“Las autoridades tailandesas han detenido, enjuiciado, vigilado e intimidado a manifestantes menores de edad por participar en protestas multitudinarias sin precedentes”, ha declarado hoy Amnistía Internacional, que ha pedido que se retiren los cargos y se ponga fin al hostigamiento destinado a disuadir que se unan a las protestas.
El nuevo informe de Amnistía Internacional, titulado “We are Reclaiming Our Future”, se basa en entrevistas con 30 menores de edad activistas y manifestantes de todo el país que participaron en protestas multitudinarias entre 2020 y 2022.
En comparación con oleadas de protestas anteriores en Tailandia, un número extraordinario de participantes eran estudiantes de secundaria menores de 18 años que reclamaban reformas educativas, políticas, económicas y sociales a lo que consideraban un sistema paternalista y rígidamente conservador. También desempeñaron un papel importante menores LGBTI e indígenas, así como miembros de otros grupos étnicos minoritarios.
Hasta la fecha, casi 300 personas menores de 18 años han sido enjuiciadas por cargos penales, y algunas podrían pasar años en prisión tras ser acusadas de sedición o de insultar a la monarquía. Es la primera vez que se conoce la apertura de causas de lesa majestad contra menores en Tailandia. La mayoría fue acusada de infringir normas sobre reuniones públicas multitudinarias contenidas en el decreto de emergencia dictado en relación con la pandemia y que ya ha sido revocado.
“Menores que tienen toda la vida por delante afrontan ahora graves consecuencias sólo por participar en protestas pacíficas”, afirmó Chanatip Tatiyakaroonwong, investigador sobre Tailandia de Amnistía Internacional. “Tailandia tiene la obligación legal de garantizar el derecho de las personas menores de edad a la libertad de reunión pacífica, pero, en lugar de eso, ejercer ese derecho está costando muy caro a quienes protestan, que podrían pasar décadas entre rejas”.
Tácticas dañinas
Amnistía Internacional ha documentado diversas tácticas empleadas para reprimir el derecho a protestar. Las autoridades supervisaban o vigilaban de forma habitual a las personas menores que protestaban en favor de la democracia; intimidaban directamente a las que pertenecían a grupos étnicos minoritarios por participar en reuniones públicas, y hacían preguntas innecesarias e invasivas en las comprobaciones de antecedentes, como, por ejemplo, si la persona tenía relaciones con alguien del mismo sexo.
Chompoo*, manifestante residente en Bangkok de 13 años, dijo a Amnistía Internacional que las autoridades la seguían desde que comenzó su activismo en marzo de 2022. Igualmente, las autoridades siguieron a un activista LGBTI de 16 años hasta su domicilio y su escuela, lo que afectó a su salud mental, pues empezó a sufrir ataques de pánico, insomnio y otros síntomas de estrés debido a la vigilancia continua.
En algunos casos, las autoridades hicieron uso indebido de los poderes que les confiere la Ley de Protección de la Infancia para impedir de forma injustificada que personas menores participaran en protestas. Anna, activista estudiantil residente en Bangkok que defiende la reforma educativa, dijo que la policía y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana —el principal organismo encargado de la protección de la infancia— la sacaron a rastras de un restaurante a ella y a sus amistades porque las autoridades temían que fueran a protestar en el Monumento a la Democracia, ante el que iban a pasar miembros de la familia real.
Amnistía Internacional también ha documentado que las autoridades presionaron a los progenitores para que disuadieran a sus hijos e hijas de participar en las protestas o impidieran su participación. Esto provocó tensiones familiares que, en dos casos documentados por Amnistía Internacional, desembocaron en violencia doméstica contra los menores.
“Cuando mi familia supo de mi participación en el movimiento de protesta, empezamos a discutir mucho”, dijo Satapat, que participó en las protestas prodemocracia en 2020 cuando tenía 17 años y estudiaba secundaria en la ciudad meridional de Pattani. “Entonces mis padres empezaron a usar la violencia física y a presionarme confiscándome mi asignación diaria y mi teléfono móvil. Tuve que huir de casa y me fui a vivir con un amigo”.
“Además de los cargos, algunas de estas personas podrían sufrir el castigo adicional de ser repudiadas por sus propios progenitores o sufrir malos tratos a manos de éstos debido a la presión a la que los someten las autoridades”, añadió Tatiyakaroonwong.
Entorno hostil
Amnistía Internacional ha evaluado con detalle las condiciones de seguridad en las protestas desde 2020. La preocupación se intensificó en 2021, tras el aumento de la represión por la policía y la escalada de la violencia en los lugares donde se producían las protestas.
Tres jóvenes manifestantes que tenían en aquel entonces 14, 15 y 16 años, recibieron disparos de armas de fuego, presuntamente por particulares, frente a la comisaría de policía de Din Daeng, en Bangkok, el 16 de agosto de 2021.
Uno de ellos, Warit Somnoi, de 15 años, recibió un disparo en el cuello, permaneció varios meses en coma y murió más tarde a causa de las heridas. Tras su muerte, la fiscalía pidió a la policía en reiteradas ocasiones una serie de pruebas que ésta no presentó, lo que provocó un gran retraso en la investigación. Finalmente, la fiscalía encausó a un ciudadano particular por asesinato, pero no se ha celebrado aún ningún juicio.
Amnistía Internacional habló también con un abogado de derechos humanos que ha representado a varios clientes menores de 18 años y que describió malos tratos a manos de agentes de la policía, como el uso de instrumentos de inmovilización y de palizas durante las detenciones, y el empleo de balas de goma durante la represión de las protestas.
Según informes, las autoridades usaron bridas para cable para inmovilizar a una persona de 12 años durante la represión policial de una protesta antigubernamental cerca del cruce de Din Daeng de Bangkok el 13 de julio de 2021. Sainam, otro manifestante que tenía 17 años en aquella fecha, dijo que le habían disparado balas de goma en una protesta en Bangkok.
“Después de que me disparasen, traté de huir, pero la policía antidisturbios se me acercó por delante y por detrás. Me agarraron y me hicieron caer. Luego recuerdo que me dieron patadas y usaron algo duro —como un bastón o una pistola— para pegarme. Me registraron todo el cuerpo, me ataron con bridas para cable y siguieron dándome patadas”, dijo, añadiendo que sólo pudo ver al médico la mañana siguiente tras ser puesto en libertad.
Amnistía Internacional pide al gobierno tailandés que retire todas las actuaciones penales contra menores de edad que protestaban de forma pacífica; ponga fin a todas las formas de intimidación y vigilancia; y derogue o reforme las leyes empleadas para limitar el derecho a protestar de las personas menores a fin de garantizar que son compatibles con las leyes y normas internacionales de derechos humanos.
“Sea para entrar en la universidad o pedir trabajo, muchas de estas personas están empezando ahora la siguiente etapa de su vida. Nuestro mensaje a las autoridades tailandesas es simple: Dejen de refrenarlas y permitan que ejerzan sus derechos libremente”, concluyó Tatiyakaroonwong.
