Tras una nueva ola de protestas a lo largo de Cuba en los últimos días, hay indicadores preocupantes de que las autoridades están repitiendo las tácticas represivas que utilizaron durante décadas y también durante la represión de los manifestantes del 11 de julio del año pasado, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

“En la última oleada de protestas que ha durado varios días, las personas cubanas están ejerciendo sus fundamentales, pero históricamente reprimidos, derechos a la libertad de expresión y de asamblea. De forma alarmante, las autoridades parecen estar repitiendo las tácticas de represión que utilizaron el año pasado para detener y silenciar a quienes se manifiestan, cientos de personas de las cuales aún siguen en prisión,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La comunidad internacional debe condenar los ciclos de represión que estamos viendo en Cuba en los términos más enérgicos posibles. Es inaceptable que las autoridades sigan intimidando, amenazando, deteniendo, estigmatizando e intentando silenciar a cualquiera que exija necesidades básicas como electricidad, alimentos y libertad.”

Desde el inicio de las protestas a finales de septiembre, Amnistía Internacional ha recibido informes sobre continuos cortes de Internet, despliegue de policías y militares, incluidos cadetes, para reprimir las protestas y detenciones arbitrarias de manifestantes.

A partir de la noche del 29 de septiembre, las autoridades cubanas parecen haber cortado intencionadamente el acceso a Internet en todo el país. El corte de Internet duró al menos dos noches consecutivas.

Las autoridades cubanas controlan la única red de telecomunicaciones del país y a menudo han restringido el acceso a Internet en momentos políticamente delicados o de protestas.

Amnistía Internacional ha sabido que los últimos cortes de Internet han dificultado la comunicación de las familias tras el paso del huracán Ian, en un momento en que muchas personas han sufrido daños en sus hogares. También han afectado a la capacidad de los observadores independientes de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, y de periodistas independientes para documentar la situación de los derechos humanos en el país. La periodista Luz Escobar dijo a Amnistía Internacional que se le cortó el internet tres noches seguidas, lo que afectó su capacidad de trabajo, y que, siendo el 4 de octubre, varios otros periodistas que trabajan en su periódico digital independiente, 14 y medio, estaban sin internet.

El Laboratorio de Evidencias de Crisis de Amnistía Internacional también ha analizado varios vídeos que no aparecieron en línea antes de estas protestas. Uno de los vídeos que Amnistía Internacional ha analizado fue grabado en la calle 41, esquina con 66, en La Habana, Cuba, y parece mostrar el despliegue de cadetes militares vestidos de civil, armados con bates de béisbol, que corean consignas progubernamentales, entre ellas “Yo soy Fidel”.

Otro video, que también apareció por primera vez en Internet en el contexto de las protestas, y que coincide con otros videos que Amnistía Internacional ha verificado de las protestas, parece mostrar también a cadetes con bates de béisbol persiguiendo y luego deteniendo a manifestantes.

Las autoridades cubanas han desarrollado una sofisticada maquinaria para controlar cualquier forma de disidencia y protesta, como ya ha documentado Amnistía Internacional. Mientras que los funcionarios de la seguridad del Estado suelen llevar a cabo la vigilancia y las detenciones arbitrarias de las personas críticas, el Comité de Defensa de la Revolución (miembros locales del Partido Comunista que colaboran con los funcionarios del Estado y los organismos encargados de hacer cumplir la ley) también proporciona al Estado información sobre lo que consideran “actividad contrarrevolucionaria.” Los “actos de repudio” -manifestaciones dirigidas por partidarios del gobierno con la supuesta participación de funcionarios de la seguridad del Estado- también son habituales y tienen como objetivo acosar e intimidar a las personas críticas del gobierno.

Mientras que la comunicación con Cuba sigue impedida debido a la interferencia de Internet, Justicia J11, un grupo creado tras la represión de los manifestantes en julio de 2021, ha informado de 26 detenciones desde el 30 de septiembre, en su mayoría de jóvenes y artistas, 19 de los cuales, según informan, seguían detenidos hasta el 4 de octubre de 2022.

Las autoridades cubanas criminalizaron a casi todas las personas que participaron en las protestas de julio de 2021, incluidos algunas niñas y niños, pero negaron rotundamente cualquier violación de los derechos humanos, y culparon de la situación económica casi exclusivamente al embargo económico estadounidense. Asimismo, el 2 de octubre de 2022, el presidente Díaz-Canel restó importancia a la naturaleza generalizada de las últimas protestas y sugirió que una minoría de “contrarrevolucionarios” con conexiones fuera de Cuba, había llevado a cabo “actos de vandalismo, como cerrar vías o tirar piedras ” y que serían tratados con todo el “rigor de la ley”.

Antecedentes

Tras el paso del huracán Ian, la electricidad se ha cortado en múltiples partes de la isla, lo que se suma a los frecuentes cortes de electricidad de los últimos meses. Los datos de luz nocturna de la NASA mostraron una importante disminución de las luces entre el 23 de septiembre, antes del paso de Ian, y después, el 30 de septiembre.

Los cortes de electricidad han agravado las violaciones de los derechos económicos y sociales en el país, ya que en los últimos meses las personas cubanas han tenido que hacer cola durante muchas horas para comprar alimentos y otros productos de primera necesidad, en un contexto de escasez generalizada de alimentos.

Las recientes protestas se han producido apenas 14 meses después de las amplias protestas similares del 11 de julio de 2021, a las que siguió una represión de la disidencia. Cientos de personas siguen encarceladas por las protestas del 11 de julio, incluidos tres presos de conciencia: los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, así como el líder de la oposición no oficial, José Daniel Ferrer García. Otros presos de conciencia nombrados por Amnistía Internacional en su momento fueron puestos en libertad con la condición de ir al exilio.