Durante la visita, una delegación de Amnistía Internacional visitó a los padres, hermanos y amigos de Daiana, conversó con su abogado Sergio Roldán y recopiló imágenes y testimonios que permitan visibilizar el caso, demandar el esclarecimiento del hecho y generar más apoyo para la familia en su pedido de justicia.
“Desde Amnistía Internacional acompañamos a la familia de Daiana, quien falleció bajo custodia policial en circunstancias que deben ser investigadas en profundidad y con celeridad para determinar responsabilidades de todas las personas involucradas en su detención y muerte, y en el intento de ocultamiento de los hechos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Hoy se cumplen cuatro meses del hecho, y desde un primer momento la familia denunció la responsabilidad policial en la muerte de Daiana. En la causa hay 3 policías procesadas por homicidio y 2 por ocultamiento de los hechos. Actualmente, todos están en libertad.
Según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), hasta agosto de 2022 se produjeron 147 muertes bajo custodia policial en la Provincia de Buenos Aires, 10 de las cuales sucedieron en Comisarías bonaerenses. Diversos organismos internacionales han llamado la atención al Estado argentino en reiteradas oportunidades ante el elevado número de muertes en detención que se vinculan con la práctica sistemática de la tortura y otras violencias policiales y penitenciarias.
Los hechos del caso
En la madrugada del 5 de julio de 2022, Daiana Soledad Abregú fue detenida por una contravención menor y alojada en el calabozo de la comisaría de su ciudad, Laprida, provincia de Buenos Aires.
Cerca de las 6 de la mañana su familia fue avisada de la detención. Sus padres no recibieron ninguna otra notificación por parte de la policía hasta casi las 18 h, cuando un móvil policial se presentó en su domicilio para informar que habían encontrado a Daiana muerta en la celda, con signos de ahorcamiento. La agente encargada le informó a su madre que la joven se había suicidado.
“Cuando la policía me comunicó que Daiana había decidido quitarse la vida, no lo creí posible. En ese mismo momento supe que algo le habían hecho en esa comisaría. Daiana se iba a ir a vivir a La Plata para estudiar enfermería, estaba muy entusiasmada con un nuevo proyecto con su hijo Tobías”, señaló María Laura, madre de la víctima. Su familia indicó que no le permitieron ver a Daiana ni ingresar a la estación policial. El comisario a cargo les dijo a sus padres que “mejor no verla para no quedarse con ese recuerdo”. Los familiares recién pudieron ver el cuerpo al día siguiente en la sala velatoria.
El estado de la causa judicial
Los resultados del primer estudio fueron poco confiables porque el proceso de la operación no cumplió los estándares mínimos establecidos por la normativa internacional que deben aplicarse en casos de muerte bajo custodia estatal y en situación de encierro. Luego de que la CPM se presentó en la causa en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se realizó una segunda autopsia, prueba indispensable para determinar lo que sucedió en la Estación de Policía Comunal de Laprida.
La segunda obtención de pruebas demostró que la joven de 26 años no tenía lesiones en el cuello compatibles con el ahorcamiento, sino que presentaba signos de asfixia por sofocamiento.
Con esas conclusiones médicas, el 24 de julio la jueza a cargo del caso, Fabiana San Román, ordenó la inmediata detención de 5 policías bonaerenses: Juliana Zelaya, Vanesa Soledad Nuñez, Pamela Di Bin, Adrián Osvaldo Nuñez, y Leandro Esteban Fuhr. Las tres primeras están procesadas por el delito de homicidio triplemente agravado y los otros dos agentes, por encubrimiento. En la orden de detención la jueza llamó la atención sobre la inacción de Juan Ignacio Calonje, titular de la Fiscalía especializada en violencia institucional del Departamento Judicial de Azul, porque durante las primeras semanas posteriores al hecho se demoró notoriamente la obtención de pruebas clave.
En sus declaraciones frente al fiscal, los policías reconocieron que habían escrito información falsa en el libro de guardias de la comisaría. Además, se contradijeron respecto de las inspecciones realizadas en el calabozo y en sus funciones mientras custodiaban a Daiana.
Luego de la presentación de un informe pericial realizado por la Policía Federal y que contradice la segunda autopsia, el 22 de agosto la jueza ordenó levantar la prisión preventiva. Actualmente, los 5 funcionarios implicados están en libertad. Tanto la CPM como el abogado de la familia rechazaron esta medida por tratarse de un informe con severos problemas probatorios y realizada por una fuerza policial. Por ello, solicitaron al fiscal de la causa que intervenga y designe un cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que realice un informe final sobre toda la prueba ante las contradicciones entre la segunda autopsia y el informe de la Policía Federal.
El control y la rendición de cuentas es un requisito indispensable de toda actuación de las fuerzas de seguridad para desalentar la institucionalización de la impunidad y así generar mayores niveles de confianza sobre las autoridades. Para ello, es fundamental contar con el máximo compromiso del Estado en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Ante la gravedad de los hechos y su posible impacto en los derechos humanos, Amnistía Internacional acompaña a la familia Abregú en su búsqueda de verdad y justicia.
