En respuesta a la sentencia emitida por la Corte Suprema de Estados Unidos en dos causas cuyo objetivo era hacer responsables a las plataformas de redes sociales del contenido de terceros, y su decisión de no revisar el artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, Pat de Brún, director adjunto de Amnesty Tech, ha declarado:
“Si bien estas resoluciones judiciales han evitado que se revise la legislación en Estados Unidos, el hecho es que continúa siendo urgente un cambio radical en la regulación de las grandes empresas tecnológicas. Los tribunales no están preparados para cubrir el vacío legal producto de la falta de normativas eficaces y exhaustivas sobre estas empresas. Estas resoluciones deben servir de acicate para que los legisladores se apliquen a la tarea, pendiente desde hace largo tiempo, de promulgar una normativa que controle el sector.
“En todo el mundo hay muchas comunidades, como la rohinyá en Myanmar, que piden justicia y rendición de cuentas por los daños en materia de derechos humanos que ha causado o ha contribuido a causar el modelo empresarial de las grandes empresas tecnológicas. La diligencia debida en materia de derechos humanos, eficaz y adecuadamente aplicada y regulada, podría haber evitado o mitigado los daños sufridos por la comunidad rohinyá a los que Meta contribuyó en 2017. Al no existir una normativa eficaz, hay un grave peligro de que la historia se repita una y otra vez.
“En última instancia, necesitamos una normativa adecuada para proteger los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, pero también para exigir responsabilidades a las grandes empresas tecnológicas por los graves perjuicios que puede ocasionar la amplificación de contenido dañino. De India a Etiopía, pasando por Brasil y Estados Unidos, los algoritmos de las grandes tecnológicas, ajenos a cualquier normativa, están optimizados para maximizar los beneficios y el consumo de esta tecnología, y esto aviva las llamas de la violencia étnica, la desinformación y la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.
“Gobiernos y legisladores tienen la obligación de derecho internacional de introducir normativas que puedan proteger nuestros derechos humanos de los abusos de las empresas. Empresas como Meta y Google deben estar sujetas a estrictos requisitos de supervisión y transparencia, incluida la diligencia debida obligatoria en materia de derechos humanos con arreglo a las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos.”
Información general:
La investigación de Amnistía Internacional demostró que Meta había contribuido sustancialmente a la limpieza étnica y el desplazamiento forzado de más de 700.000 rohinyás en 2017, pero la empresa aún no ha proporcionado recurso efectivo a las personas supervivientes.
Amnistía Internacional ha denunciado en ocasiones anteriores cómo el modelo empresarial basado en la vigilancia que subyace a grandes empresas tecnológicas como Meta y Google amenaza gravemente toda una serie de derechos humanos.
