En respuesta a los informes según los cuales una propuesta de Directiva de la UE sobre empresas eximirá a éstas de abordar los peligros en materia de derechos humanos relacionados con el uso que se dé a sus productos, incluidas armas, instrumentos de tortura o material de vigilancia, Hannah Storey, asesora de política sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Esta exención supondría una peligrosa equivocación. Imaginemos, por ejemplo, una empresa de la UE que vende balas de goma a un país cuyas autoridades tienen un historial de uso de este producto para disparar a personas que se manifiestan pacíficamente. Según la actual redacción de la Directiva, la empresa debería evaluar los peligros en materia de derechos humanos que implica el almacenamiento y el transporte de las balas de goma, pero no su uso real, lo cual es absurdo.

La Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad tiene potencial para ser una ley histórica de la UE, pero para ello debería exigir a las grandes empresas que abordaran el impacto medioambiental y en materia de derechos humanos de sus productos, servicios y suministros. Sin embargo, no lo hace, y en la práctica esta omisión se traducirá en la protección de algunos de los peores infractores empresariales de Europa en materia de derechos humanos”.

“Así las cosas, se trata de una oportunidad lamentablemente perdida de establecer obligaciones vinculantes sobre diligencia debida en materia de derechos humanos de las empresas que operan en la UE, y de evitar que sus productos o servicios causen dolor y sufrimiento. Pedimos que la exención sobre el uso se anule para poder proteger los derechos humanos.”

Información complementaria

Está previsto que el Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Parlamento Europeo fije su postura respecto a la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad a finales de abril, y que el Parlamento la vote en mayo. A continuación comenzarán las negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea sobre una versión definitiva de la Directiva. En su redacción actual, la postura del Comité no cumple las normas internacionales de derechos humanos, que exigen a las empresas que evalúen los riesgos y repercusiones para los derechos humanos a lo largo de sus cadenas de valor, desde la extracción de materias primas al uso de sus productos y servicios.