“Los Estados miembros de la ONU deben respaldar con carácter urgente el cese de la venta, transferencia y uso de programas espía a fin de acabar con la endémica vigilancia ilegítima de activistas, periodistas, profesionales de la abogacía y dirigentes políticos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Un total de 107.273 personas de 180 países y territorios han firmado la petición de la organización que reclama que los Estados miembros de la ONU apoyen una moratoria mundial de la tecnología de vigilancia hasta que exista un marco regulador adecuado que proteja los derechos humanos.

“Estamos presenciando una crisis global de programas espía en la que activistas, periodistas y profesionales de la abogacía son objeto de vigilancia invasiva como medio de silenciarlos e intimidarlos”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Hacen falta con urgencia protecciones más firmes de los derechos humanos en la exportación de tecnología de vigilancia. Los Estados miembros de la ONU deben dejar de usar, y de tolerar, el software espía como herramienta de represión y, hasta que esto ocurra, deben dar un paso adelante y apoyar una moratoria mundial de la exportación de este tipo de software”.

Quienes han firmado la petición de Amnistía se unen a personas expertas de la ONU y a grupos de la sociedad civil de todo el planeta en reclamar el cese de la venta, la exportación y la transferencia de tecnología de programas espía. La vigilancia ilegítima viola el derecho a la intimidad y puede violar también los derechos a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y de reunión pacífica.

Las voces de las víctimas de abusos de los programas espía se escucharán en el corazón de la ONU, en Nueva York, el viernes, cuando Amnistía y entidades asociadas impulsen a los Estados miembros de la ONU a apoyar una moratoria mundial.

Julia Gavarrete, periodista de El Salvador, detalló el impacto de los programas espía en su vida: “Ser objeto de vigilancia me ha llevado a cambiar la manera de comunicarme y los sitios a los que voy, y a pensar dos veces el tipo de información que quiero compartir con otras personas, no sólo por mi propia seguridad, sino para proteger la integridad de quienes se comunican conmigo.  Como periodista, tengo que proteger mis fuentes, pero como mujer, tengo que proteger a mi familia y a mis amistades”.

Las empresas siguen lucrándose de la venta de programas espía utilizados para vigilancia ilegítima. Cada mes, se confirman nuevos casos de personas afectadas ilegítimamente por estos programas. El año pasado hubo casos en El Salvador, Grecia, España, Egipto, Israel/Territorios Palestinos Ocupados, Marruecos y el Sáhara Occidental, Polonia y Tailandia. El carácter no regulado y opaco de la industria de los programas espía implica que puede que nunca conozcamos la verdadera magnitud de abusos similares en los que estén implicados otros actores.

De conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen la obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino también de proteger a las personas de abusos de terceros, incluidas las empresas privadas.