Las autoridades rusas emplean tácticas cada vez más crueles para reprimir el activismo contra la guerra en el propio país cuando su guerra de agresión total contra Ucrania ha cumplido 500 días. Una nueva publicación de Amnistía Internacional expone las diversas leyes y prácticas represivas que emplea Rusia para sofocar el movimiento contra la guerra en el propio país y cuya aplicación ya ha sometido a más de 20.000 personas a duras represalias.
“La represión en Rusia tiene raíces profundas y se emplea de forma creciente toda una serie de tácticas complejas y amplias como armas para silenciar la disidencia contra la guerra. Quienes protestan pacíficamente contra la guerra en Ucrania y quienes comparten información crítica sobre las fuerzas armadas rusas afrontan duras sanciones penales, administrativas y de otra índole. Se adoptan y aplican inmediatamente nuevas y absurdas leyes que criminalizan a quienes expresan libremente sus opiniones. Se ha desplegado el deficiente sistema de justicia penal, caracterizado por unos juicios flagrantemente injustos, para repartir penas de prisión y cuantiosas multas destinadas a silenciar a las personas críticas ante la más mínima disidencia”, ha declarado Oleg Kozlovsky, investigador de Amnistía Internacional sobre Rusia.
Se recurre con frecuencia a actuaciones administrativas contra quienes protestan contra la guerra, que carecen efectivamente de garantías de un juicio justo. Los jueces suelen desestimar pruebas convincentes de la defensa y basarse únicamente en informes de la policía, a veces manifiestamente falsos, para declarar que quienes protestaban violaron la normativa sobre reuniones públicas o cometieron absurdos delitos recién tipificados de “desacreditación”, e imponer cuantiosas multas o penas de detención administrativa. En 2022, más de 21.000 personas fueron sancionadas por este tipo de “delitos” en Rusia, de las que 2.307 recibieron penas de detención administrativa y el resto fueron condenadas al pago de cuantiosas multas, principalmente por participar en protestas callejeras pacíficas contra la guerra o criticar ésta en Internet.
Desde la introducción al principio de la invasión total de Ucrania de los delitos de “difusión de información falsa a sabiendas sobre el uso de las Fuerzas Armadas” y de “desacreditación reiterada de las Fuerzas Armadas o de organismos estatales”, más de 150 personas han sido objeto de actuaciones penales acusadas de estos cargos. En virtud de estas leyes, muchas ya han sido declaradas culpables y condenadas a largas penas de hasta 15 y 7 años de prisión, respectivamente.
Entre las personas afectadas figura el locutor de radio aficionado Vladimir Rumyantsev, de Vologda (en el norte de Rusia), que fue condenado a tres años de prisión por emitir desde su apartamento informaciones sobre la guerra de medios de comunicación independientes y blogueros y blogueras proscritos por las autoridades. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, pues ha sido declarado culpable únicamente por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.
Además, las autoridades rusas han desplegado una larga lista de tácticas descaradas utilizadas para hostigar, presionar e intimidar a quienes tienen posturas críticas, y que incluyen despidos arbitrarios, la cancelación de conciertos y otros actos públicos en los que participan personas contrarias a la guerra, y “disculpas” coaccionadas en vídeo.
Amnistía Internacional ha documentado también una tendencia creciente de etiquetar a personas conocidas de “agentes extranjeros” específicamente por sus críticas públicas a la guerra. Estas denominaciones arbitrarias suelen desembocar en la imposición de severas restricciones en sus actividades personales y profesionales, la pérdida de empleo y el estigma de ser calificado de espía o traidor.
Amnistía Internacional insta a las autoridades rusas a que deroguen estas leyes represivas, pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas únicamente por expresar pacíficamente sus opiniones, y garanticen la protección del derecho a la libertad de expresión.
“Pedimos a la comunidad internacional que exponga estos casos ante las autoridades rusas y apoye a las personas que se dedican al activismo perseguidas en Rusia y en el extranjero asistiendo a vistas judiciales, garantizando procedimientos de concesión de asilo justos y efectivos, y reforzando los mecanismos internacionales para abordar las violaciones de derechos humanos en Rusia”, concluyó Oleg Kozlovsky.
