Amnistía Internacional respalda la petición formulada a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que emita una opinión sobre las responsabilidades y las obligaciones de los Estados respecto a la crisis climática.
Un grupo de 18 países, encabezados por Vanuatu, presenta formalmente un proyecto de resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre en el que se pide que la Corte de la ONU emita una opinión consultiva sobre los derechos y las obligaciones de los países en virtud del derecho internacional en relación con el cambio climático. El proyecto de resolución será sometido a votación en las próximas semanas, y debe ser aprobado por mayoría.
Marta Schaaf, directora del Programa de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas de Amnistía Internacional, declaró:
“La iniciativa de solicitar una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático aclarará y fortalecerá el marco jurídico internacional y promoverá la acción ambiciosa necesaria para estar a la altura de la urgencia y la gravedad de la crisis climática. El año pasado estuvo plagado de fenómenos meteorológicos extremos a los que es muy probable que el cambio climático contribuyera, y los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y de otras voces muestran que es fundamental una acción inmediata.
“Una opinión consultiva sólida de la CIJ puede guiar la acción. La corte no producirá legislación nueva, sino que examinará el derecho internacional existente, especialmente el derecho ambiental y el derecho de los derechos humanos, a la luz del consenso científico sobre las causas y las consecuencias del cambio climático.
Con su respaldo a la resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas, los gobiernos pueden mostrar su apoyo a que se aborde la crisis climática y se protejan los derechos humanos de las generaciones actuales y futuras. La votación a favor de la resolución de una mayoría abrumadora de Estados indicaría la determinación de la comunidad internacional de atajar la amenaza existencial que plantea el cambio climático y de promover un enfoque de la crisis climática basado en los derechos humanos.”
