Ante las medidas anunciadas por los gobiernos británico y canadiense para impedir que llegue combustible para aviación al ejército de Myanmar, Montse Ferrer, investigadora de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos, ha declarado:
“Las iniciativas para detener el suministro de combustible para aviación al ejército de Myanmar, anunciadas hoy por los gobiernos canadiense y británico, son un paso importante para poner fin a la contribución de las empresas a los crímenes de guerra del ejército.
“Hasta ahora, la inacción de los gobiernos había permitido que el ejército de Myanmar utilizara combustible para aviación importado para lanzar ataques aéreos que han devastado familias y aterrorizado a civiles.
“Aunque las empresas a las que se ha dirigido Reino Unido son actores clave en la industria del combustible para aviación en Myanmar, los países deben tomar medidas respecto de toda la industria para detener la circulación de este combustible.
“Otros Estados deben seguir el ejemplo de Canadá y suspender el suministro directo e indirecto, la venta o transferencia —incluidos el tránsito, el transbordo y la intermediación— de combustible para aviación a Myanmar. Esta suspensión debe continuar hasta que se adopten mecanismos eficaces para garantizar que este combustible no se utilizará para llevar a cabo ataques aéreos devastadores que constituyen violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.”
Información complementaria
La víspera del segundo aniversario del golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021, varios países han impuesto nuevas sanciones a Myanmar, en esta ocasión centradas en la industria del combustible para aviación que permite que la fuerza aérea de Myanmar lleve a cabo ataques aéreos que se traducen en crímenes de guerra, el desplazamiento de comunidades enteras, muertes y lesiones de mujeres, hombres y niños y niñas civiles, y la destrucción de infraestructura civil.
El gobierno de Canadá ha decidido hoy prohibir la exportación, venta, suministro o envío de combustible para aviación al ejército de Myanmar.
Reino Unido también ha anunciado sanciones en la industria del combustible para aviación contra dos empresas de Myanmar y dos personas a las que Amnistía Internacional había identificado en Deadly Cargo: Exposing the supply chain that fuels war crimes in Myanmar por desempeñar un papel esencial en la importación, gestión y transporte de combustible para aviación a la fuerza aérea de Myanmar.
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, Amnistía ha documentado violaciones de derechos humanos generalizadas, incluidos crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la oleada de represión de la oposición que ejercen las fuerzas armadas en todo el país.
En noviembre de 2022, Amnistía inició una campaña para pedir que se suspendiera la provisión de combustible para aviación a fin de impedir a las fuerzas armadas de Myanmar realizar ataques aéreos ilegítimos. La investigación también identificó a empresas que intervienen en diferentes eslabones de la cadena de suministro.
