratura, para investigación adicional. A las pocas horas de su publicación, esta declaración fue eliminada de la cuenta de Instagram del hospital.2 En una entrevista concedida a un medio de comunicación el 18 de septiembre, un tío de Mahsa Amini afirmó que el personal médico del Hospital Kasra había dicho a su familia que el tejido cerebral de Mahsa estaba dañado y que le habían fallado los riñones y el corazón. No facilitaron más información sobre su historial médico.

URGE UNA INVESTIGACIÓN CRIMINAL INDEPENDIENTE PARA ESTABLECER LAS CAUSAS Y CIRCUNSTANCIAS DE LA MUERTE

La obligación de investigar muertes potencialmente ilegítimas es una parte esencial de respetar y defender el derecho a la vida. En toda muerte bajo custodia existe la presunción de responsabilidad del Estado, y el propio hecho de no investigar constituye una violación del derecho a la vida. Toda investigación realizada por las autoridades debe ajustarse al derecho y las normas internacionales y seguir el Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota de la ONU), que establece principios y directrices comunes para la investigación de muertes potencialmente ilegítimas.3 Las investigaciones para determinar la verdad sobre las causas y circunstancias de una muerte bajo custodia deben ser inmediatas, imparciales, transparentes, efectivas y exhaustivas, y ser realizadas por autoridades independientes y competentes, sin relación institucional con la autoridad encargada de la detención.

Hasta la fecha, y a pesar de las múltiples promesas de las autoridades —incluidos el presidente del país y el presidente de la magistratura—, aún no se ha puesto en marcha una investigación completa y transparente por un organismo ajeno a los presuntos perpetradores y a su influencia. Las declaraciones oficiales sobre su muerte —realizadas por quienes tenían encomendada su investigación, entre otros— que eximen de toda responsabilidad a las autoridades, sumadas a la ocultación de pruebas vitales y a las amenazas dirigidas a su familia y a todo el que contradiga la versión oficial, apuntan a la imposibilidad de llevar a cabo una investigación independiente e imparcial en Irán.

La negativa de las autoridades a investigar completa y debidamente la muerte de Mahsa Amini encaja en el consolidado patrón de impunidad por los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos por las autoridades iraníes, incluidas las muertes bajo custodia.

NEGACIÓN, DISTORSIÓN Y ENCUBRIMIENTO El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ordenó al Ministerio del Interior que abriera una investigación sobre la muerte bajo custodia de Mahsa Amini. Una investigación del Ministerio del Interior, que es responsable de la fuerza policial del país y tiene un papel fundamental en la definición de sus políticas y prácticas, no cumple el criterio de independencia que establecen las normas internacionales ni puede sustituir a una investigación realizada por un organismo independiente e imparcial.

De hecho, las lesivas declaraciones del ministro del Interior iraní, Ahmad Vahidi, incluso antes de que haya concluido la investigación de su Ministerio, son una muestra evidente de la parcialidad descarada del Ministerio y su incapacidad para investigar a sus propios departamentos de manera independiente. En una entrevista publicada el 24 de septiembre de 2022 acerca de los avances en la investigación sobre la muerte de Mahsa Amini, declaró:

“Los resultados de diversas investigaciones demuestran que no hubo golpes [a Mahsa Amini] ni fractura craneal. La investigación constaba de dos partes: En la primera debíamos investigar si las denuncias de que la fallecida había sufrido golpes eran ciertas o falsas. Tras examinar imágenes de cámaras y los informes del Hospital Kasra y la Organización de Medicina Legal, se concluyó que no había señales de golpes o sangrado en el cerebro. La Organización de Medicina Legal anunció oficialmente que no había fractura craneal ni aplastamiento de órganos internos. La segunda parte era la causa de la muerte y, para eso, hemos de esperar a conocer la opinión final de la Organización de Medicina Legal.”

En un patrón acorde con acciones y declaraciones anteriores dirigidas a exonerar de toda responsabilidad a las autoridades, el ministro añadió que quienes difundían la acusación de que Mahsa Amini fue torturada bajo custodia estaban asumiendo una “postura irresponsable, desinformada y parcial” y que habían colaborado con Estados Unidos y países europeos, así como con “grupos contrarrevolucionarios y terroristas, como los monafeqin”.4 Tales declaraciones suscitaron preocupación respecto a la presión ejercida sobre las testigos presenciales que iban en el furgón de la policía “de la moral” junto a Mahsa Amini y que, según Ahmad Vahidi, se vieron involucradas en las investigaciones del Ministerio del Interior.

Igualmente, el jefe superior de policía de Teherán, Hossein Rahimi, ofreció varias entrevistas a medios de comunicación los días siguientes a la muerte de Mahsa Amini en las que eximía de responsabilidad a las autoridades antes de la conclusión de las investigaciones. En una entrevista manifestó: “Ha sido un desgraciado incidente y espero que no volvamos a presenciar una situación así [...] Todas las afirmaciones publicadas en Internet sobre la causa de la muerte son completamente falsas [...] pedimos a la gente que no haga caso de los rumores [...] La policía no cometió ninguna irregularidad en este caso.”

 

OCULTACIÓN DE PRUEBAS ESENCIALES

A Amnistía Internacional le preocupa que las autoridades estén ocultando pruebas, como las imágenes de vídeo y los historiales médico y forense, que podrían resultar críticos para establecer las causas y circunstancias de la muerte de Mahsa Amini. Sus familiares también denunciaron que las autoridades les habían impedido ver su rostro y cuerpo antes de su entierro, por lo que sospecharon que intentaban ocultar heridas o marcas visibles. Los familiares de Mahsa Amini, que han pedido públicamente una investigación sobre su muerte, han solicitado en vano el acceso a todas las imágenes de seguridad que existen del interior del furgón y del centro de detención de Vozara, así como a las imágenes grabadas por las cámaras corporales de los policías “de la moral” que la arrestaron, para poder examinarlas. El 19 de septiembre de 2022, Hossein Rahimi, jefe superior de policía de Teherán, dijo en una entrevista a un medio de comunicación que, si bien “antes de este incidente los agentes de policía iban equipados con cámaras corporales [...] en esta ocasión no las llevaban”. Asimismo aseguró que se había permitido a la familia de Mahsa Amini acceder a las imágenes de seguridad. Esta nueva afirmación ha sido igualmente refutada por el padre de Mahsa, quien dijo lo siguiente en una entrevista publicada el 20 de septiembre de 2022:

“He solicitado acceso a las imágenes de las cámaras instaladas dentro del furgón y en el patio del centro de detención de Vozara, pero [las autoridades] no me han dado ninguna contestación. Todas las imágenes de vídeo que [las autoridades] han publicado en Internet han sido censuradas. Todo lo que dicen en las imágenes de vídeo que enseñan es mentira y no hemos podido saber nada de lo que pasó.”

Las autoridades también se han negado a entregar a la familia de Mahsa Amini sus historiales médicos completos y el informe de su autopsia. El 19 de septiembre de 2022, Iran International, agencia de noticias independiente radicada fuera de Irán, publicó varias imágenes (láminas) de una tomografía computarizada del torso y el cerebro de Mahsa Amini que, según la agencia, habían sido filtradas del Hospital Kasra. En respuesta, Fars, agencia de noticias afín al Estado, publicó inmediatamente un informe que confirmaba que las imágenes tomográficas pertenecían a Mahsa Amini pero indicaba que los análisis de las imágenes realizados por profesionales médicos consultados por la agencia no reflejaban ningún traumatismo en el cerebro y en cambio revelaban que en el pasado Mahsa había sufrido una operación quirúrgica relacionada con un tumor cerebral.

Estas conclusiones, difundidas por la agencia de noticias Fars, contradicen el análisis que han proporcionado a Amnistía Internacional tres especialistas en patología forense independientes sobre las imágenes de tomografía. Estos tres especialistas informaron a la organización de que las imágenes tomográficas están incompletas. Aseguraron que parece haber una “extraña radiolucencia en la región temporal derecha” que no pueden explicar sin ver la serie entera de láminas tomográficas. El 21 de septiembre de 2022, la Organización de Medicina Legal para la provincia de Teherán publicó sus conclusiones preliminares sobre la muerte de Mahsa Amini. Mehdi Forouzesh, su director, afirmó: “Durante el reconocimiento físico y la autopsia no se han observado señales de heridas en la cabeza y el rostro, ni hematomas alrededor de los ojos, ni fracturas en la base del cráneo. En la autopsia del tronco y el abdomen no se han observado señales de sangrado, aplastamiento o laceración de los órganos internos.” Además, aseguró que, de acuerdo con su historial médico, Mahsa Amini había sufrido una operación en el cerebro cuando tenía ocho años. Las autoridades no entregaron a la familia una copia del informe de la autopsia ni las conclusiones preliminares de la Organización de Medicina Legal.

La familia de Mahsa Amini rechazó inmediatamente las conclusiones preliminares de la Organización de Medicina Legal de Teherán. En una entrevista ofrecida ese mismo día a un medio de comunicación, su padre dijo:

“[Las autoridades] están mintiendo. Mi hija nunca ingresó en un hospital con una enfermedad.”

En una entrevista anterior, publicada el 20 de septiembre de 2022, también había dicho:

“Lo que me apena es que las autoridades y los agentes estén propagando mentiras sobre mi hija a diario. Dijeron que tenía una enfermedad cardiaca y epilepsia, pero yo soy su padre y la he criado durante 22 años, y puedo asegurar que Mahsa no tenía ningún problema médico y estaba en perfecto estado de salud [...] cuando fuimos al hospital no nos dejaron verla. Le habían tapado la cabeza y el cuerpo para que no viéramos las contusiones. Sólo podía ver la cara de mi hija y las plantas de sus pies [...] Al final pude ver [...] hematomas [...] La persona que golpeó a mi hija debería ser procesada [...] en un juicio público [...] No voy a permitir que la sangre de mi hija sea pisoteada.”

AMENAZAS A FAMILIARES Y SIMPATIZANTES

En consonancia con sus estrategias anteriores de negación, distorsión y encubrimiento, las autoridades han intentado silenciar a la familia de Mahsa Amini y amenazado con procesar a quien contradiga las afirmaciones oficiales sobre su muerte.

Incluso antes de que muriera Mahsa Amini, cuando aún estaba en coma en el hospital, las autoridades ejercieron una presión inmensa sobre sus familiares a través de una fuerte presencia de fuerzas de seguridad alrededor del hospital. En una entrevista publicada el 16 de septiembre de 2022, antes de morir Mahsa, su madre dijo:

“Ellos [las autoridades] le han hecho esto a mi hija [...] Nos han advertido que no hablemos con los medios de comunicación y tengamos la boca cerrada. Estamos rodeados de agentes de seguridad. Tienen que dar explicaciones. ¿Por qué le han hecho esto a una [persona] inocente? No se lo merecía.”

Tras la muerte de Mahsa Amini, las autoridades presionaron a los familiares para que enterraran el cadáver enseguida, de noche, y les advirtieron que no hablaran públicamente de su muerte. Además, las autoridades han avisado de que toda persona que contradiga la versión oficial de los hechos en torno a su muerte será procesada. El 18 de septiembre de 2022, el viceministro del Interior para la Seguridad y Asuntos de Orden Público, Majid Mirahmadi, designado por el ministro del Interior iraní para dirigir la investigación sobre la muerte de Mahsa, declaró: “Toda persona que altere la seguridad psicológica de la sociedad, difunda noticias falsas y altere la opinión pública deberá responder de sus afirmaciones, porque todas estas acciones están penadas”.

PATRÓN DE IMPUNIDAD SISTÉMICA POR LAS MUERTES BAJO CUSTODIA

La falta de medidas de las autoridades iraníes para llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y transparente sobre la muerte bajo custodia de Mahsa Amini encaja en un patrón de impunidad largamente observado en el país. En septiembre de 2021, Amnistía Internacional publicó una investigación sobre la ausencia de rendición de cuentas por parte de las autoridades iraníes en al menos 72 casos de muerte bajo custodia desde enero de 2010, a pesar de que informes verosímiles indican que fueron causadas por tortura u otros malos tratos o por el uso letal de armas de fuego y gas lacrimógeno a manos de agentes. Ni un solo funcionario público ha rendido cuentas por estas muertes, lo que refleja la larga crisis de impunidad de Irán, en la que las denuncias de tortura y homicidios ilegítimos quedan constantemente sin investigar y sin castigar.

Las autoridades iraníes normalmente atribuyen las muertes bajo custodia al suicidio, las sobredosis de drogas o las enfermedades, como derrames cerebrales y ataques cardiacos, y lo hacen de forma apresurada y sin llevar a cabo investigaciones independientes y transparentes.

Los familiares de personas que mueren bajo custodia en circunstancias sospechosas son habitualmente sometidos a diversas formas de acoso e intimidación por parte de agentes de inteligencia y seguridad, especialmente cuando ponen en duda públicamente las explicaciones de las autoridades sobre las circunstancias de la muerte de sus seres queridos o buscan reparación legal. Las autoridades iraníes tienen un historial documentado de presionar a las familias para que entierren a sus seres queridos de inmediato y sin una autopsia independiente.

LA LEGISLACIÓN SOBRE EL USO OBLIGATORIO DEL VELO PERPETÚA LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El arresto arbitrario de Mahsa Amini y su muerte bajo custodia se han producido en un contexto de hostigamiento y ataques violentos cada vez más frecuentes contra mujeres y niñas en Irán en los últimos meses por parte de policía, militares y paramilitares por dejar ver mechones de pelo bajo el hiyab (pañuelo de la cabeza) o llevar mangas, pantalones o abrigos cortos o de colores llamativos.

Según el Código Penal Islámico de Irán, las mujeres pueden ser castigadas con penas de prisión, azotes o multas por dejarse ver en público sin hiyab. La ley se aplica a niñas de tan sólo nueve años, que es la edad mínima de responsabilidad penal para las niñas en Irán. En la práctica, las autoridades han impuesto el uso obligatorio del velo a las niñas a partir de los siete años, cuando empiezan la escuela elemental.

En Irán, decenas de miles de mujeres y niñas son sistemática y aleatoriamente interceptadas en la calle por la policía “de la moral”, que las insulta y amenaza y les ordena cubrir con el pañuelo algún mechón de pelo o les da toallas de papel para que se retiren el maquillaje. Con frecuencia, mujeres y niñas son agredidas físicamente: abofeteadas, golpeadas con porras, esposadas y metidas a empujones en furgones policiales. Estos actos constituyen trato o pena cruel, inhumano o degradante, absolutamente prohibidos por el derecho internacional, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el que Irán es Estado Parte.

El control del cuerpo de las mujeres no se circunscribe a los agentes del Estado. La abusiva, discriminatoria y degradante legislación iraní sobre el uso obligatorio del velo da atribuciones no sólo a los agentes del Estado, sino también a matones y agentes parapoliciales que creen tener el derecho y la obligación de imponer los valores de la República Islámica, para hostigar y agredir a mujeres en público. Así, mujeres y niñas se encuentran a diario con desconocidos que las golpean y las rocían con gas pimienta, las llaman “puta” y las obligan a cubrir el cabello totalmente con el velo.

La coacción por parte de agentes estatales o no estatales para garantizar que se cumplen las normas sobre formas de vestir tradicionales, culturales o religiosas viola el derecho de las mujeres a la libertad de expresión y a la libertad de religión o creencia y su derecho a la intimidad. Mujeres y niñas deben ser libres de decidir si quieren o no llevar determinados símbolos y prendas en función de sus creencias religiosas o costumbres culturales o por cualquier otra razón.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA La muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre de 2022 desencadenó protestas en todo el país. Las fuerzas de seguridad han respondido a las protestas mediante el uso ilegítimo de la fuerza, que incluye munición real, perdigones y otros proyectiles metálicos, y han causado la muerte a decenas de personas y lesiones a varios cientos más. La organización cree que el número real de víctimas mortales es mayor y sigue investigando. Los servicios de inteligencia y seguridad han arrestado violentamente a cientos de personas, entre ellas manifestantes y transeúntes. Asimismo, las autoridades han utilizado las protestas de manera oportunista para emprender una campaña de represión de la sociedad civil a través de la detención de decenas de periodistas, activistas de la sociedad civil, profesionales del derecho y otras personas que defienden los derechos humanos, como activistas de los derechos de las mujeres y de grupos étnicos minoritarios.