Las autoridades qataríes deben renovar su compromiso de cumplir plenamente las reformas laborales prometidas ahora y después de la Copa Mundial, ha declarado hoy Amnistía Internacional, que en su último documento previo al campeonato sobre las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras migrantes ha revelado que los abusos siguen siendo frecuentes en todo el país. Cuando sólo falta un mes para el inicio de la competición, la organización de derechos humanos ha reiterado su llamamiento a la FIFA y a Qatar para que establezcan un fondo de compensación destinado a las personas trabajadoras migrantes que han sufrido abusos.
“Aunque en los últimos cinco años Qatar ha hecho importantes avances en materia de derechos laborales, es evidente que aún queda un gran trecho por recorrer. Miles de personas trabajadoras siguen atrapadas en el ya conocido ciclo de explotación y abusos debido a las lagunas legales y a la inadecuada aplicación de la ley”, apunta Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.
“A las puertas de la Copa Mundial, la tarea de proteger a la población trabajadora migrante de la explotación está sólo a medias, mientras que la de indemnizar a quienes han sufrido abusos apenas ha comenzado. También es imperativo que Qatar se comprometa a mejorar las condiciones a largo plazo. Los avances no deben detenerse una vez que el espectáculo de la Copa Mundial abandone Doha”. El mes pasado, una encuesta mundial encargada por Amnistía Internacional reveló que tanto el público en general como el público aficionado al fútbol apoyan de manera abrumadora que se indemnice a trabajadores y trabajadoras migrantes que han sufrido abusos durante los preparativos de la Copa Mundial 2022. Los resultados de la encuesta respaldan la campaña #PayUpFIFA lanzada por una coalición de organizaciones de derechos humanos —entre ellas Amnistía Internacional—, grupos de aficionados y sindicatos en mayo de 2022, que pide a la FIFA y a las autoridades qataríes el establecimiento de un gran programa de indemnización con el fin de compensar a la población trabajadora y evitar abusos en el futuro.
“A pesar del enorme y creciente apoyo de la afición, de las asociaciones de fútbol y de los patrocinadores a favor de indemnizar al personal migrante, Qatar y la FIFA siguen sin ceder. A falta de un mes, el tiempo para que hagan lo correcto se les está acabando”, afirma Steve Cockburn.
“Hacer la vista gorda ante los abusos sufridos por miles de trabajadores y trabajadoras migrantes a lo largo de los años va en contra de sus respectivas obligaciones y responsabilidades internacionales. Deben unirse para garantizar que no se deja atrás a quienes tanto han sufrido para hacer posible este campeonato”.
Las reformas promulgadas por Qatar desde 2017 incluyen una ley que regula las condiciones laborales del personal doméstico interno, tribunales laborales para facilitar el acceso a la justicia, un fondo para apoyar el pago de los salarios impagados y un salario mínimo. Asimismo, Qatar ha ratificado dos tratados internacionales clave de derechos humanos, aunque sin reconocer el derecho de su población trabajadora migrante a afiliarse a un sindicato. El Comité Supremo, organismo organizador de la Copa Mundial de Qatar, también introdujo normas laborales reforzadas para este colectivo, pero sólo en los emplazamientos oficiales del campeonato, como los estadios, aunque dichas normas cubren apenas una pequeña proporción de la plantilla dedicada a los proyectos esenciales para la Copa Mundial, y sólo el 2% de la mano de obra de Qatar.
Aunque reconoce la importancia de estas reformas, el informe de Amnistía ofrece un plan de acción para abordar las deficiencias existentes en diez áreas. Para ello, la organización insta a las autoridades qataríes a hacer cumplir y reforzar las protecciones laborales, empoderar a las trabajadoras y los trabajadores, hacer que el trabajo sea remunerado y garantizar el acceso a la justicia y a las vías de recurso.
Trabajos forzados y muertes no explicadas
La población migrante que trabaja tanto en proyectos relacionados con la Copa Mundial como en otros proyectos sigue sufriendo abusos a gran escala en Qatar. Muchas de estas personas, sobre todo las que trabajan en los sectores doméstico y de seguridad, siguen estando sometidas a condiciones que constituyen trabajo forzoso; el personal doméstico trabaja entre 14 y 18 horas al día sin ningún día de descanso semanal, aislado en domicilios particulares.
Al personal de seguridad también se le niega repetidamente sus días de descanso y se le obliga a trabajar bajo la amenaza de sanciones, como la deducción arbitraria de salario o, en ocasiones, la confiscación de sus pasaportes, a pesar de que estas prácticas infringen la legislación qatarí. Joshua*, un trabajador de seguridad privada originario de Kenia que recientemente abandonó Qatar antes de que finalizara su contrato debido a las condiciones de trabajo, explica a Amnistía Internacional:
“Era insoportable seguir en la empresa en la que estaba por el trato y la sobrecarga de trabajo. En cuatro meses, sólo te dan dos días libres. Hay retrasos en los salarios y demasiadas multas deducidas innecesariamente […]. La empresa me ha retenido el visado, de manera que no puedo volver [a Qatar] si consigo un trabajo en otra empresa”.
La muerte de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes durante la última década o más —en proyectos relacionados con la Copa Mundial o en otros proyectos— sigue sin explicarse. Al menos cientos de estas muertes fueron probablemente consecuencia del trabajo en condiciones de calor extremo. La nueva legislación sobre el calor supone una mejora, pero se debe reforzar para que se ajuste a las normas internacionales y proteja adecuadamente a quienes trabajan al aire libre. A pesar de que hay pruebas claras de que los golpes de calor suponen un enorme riesgo para la salud, las autoridades qataríes han hecho poco por investigar, certificar o remediar las muertes de trabajadores y trabajadoras migrantes, en contra de las mejores prácticas internacionales.
No es sólo el devastador impacto emocional para las familias de las víctimas, sino también la pérdida de su sostén principal, junto con la falta de compensación económica, lo que deja a muchas personas en una pobreza aún más profunda. Bhumisara,* cuyo esposo murió en Qatar sin explicación, relata a Amnistía:
“Ahora todo se ha hecho añicos […]. La vida misma se ha convertido en un espejo roto […]. He llorado muchas veces llevada por la emoción. Estar sola es muy difícil […], siento que me estoy quemando en aceite”.
El personal migrante sigue sin poder constituir sindicatos en Qatar ni afiliarse ellos, lo que contraviene su derecho fundamental a hacerlo, según la legislación internacional. En su lugar, los comités mixtos formados y dirigidos por las empresas, cubren sólo el 2% de la mano de obra. Estos comités les proporcionan cierta representatividad, pero siguen adoleciendo de graves defectos, ya que carecen de mecanismos de negociación colectiva y no les ofrecen protecciones legales cruciales.
Siguen existiendo comisiones de contratación de personal desorbitadas y elementos de la kafala
En Qatar sigue estando muy extendido el pago de comisiones de contratación exorbitantes por parte de las personas que desean trabajar en el país. Las comisiones, que oscilan entre 1.000 y 3.000 dólares, hacen que muchas personas necesiten meses o incluso años para pagar la deuda, lo que las atrapa en ciclos de explotación. Aunque quienes trabajan en algunos proyectos de la Copa Mundial dependientes del Comité Supremo, organizador del campeonato de Qatar, pueden reclamar el reembolso de estas comisiones, esta opción no está disponible para la gran mayoría de las personas que trabajan en el país.
Algunos cambios cruciales introducidos en el sistema de kafala —que hacía que quienes trabajaban dependieran totalmente de su entidad empleadora— implican que la gran mayoría de las personas trabajadoras migrantes pueden ahora abandonar el país legalmente y cambiar de trabajo sin permiso. Sin embargo, aún corren el riesgo de que se les detenga o se les deporte si sus empleadores les anulan el visado, no les renuevan el permiso de residencia o denuncian que se han “fugado” de su trabajo.
A pesar de que el gobierno afirma haber aprobado más de 300.000 solicitudes de traslado de personal migrante desde octubre de 2020, Amnistía Internacional ha documentado varios casos en los últimos meses en los que entidades empleadoras sin escrúpulos utilizaron sus poderes para cancelar visados, renovar permisos de residencia y denunciar a personas trabajadoras por “fuga” para explotar y castigar a quienes se quejaban de las condiciones de trabajo o querían cambiar de empleo. Por ejemplo, en el caso de Geoffrey*, un conductor de reparto que se quejó ante el Ministerio de Trabajo por la retención de su salario y la falta de alimentos y de alojamiento en condiciones higiénicas, fue detenido por la policía bajo cargos de “fuga” y estuvo recluido durante tres semanas.
Información complementaria
*No se han utilizado los nombres reales
El documento Unfinished Business: Roadmap for Qatar to fulfil promises on migrant workers’ rights, está disponible aquí.
