Las mentiras
Mientras las familias rebuscan entre la poca información que les han proporcionado, las autoridades a ambos lados de la frontera continúan entre el silencio y la mentira. El ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, miente cuando dice que no hubo ningún muerto o que “ningún hecho trágico” sucedió en territorio español. Sabemos que no fue así: toda la instalación del paso fronterizo del Barrio Chino se encuentra completamente dentro de los límites del territorio español, tal y como aseguran varios expertos consultados por Amnistía Internacional en base a la información disponible en el Centro Nacional de Información Geográfica (CENIG).
Además la organización recuerda que la “zona operacional conjunta”, ese limbo con el que el ministro parece referirse a una zona oscura donde no es necesario respetar los derechos humanos, es una región internacionalmente reconocida como frontera terrestre de la Unión Europea (UE), y por lo tanto sujeta a las leyes europeas, entre ellas el conjunto de normas que protegen y regulan el derecho de asilo. Las fuerzas de seguridad españolas hicieron un uso indebido de pelotas de goma, gases lacrimógenos, así como de gas pimienta a corta distancia contra personas atrapadas que estaban siendo asediadas al mismo tiempo por las fuerzas marroquíes.
Y hechos trágicos sucedieron: porque las fuerzas de seguridad españolas hicieron un uso indebido de pelotas de goma, gases lacrimógenos, así como de gas pimienta a corta distancia contra personas atrapadas que estaban siendo asediadas al mismo tiempo por las fuerzas marroquíes y que, por lo tanto, no presentaban peligro alguno. Personas heridas varias partes del cuerpo por ser golpeadas por agentes españoles —que necesitaron varios puntos— fracturas de mandíbula, gente inconsciente en el suelo, personas intentando huir, cegados por el gas pimienta… Los testimonios, los vídeos y las pruebas médicas son suficientes como para saber que los hechos distaban mucho de ser poco trágicos. El uso excesivo de la fuerza puede constituir tortura cuando se emplea en zonas muy concurridas, o cerradas, como en este caso.
Marlaska engaña cuando niega la falta de asistencia sanitaria por parte de las autoridades españolas: tras dos horas de violenta represión contra migrantes y posibles refugiados, tanto las autoridades marroquíes como las españolas tardaron otras diez horas en proporcionar ayuda médica a los heridos, un fallo (o más bien, una violación del derecho a la salud y a la vida que constituye tortura y otros tratos crueles y degradantes) que pudo contribuir a la pérdida evitable de vidas humanas. Si eso no son hechos trágicos, no sé cómo los calificará el ministro.
También mienten las autoridades españolas cuando dicen que es posible solicitar asilo en la frontera de Beni Enzar, el único puesto fronterizo en Melilla, tal y como demuestran numerosos informes de organismos internacionales acerca de cómo las autoridades marroquíes impiden, a través de prácticas discriminatorias, a las personas racializadas acercarse a él. Tampoco las embajadas son una opción para quienes quieren solicitar protección internacional.
Y, por supuesto, miente cuando justifica las devoluciones sin los debidos procedimientos.
Los derechos de las personas migrantes y refugiadas no se limitan en función de cómo y por qué llegan a un país. Por ejemplo, el principio de “no devolución”, piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos sobre refugiados, y que prohíbe que toda persona sea devuelta a un lugar donde corre peligro de sufrir graves abusos (como persecución, tortura, etcétera), sigue vigente, independientemente de que una entrada de migrantes se complique.
Las autoridades españolas y marroquíes mostraron una cruel indiferencia por este principio. España devolvió de forma ilegal hasta a 470 personas (según el propio Defensor del Pueblo). Dejó a personas “sangrando y con heridas abiertas” en manos de las fuerzas marroquíes, que han sido acusadas de terribles violaciones de derechos humanos durante décadas, un país que no ha adoptado legislación nacional sobre refugiados ni procedimientos de asilo compatibles con las normas internacionales.
Algunas fueron llevadas a las prisiones marroquíes, y después sometidas, más de 60 de ellas, a juicios que podrían ser injustos ante los indicios de vulneración de garantías procesales por cargos relacionados con los hechos del 24 de junio y condenadas a penas de prisión de entre dos y tres años por cargos que van desde “insulto y violencia contra agentes de las fuerzas de la autoridad y el orden” hasta “facilitación y organización de la emigración irregular y la entrada irregular”, aunque fueron absueltos de los delitos de “reunión armada” y “causar heridas con armas blancas”.
Otras fueron trasladadas en autobuses y abandonadas en zonas remotas a 1.000 kilómetros de Nador sin ayuda médica para los malheridos y sin pertenencias con las que poder encontrar un refugio.
El silencio
Marlaska no dice la verdad, pero Marruecos calla. Su única explicación ha sido que los migrantes iban armados con palos y machetes, piedras y cuchillos y atacaron a las fuerzas de seguridad, frente al “alto nivel de control y profesionalidad” con la que actuaron sus oficiales, según el embajador de Marruecos. Respondieron, alegan, “de manera responsable” y con la intención de “no dar ningún incentivo a las redes de tráfico de seres humanos”, según su ministro de Exteriores. Declararon que la mayoría de las muertes se produjeron por las caídas desde lo alto de la valla, cuando los 19 testimonios recopilados por Amnistía Internacional aseguran que no vieron a nadie morir por la caída, y que las vallas eran demasiado bajas para causar la muerte.
Desde entonces, salvo con algunas excepciones, el silencio ha imperado sobre el imperio alahuí, que tampoco ha contestado a los informes de Amnistía Internacional. Su silencio no sería tan dañino si no fuera porque estamos hablando de que aún hay familias que no saben si sus seres queridos están vivos o muertos, o si pueden enterrar sus cuerpos.
Marruecos oculta cuando impide a los familiares encontrar a sus desaparecidos: al menos a dos ONG del país se les impidió, en los días posteriores, visitar hospitales e identificar cadáveres en las morgues. Las autoridades no han publicado un listado de los fallecidos ni se han puesto en contacto con los familiares, ni mucho menos han hecho nada por encontrar a los que pueden estar vivos.
El Estado africano calla sobre graves violaciones de derechos humanos y cuando oculta que en los 84 días antes del 24 de junio realizaron 31 ataques, aproximadamente el mismo número que en todo 2021. La policía y las fuerzas de seguridad marroquíes hicieron redadas en el campamento donde se alojaban muchas de las personas migrantes, quemaron sus pertenencias y arrojaron bombas lacrimógenas y piedras, destruyendo sus pertenencias y dejándoles sin comida ni bebida durante los días previos a los hechos. Los ataques, cada vez más violentos, por parte de las fuerzas marroquíes, hicieron la vida imposible en los bosques, por lo que muchos migrantes se pusiero en marcha.
Su silencio es clamoroso cuando los vídeos analizados por organizaciones y medios de comunicación muestran con claridad la fuerza con la que golpearon a las personas migrantes atrapadas en el puesto fronterizo de Barrio Chino, la despiadada crueldad con la que los subieron heridos a autobuses que los dejaron en zonas remotas a cientos de kilómetros. No es la primera vez que Marruecos abandona a migrantes a su suerte, pero sí quizá una de las más impactantes cuando las ONG locales hablan de 77 personas desaparecidas. Kori, un joven sudanés de 17 años, perdió muchos amigos es día. Dijo que, después del intento de entrada, él, junto con “todas las personas capturadas por la policía”, fueron llevados por la policía marroquí a la prisión, donde fueron “golpeados a martillazos en la cabeza hasta que fallecían”. “Estuve en prisión durante dos días. Luego me subieron a un autobús y me dejaron en Beni Milal. En el camino, dos de mis colegas murieron en el autobús”, le explicó a Amnistía Internacional.
Los hechos
“¿La verdad? Puede que no la soportaras”, decía Amenábar en Abre los ojos. Y es que esta verdad, que algunas de las personas entrevistadas describen como un laberinto hacia la muerte, es difícil de afrontar.
Pero los hechos son irrefutables. En la mañana del 24 de junio entre 1.500 y 2.000 personas migrantes y refugiadas, en su mayoría procedentes de Sudán, intentaron cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla. Llegaron en grupo desde los bosques que rodean Nador hasta el Barrio Chino en al ciudad autónoma, donde se encontraron con alrededor de cien efectivos marroquíes armados con equipos antidisturbios. Durante las siguientes dos horas, quienes intentaban por un lado abrir la valla, y por otro, escalarla, se enfrentaron a la respuesta de la policía de ambos países, atrapándoles en lo que algunos testimonios describen como una caja o una jaula. Por un lado, la guardia magrebí disparándoles con gases lacrimógenos, arrojándoles piedras y golpeándolos con porras. Por otro, la española disparando pelotas de goma, botes de humo, gas pimienta y gases lacrimógenos a corta distancia, incluso cuando ya estaban atrapadas dentro del recinto fronterizo y estaba claro que ya no podían escapar.
En la mañana del 24 de junio, entre 1.500 y 2.000 personas migrantes y refugiadas, en su mayoría procedentes de Sudán, intentaron cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla En ese momento, unas 400 personas quedaron atrapadas en 200 metros cuadrados, mientras los agentes seguían dispuestos a disparar y golpear, vivos o muertos, heridos o sin mostrarse responsivos, sin tampoco importarles que estuvieran en un espacio encerrado. “Nos dimos cuenta entonces de que estábamos en una caja: las fuerzas marroquíes y españolas seguían tirándonos de todo (gas, piedras, pelotas de goma…). No podíamos ver nada, y era muy difícil respirar”, cuenta Zacharias, de 22 años y procedente de Chad. Abdessalam, de origen sudanés, relataba cómo, mientras escalaba la primera valla antes de que se derrumbara, vio cómo los agentes marroquíes pegaban hasta la muerte a su hermano y a su tío. “Murieron por los golpes”, lamenta.
Las tétricas escenas no dejaron de sucederse en esas dos horas. Tal y como relata Zacharias fue la policía española la que le cogió cuando consiguió saltar la valla, y le golpeó en la cabeza con una porra: “Mi cara estaba cubierta de sangre. Me ataron las manos a la espalda, me agarraron de la camiseta y me pasaron a través de la valla hasta donde los genderames marroquíes me estaban esperando. Seguí viendo cómo golpeaban a más gente que estaba en el suelo inconsciente”.
Después, como bien es sabido, las ambulancias tardaron en llegar y en atender a los heridos.
La verdad
Marlaska no es el único que miente, también representantes de otros partidos políticos han aprovechado la coyuntura para difundir bulos racistas sobre las personas migrantes.
Pero entre tanta mentira, hay una grave verdad: la falta de información oficial sobre lo sucedido genera un dolor y una angustia constante a los familiares de las víctimas y de los desaparecidos, y vulnera sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Más allá de que seis meses después ni un solo responsable haya sido llevado hasta la justicia, tampoco las investigaciones abiertas parecen analizar el papel que el racismo contra las personas negras y racializadas jugaron en las violaciones de derechos humanos antes, durante y después del 24 de junio. Tal y como señala la secretaria general de Amnistía Internacional, estas mentiras, este silencio, “huele a encubrimiento y a racismo”.
Y si España y Marruecos encubren, ¿será el Parlamento Europeo o algunos organismos internacionales, como Naciones Unidas, quienes tendrán que desentrañar la verdad sobre delitos de derecho internacional, incluidos asesinatos y torturas y otros malos tratos?
Artículo redactado por Ana Gómez Pérez-Nievas, responsable de medios de Amnistía Internacional España, y publicado por El País, aquí.
