“Los primeros informes sobre losataques aéreos en la región de Sagaing son aterradores. Causan muertos y heridos entre la población civil, destruyen viviendas y son una característica propia del ejército de Myanmar, que llega a niveles execrables para aplastar la resistencia e infundir miedo en la población. Los civiles de Myanmar se lleva la peor parte de estas tácticas repugnantes", declaró la investigadora sobre empresas y derechos humanos de Amnistía Internacional, Montse Ferrer, en respuesta a los informes sobre los ataques aéreos perpetrados en el municipio de Kanbulu.
“Los incesantes ataques aéreos en todo Myanmar ponen de relieve la urgente necesidad de suspender la importación de combustible para aviación. Amnistía reitera su llamamiento a todos los Estados y empresas para que detengan los envíos que puedan acabar en manos de la Fuerza Aérea de Myanmar. Esta cadena de suministro fomenta violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, y debe interrumpirse para salvar vidas.
“Aunque se han tomado algunas medidas significativas, la comunidad internacional puede y debe hacer más para detener los ataques contra civiles en Myanmar. Estos ataques aéreos se producen justo antes de que se cumplan dos años desde que se alcanzara el consenso de cinco puntos en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) sobre Myanmar, que ha fracasado rotundamente a la hora de detener las atrocidades del ejército.
“En lugar de quedarse en un segundo plano, la ASEAN debe dar un paso al frente y desempeñar un papel protagonista en la resolución de la catástrofe de derechos humanos en Myanmar. El Consejo de Seguridad de la ONU debe encontrar maneras de impulsar acciones efectivas para que el ejército de Myanmar rinda cuentas, por ejemplo llevando la situación del país ante la Corte Penal Internacional”.
Información general:
En la mañana del 11 de abril, el ejército de Myanmar llevó a cabo ataques aéreos contra un pueblo del municipio de Kanbulu, en la región de Sagaing, según los primeros informes e imágenes de las redes sociales. Se cree que un número indeterminado de personas, incluidos niños y niñas, han muerto en el ataque. Amnistía Internacional no ha podido verificar los detalles de forma independiente.
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, Amnistía ha documentado violaciones de derechos humanos generalizadas, incluidos crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad, en el contexto de la oleada de represión de la oposición que ejercen las fuerzas armadas en todo el país.
En noviembre de 2022, Amnistía Internacional inició una campaña para pedir que se suspendiera la provisión de combustible para aviación a fin de impedir a las fuerzas armadas de Myanmar realizar ataques aéreos ilegítimos. La investigación también identificó a empresas que intervienen en diferentes eslabones de la cadena de suministro.
La víspera del segundo aniversario del golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021, varios países impusieron nuevas sanciones a Myanmar, en esta ocasión centradas en la industria del combustible para aviación.
El gobierno de Canadá decidió prohibir la exportación, venta, suministro o envío de combustible para aviación al ejército de Myanmar. Reino Unido también anunció sanciones contra dos empresas de Myanmar y dos personas a las que Amnistía Internacional había identificado en el informe Deadly Cargo: Exposing the supply chain that fuels war crimes in Myanmar por desempeñar un papel esencial en la importación, gestión y transporte de combustible para aviación a la fuerza aérea de Myanmar.
En marzo de 2023, Reino Unido anunció una segunda ronda de sanciones contra personas y empresas expuestas en la última investigación de Amnistía Internacional sobre el suministro de combustible para aviación a Myanmar.
La Unión Europea y Estados Unidos también han anunciado sanciones contra varias personas y entidades que participaron en la importación, almacenamiento y distribución de combustible para aviación al ejército de Myanmar.
