· Las personas con discapacidad viven en campamentos en condiciones inadecuadas

· La falta de instalaciones de saneamiento y de apoyo especializado pone en peligro la salud

· Las autoridades turcas y los agentes humanitarios deben actuar con urgencia para garantizar una respuesta inclusiva

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que la respuesta humanitaria a los devastadores terremotos que sacudieron Turquía ignora a las personas con discapacidad que viven en los campos para personas desplazadas.

El informe, ‘We all need dignity’: The exclusion of persons with disabilities in Türkiye’s earthquakes response, documenta la vida actual de las personas con discapacidad en refugios inadecuados, y cómo la respuesta a la catástrofe dada por las autoridades y los agentes humanitarios socava su dignidad y su derecho a la salud.

Durante los potentes terremotos que sacudieron Turquía en febrero de 2023, más de 48.000 personas perdieron la vida y más de 100.000 resultaron heridas —muchas de ellas sufrieron amputaciones u otras lesiones que dejan secuelas para toda la vida—. Se calcula que unos 3,3 millones de personas han quedado desplazadas, y que, de ellas, 2,3 millones se refugian en campamentos de tiendas y asentamientos de contenedores. Según una evaluación conjunta del gobierno turco y la ONU, se prevé que hasta un 70% de las personas heridas que han sobrevivido al terremoto sufran alguna discapacidad.

“El inmenso sufrimiento humano causado por los terremotos se ve agravado en el caso de las personas con discapacidad, que sufren el abandono de la respuesta humanitaria”, ha manifestado Matthew Wells, director adjunto de investigación del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

“La respuesta indiferenciada a la hora de proporcionar refugio de emergencia no tiene en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad para vivir con dignidad, e impide a muchas el acceso a la ayuda humanitaria en igualdad de condiciones.”

“El gobierno de Turquía y los agentes humanitarios, incluidos los donantes internacionales, deben tomar medidas urgentes para garantizar una respuesta humanitaria que tenga en cuenta a todas las personas sobrevivientes, incluidas las que tienen discapacidad. Se deben abordar sus necesidades proporcionándoles el apoyo especializado que necesitan.”

Amnistía Internacional es consciente de la dimensión y la gravedad de la crisis humanitaria causada por los terremotos. No obstante, independientemente de la envergadura de la emergencia, se deben respetar plenamente los derechos de las personas con discapacidad.

El informe se basa principalmente en visitas a las provincias de Adiyaman, Gaziantep, Hatay y Kahramanmaras, en el sur de Turquía. Entre marzo y abril de 2023, el personal investigador de Amnistía Internacional realizó 131 entrevistas a sobrevivientes de los terremotos con las que documentó la experiencia de 34 personas con discapacidad (10 mujeres, 15 hombres y 9 niños y niñas). Entre las personas entrevistadas había 19 con distintos tipos de discapacidad, 26 familiares de personas con discapacidad, y 13 trabajadores y trabajadoras humanitarios de los equipos de respuesta.

Condiciones de desplazamiento inadecuadas

En los 21 lugares que visitó Amnistía Internacional, las personas sin movilidad o con movilidad reducida no podían acceder a las instalaciones de saneamiento comunes, situación que se repetía de forma generalizada, según confirmó el personal de ayuda humanitaria. Al no tener acceso a letrinas, ahora muchas dependen de quienes las cuidan y de productos como los pañales para adultos que reciben a través de la ayuda humanitaria.

Una refugiada siria de 48 años que había sufrido la amputación de la pierna izquierda y parte del pie derecho a causa de la diabetes explicó: “No me arreglo yo sola para usar los baños comunes. Mis familiares me tienen que ayudar a moverme desde la silla de ruedas al inodoro, y cada vez que lo uso tienen que vaciarlo y limpiarlo… Los seres humanos necesitamos un poco de privacidad y dignidad, pero en estas circunstancias es muy difícil tenerlas”.

Nurcan, una mujer de 32 años con discapacidad física que depende de su familia para que la lleven a las instalaciones del campamento, nos contó: “No puedo usar el baño. No puedo ducharme… No como bien. Tengo miedo de que si como aquí como comía antes me tengan que llevar al baño”.

Una niña de 13 años que perdió la pierna derecha en el terremoto en el que también murió su madre relató su experiencia a Amnistía Internacional. Se ha visto obligada a llevar pañales y depende de su hermana de 18 años para que se los cambie y la limpie. Su hermana dijo: “No puede usar el inodoro porque es demasiado inestable, y una caída sería muy peligrosa para la herida de la amputación… A veces me creo que estoy en una pesadilla, pero luego me doy cuenta de que es la realidad.”

Esta respuesta de emergencia no cumple las obligaciones de derecho humanos ni los principios humanitarios de inclusión y no discriminación. Casi todas las personas con discapacidad a las que entrevistó Amnistía Internacional —incluidas las de edad avanzada con movilidad reducida— eran dependientes de familiares, pues no podían recoger los alimentos ni otros artículos, como kits de higiene personal, en los puntos de reparto.

Necesidad apremiante de servicios de salud especializados

Amnistía Internacional también ha documentado la escasez de dispositivos de apoyo apropiados, como sillas de ruedas, y la interrupción de la atención especializada, como los servicios de rehabilitación.

Bahir Ghazi, un hombre de 58 años que vive en un campo para personas desplazadas del centro de Antakya, afirmo que sus dos hijas con discapacidad física, de 22 y 32 años, acudían a un centro de rehabilitación dos veces a la semana, pero el edificio se había derrumbado durante el terremoto. Hasta ahora no se les ha ofrecido una alternativa.

Los terremotos provocaron un cese masivo en el funcionamiento de los servicios de salud, incluidos los que atendían a las personas con discapacidad, debido al derrumbamiento o los graves daños sufridos por las instalaciones, y a la muerte, las lesiones y el desplazamiento del personal.

Amnistía Internacional también concluyó que era urgente ampliar los servicios de salud mental y de apoyo psicosocial para abordar las necesidades existentes y futuras.

Fadime Cetin, de 51 años, está enferma de cáncer y cuida de su esposo con alzhéimer y sus dos hijos con discapacidad. Contó a Amnistía Internacional que su familia fue rescatada de debajo de los escombros cinco días después de que su edificio de tres plantas se derrumbara en la ciudad de Kahramanmaras y matara a varios miembros de la familia.

Fadime dijo que la seguridad de su hijo de 17 años, que tiene una enfermedad mental, es un motivo de preocupación constante. Contó que “a veces agarra los hiyabs de las mujeres” y que “cuando hace esas cosas, la gente le pega y lo insulta”. Además, a veces deambula por la calle, cerca del lugar de desplazamiento informal en el que están, y se sienta en medio del tráfico. Eso hace que por el día tenga

que atarlo por un pie a un palé de madera que hay fuera de la tienda para restringir sus movimientos. Añadió: “Antes no lo atábamos dentro de casa. En casa era libre”.

Melek, de 35 años, vive con sus tres hijos y familiares políticos en un campamento de tiendas en Narli, a las afueras de la ciudad de Kahramanmaras. Relató que su hija de cinco años presentaba signos de angustia desde el terremoto, entre ellos hablar en sueños. Melek contó: “A veces, cuando la despierto para ir al baño, lo primero que me pregunta es si hay un terremoto”.

Hace falta una respuesta humanitaria inclusiva

Turquía es Estado Parte en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, como tal, su gobierno tiene la obligación de tomar medidas para promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad.

El gobierno de Turquía y los agentes humanitarios deben garantizar que las personas con discapacidad y quienes las cuidan reciben el apoyo adecuado, entre otras cosas haciendo accesibles las instalaciones de saneamiento y mejorando la entrega de la ayuda. Dicho apoyo también debe incluir la recogida y el análisis sistemáticos de datos desglosados por edad, género y discapacidad, que han de ponerse a disposición de los agentes humanitarios que participan en la respuesta de emergencia a fin de garantizar un servicio adecuado y eficaz basado en las necesidades.

“Es evidente que el apoyo prestado a las personas con discapacidad después de los terremotos tiene deficiencias fundamentales. Los efectos de esta catástrofe humanitaria dejarán secuelas durante generaciones. Es esencial que las personas con discapacidad tengan acceso igualitario a las instalaciones y los servicios”, declaró Nils Muižnieks, director de la Oficina Regional para Europa de Amnistía Internacional.

“Los donantes internacionales también deben brindar más apoyo a la respuesta humanitaria en Turquía en esta crisis sin precedentes, y aumentar la ayuda técnica y económica, lo que incluye satisfacer de inmediato las necesidades de las personas con discapacidad.”