En este contexto, Amnistía internacional envió una carta a la Fiscal María José Barrero Sahagún, titular de la Unidad Fiscal, en relación con la investigación penal que se impulsa para el esclarecimiento de la muerte violenta de Griselda Blanco.
La organización de derechos humanos transmitió su máxima preocupación para que se garantice una investigación urgente, eficaz, imparcial y exhaustiva sobre todas las violaciones de derechos humanos cometidas, en particular, considerando su labor como periodista, integrante de la Asociación de Periodistas de Corrientes, que venía denunciando abusos dentro de las fuerzas de seguridad entre otras cuestiones vinculadas al poder político y policial. Por ello, enfatiza que se adopten las medidas necesarias para considerar todas las hipótesis acerca del desarrollo de los hechos, sin omitir líneas de investigación plausibles o actos relevantes.
“El Estado debe garantizar la debida diligencia en la investigación de la muerte de una mujer periodista, obligación reforzada por el rol de la víctima como comunicadora social, profesión fundamental para la convivencia democrática, la libertad de expresión, la transparencia y máxima rendición de cuentas a la que deben ser sometidos los agentes estatales o que cumplan un rol público”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
El derecho internacional de los derechos humanos define una serie de lineamientos claros para el avance de las investigaciones ante posibles violaciones a los derechos humanos como elemento fundamental para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y familiares y el castigo efectivo a los responsables.
En lo que refiere a la obligación de investigar la violación del derecho a la vida de periodistas y comunicadores sociales la Relatoría Especial sobre libertad de expresión de la OEA ha señalado que el asesinato de periodistas y comunicadores sociales, por motivos relacionados con su trabajo periodístico, constituye la más grave violación del derecho a la libertad de expresión.
Por ello es que Amnistía Internacional se mantiene alerta al desarrollo de una investigación independiente y oportuna a los efectos de conocer la verdad sobre la muerte de Griselda Blanco y garantizar el acceso a la justicia en armonía con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
