De la dispersión violenta de las protestas a un enjuiciamiento por motivos políticos que culminó en las sentencias condenatorias dictadas contra Osman Kavala y otras siete personas inculpadas en la misma causa en Turquía; esta es la crónica de una escalofriante injusticia.
El enjuiciamiento injusto de los presos y presas de conciencia de Gezi
El encarcelamiento de las siete personas conocidas como los presos y presas de conciencia de Gezi en 2022 es uno de los ejemplos más graves y visibles del imparable deterioro de la situación de los derechos humanos en Turquía.
La causa de Gezi es un enjuiciamiento de motivación política y una traición a la justicia que incumple una sentencia vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las consecuencias para los derechos humanos en el país son tremendas.
El exempresario Osman Kavala es una figura destacada de la sociedad civil desde finales de la década de 1990 y ha dedicado su vida a promover la cultura y el diálogo a través de las artes.
Pero en abril de 2022 fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional —la condena más grave que existe en el Código Penal turco— tras ser declarado culpable injustamente de “intentar derrocar el gobierno”.
Las otras personas inmersas en la misma causa —la arquitecta Mücella Yapıcı, el urbanista Tayfun Kahraman, el abogado Can Atalay, la documentalista Mine Özerden, la productora cinematográfica Çiğdem Mater, el director de educación superior Hakan Altınay y el fundador universitario Yiğit Ekmekçi— fueron condenadas a sendas penas de 18 años de prisión por supuestamente “ayudarlo”.
Yiğit Ekmekçi no estuvo presente en el juicio, por lo que no está en la cárcel pese a haber sido condenado, pero se ha emitido una orden de arresto.
“Sentí náuseas”, dijo Osman Kavala en su primera entrevista tras la sentencia condenatoria, dictada tras revocarse en apelación la absolución general de 2020.
Esta sentencia, al término de un juicio mediático de motivación política, ha sido condenada tanto por defensores y defensoras de los derechos humanos en Turquía como por la comunidad internacional.
En 2022, las siete personas acusadas en la causa Gezi presentaron un recurso para revocar las declaraciones de culpabilidad y las condenas. En julio de 2023, el fiscal jefe adjunto del Tribunal de Casación recomendó la ratificación de todas las condenas, salvo la de Mücella Yapıcı por “falta de pruebas suficientes, concluyentes y convincentes”. La Sala Tercera de lo Penal del Tribunal de Casación todavía no ha revisado la causa y no ha emitido un fallo que prolongue el juicio mediático y la traición a la justicia.
Pero ¿qué ha podido causar un error judicial tan escandaloso?
Historia de la causa de Gezi
El parque Gezi: 2013
El 30 de mayo de 2013, la policía desalojó del parque Gezi, en centro de Estambul, a un pequeño grupo de manifestantes que se oponían a su destrucción. La negación de su derecho a protestar y la violencia utilizada por la policía dieron lugar a una oleada de manifestaciones contra el gobierno en toda Turquía. La reacción de las autoridades fue brutal e inequívoca.
En los meses siguientes, la policía hizo uso en reiteradas ocasiones de fuerza innecesaria y excesiva para impedir y dispersar manifestaciones pacíficas. Aunque las protestas comenzaron a atenuarse, las autoridades siguieron intentando castigar el movimiento de protesta, mientras que los agentes de policía que abusaron de la fuerza no han comparecido ante la justicia.
Entre las personas castigadas de este modo estarían las inculpadas en la causa de Gezi. La acusación principal durante su juicio fue que su objetivo era derrocar el gobierno y que habían cometido actos de daños criminales cuando organizaron, dirigieron e intentaron extender las protestas del parque Gezi en 2013.
El legado de intolerancia a la protesta pacífica perdura en Turquía, con prohibiciones generales indefinidas y enjuiciamientos penales abusivos de personas que se manifiestan, desde las Madres/Personas del Sábado —que llevaban a cabo desde hacía decenios una vigilia pacífica que fue prohibida y penalizada en los últimos años— hasta la prohibición de los desfiles del Orgullo LGBTI+ y la dispersión brutal, detención y enjuiciamento de participantes.
El intento de golpe de Estado de 2016
El injustificable silenciamiento de las voces disidentes se agravaría en gran medida al intensificarse la represión generalizada de la libertad de expresión y otros derechos humanos en Turquía tras el fallido golpe de Estado que tuvo lugar en el país en 2016.
Mientras el gobierno del presidente Erdoğan trataba de aplastar este intento de derrocarlo, toda persona que expresara críticas hacia el gobierno —aunque no hubiera estado implicada en el fallido golpe de Estado— se convirtió en objetivo.
Más de 130.000 personas que trabajaban en el sector público —entre ellas miles de jueces y fiscales, docentes y otras— fueron despedidas sumariamente, y al mismo tiempo se recurría a leyes antiterroristas demasiado amplias para atacar a la disidencia real o supuesta. Periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas fueron —y siguen siendo— objeto de enjuiciamientos penales abusivos y prolongados periodos de detención en espera de juicio. Se cerraron organizaciones de la sociedad civil en aplicación de un decreto de emergencia.
El gobierno creó un discurso según el cual toda persona que exprese críticas podía ser simpatizante de un grupo armado. El poder judicial, que ya adolecía de falta de independencia, es cada vez más un instrumento de represión de la disidencia legítima.
El clima de miedo se extendió a la sociedad civil, sobre todo a quienes trabajan en los derechos humanos, y generó un efecto intimidatorio para la libertad de expresión.
En este contexto de intensa represión de los derechos humanos tuvo lugar el juicio de Gezi.
¿Qué pruebas se presentaron en el juicio?
La acusación principal durante el juicio fue que las personas acusadas organizaron, dirigieron e intentaron extender las protestas del parque Gezi en 2013, con el objetivo de derrocar el gobierno, y de este modo cometieron diversos actos de daños criminales.
El acta de acusación formal —de 657 páginas— presentada por la fiscalía no probaba ninguna de las acusaciones y se limitaba a basarse en teorías conspiratorias publicadas con anterioridad en medios de comunicación progubernamentales y promovidas por portavoces del gobierno, entre ellos el presidente Erdoğan.
Las acusaciones de la fiscalía eran de carácter general y no aportaban prueba alguna que vinculara a ninguna de las personas inculpadas con los presuntos delitos.
Cientos de páginas de transcripciones de cientos de llamadas telefónicas interceptadas ilegalmente, datos de viajes al extranjero, informes de investigaciones económicas, así como fotografías de Osman Kavala y otros acusados con diversas personas, fueron incluidas de forma aleatoria en el acta de acusación formal sin explicar de qué modo cualquiera de estos elementos constituía delito o probaba los delitos que se imputaban.
Aunque en el acta de acusación formal se afirmaba que Osman Kavala había organizado las protestas del parque Gezi junto con otros acusados con el objetivo de derrocar el gobierno, el contenido del acta no probaba en modo alguno esta extravagante acusación. Muchas de las personas acusadas no se conocían, y no existía ningún dato anterior a las protestas del parque Gezi que indicara que tal conspiración podía haber tenido lugar.
En el acta de acusación formal se mencionaba al entonces primer ministro, el hoy presidente Recep Tayyip Erdoğan, y a ministros de su gabinete como víctimas principales. También se mencionaban los nombres de otros 746 denunciantes pero no se explicaba de qué manera habían sido víctimas de los presuntos delitos.
· En el primer juicio —que concluyó con la absolución de todas las personas acusadas durante el enjuiciamiento— y en el nuevo juicio celebrado después de la anulación de las absoluciones en apelación, la fiscalía no presentó prueba concreta alguna que relacionara a Osman Kavala ni a ningún otro acusado con actos de violencia o intentos de derrocar el gobierno.
· No se presentaron pruebas que demostraran que Osman Kavala y las otras siete personas participaron en una conspiración en colaboración con potencias extranjeras para derrocar el gobierno.
· No se explicó cómo las ocho personas se unieron y dirigieron las protestas multitudinarias en las que se calcula que participaron 3,5 millones de personas en todas las provincias del país excepto una.
· No se aportaron pruebas para justificar las acusaciones de daños criminales y, de hecho, las personas encausadas fueron absueltas de todos estos cargos en la sentencia.
· Tal como Amnistía Internacional estableció con ocasión de las protestas de Gezi, la policía fue responsable de la mayor parte de la violencia y causó directamente la muerte de al menos cuatro personas, una de ellas menor de edad, como consecuencia de su uso de fuerza excesiva, y heridas a cientos de manifestantes.
· Se afirmó que la productora cinematográfica Ciğdem Mater había participado en la producción de un documental sobre las protestas de Gezi. El breve documental nunca se hizo, pero el tribunal no tuvo en cuenta este hecho al declararla culpable y condenarla a 18 años de prisión.
· Las afirmaciones incluidas en el acta de acusación formal según las cuales George Soros había financiado las protestas del parque Gezi no iban acompañadas de ningún tipo de prueba. Las autoridades encargadas de la acusación nunca lo han interrogado durante la investigación ni lo han mencionado como sospechoso.
La única prueba real que se desprende de esta parodia de juicio es que los tribunales de Turquía actúan a instancias del gobierno del presidente Erdoğan y no están libres de injerencias políticas.
¿Quiénes son los presos y presas de conciencia de Gezi?
© Kerem Uzel/NARPHOTOS
Osman Kavala
El exempresario Osman Kavala ha dedicado su vida a promover la cultura y el diálogo a través de las artes. El exempresario Osman Kavala ha dedicado su vida a promover la cultura y el diálogo a través de las artes. Mediante la creación de centros de Anadolu Kültür y centros artísticos en varias provincias del país, así como de proyectos para promover la expresión artística, la creación de oportunidades para quienes no tenían fácil acceso a ellas, Osman Kavala ha dedicado los últimos 20 años a enriquecer el crisol de la vibrante escena cultural de Turquía.
Mücella Yapıcı
Mücella Yapıcı es arquitecta y, en el momento de las protestas del parque Gezi, era secretaria de la sección de Estambul de la Cámara de Arquitectos. Fue una de las 26 personas procesadas por “oponerse a la ley en reuniones y manifestaciones”, y fue una de las cinco personas acusadas de “crear y dirigir una organización [ilegal]” por su papel en Solidaridad Taksim, una causa en la que todas fueron absueltas en 2015. El nuevo juicio de Gezi fue el tercer procesamiento al que se enfrentaba en relación con las protestas multitudinarias de 2013. En julio de 2023, el fiscal jefe adjunto del Tribunal de Casación recomendó la ratificación de las declaraciones de culpabilidad de todas las personas acusadas, salvo la de Mücella Yapıcı, para quien recomienda una revocación de la sentencia por “falta de pruebas”.
Tayfun Kahraman
Tayfun Kahraman es urbanista y miembro de Solidaridad Taksim. Trabaja en el Municipio del Gran Estambul como coordinador de planificación urbana.
Can Atalay
Can Atalay fue el abogado de Solidaridad Taksim y de la Cámara de Arquitectos de Estambul durante las protestas del parque Gezi en 2013. Representa a las familias en muchas causas notorias en las que se cuestiona la impunidad, por ejemplo en relación con la explosión en la mina de carbón de Soma en 2014, en la que perdieron la vida más de 300 mineros, o con el descarrilamiento de un tren en Çorlu en 2018, en el que murieron 24 personas y más de 300 resultaron heridas.
Atalay fue elegido miembro del Parlamento de la provincia meridional de Hatay en las elecciones parlamentarias de mayo de 2023, pero el Tribunal de Casación rechazó su recurso para salir de la cárcel en julio de 2023.
Mine Özerden
Mine Özerden es miembro de la Plataforma Taksim, otra coalición de la sociedad creada en 2011 en respuesta a la remodelación propuesta de la plaza Taksim. Es realizadora de documentales y ha trabajado en publicidad y en organizaciones de la sociedad civil.
“Estuvimos ilegalmente en la cárcel en lo que sólo cabe calificar de masacre de la justicia. No es el poder de la justicia lo que funciona, sino la justicia de los poderosos. […] ¿Qué clase de justicia es esta?”
Çiğdem Mater
Çiğdem Mater es productora cinematográfica. Entre 1997 y 2005 trabajó como periodista, traductora y productora para diversas organizaciones de prensa internacionales, como ARTE, The Boston Globe, Le Nouvel Observateur, Los Angeles Times, Radio France Internationale y Sky News. Trabajó como coordinadora de programas en Anadolu Kültür entre 2005 y 2009 y como coordinadora en el Centro de Cinematografía Mithat Alam de la Universidad Boğaziçi entre 2009 y 2010. Desde 2010 ha trabajado como productora en una diversidad de películas y documentales tanto turcos como internacionales.
“Hay una sensación compartida: ¡un día, esto también puede pasarnos a nosotros! No se trata únicamente del problema de Osman, Mücella o Çiğdem, no es una cuestión que afecte en exclusiva a ocho personas. Es la lucha por la justicia en Turquía.”
Hakan Altınay
Ali Hakan Altınay es miembro de la junta directiva de Anadolu Kültür. Fue presidente de la sección turca de la Open Society Foundation. Es fundador y director de la Global Civis Adademy, una academia que imparte cursos on line sobre educación cívica global.
Ali Hakan Altınay es miembro no residente de la Brookings Institution, miembro de ética global del Carnegie Council y miembro mundial de la Universidad de Yale. Es autor de Global Civics: Responsibilities and Rights in an Interdependent World.
Un octavo encausado, Yiğit Ekmekçi, no estaba presente en el tribunal en el momento de dictarse sentencia, por lo que no fue detenido para su ingreso en prisión. Se ha dictado una orden de arresto y, en caso de ser detenido y encarcelado, Amnistía Internacional también lo consideraría preso de conciencia.
Yiğit es vicepresidente de Anadolu Kültür y miembro de la junta directiva de las Escuelas de la Fundación Terakki.
Fue uno de los fundadores de la Fundación Nesin, la Universidad İstanbul Bilgi y la Fundación Mezopotamya.
Apoyo internacional a Osman Kavala
El caso de Osman Kavala en particular se considera emblemático de la represión de los derechos humanos en Turquía y ha merecido la condena internacional.
Osman estuvo más de cuatro años y medio encarcelado por cargos infundados antes de la sentencia condenatoria de abril de 2022.
En diciembre de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que la detención de Osman Kavala “perseguía un propósito ulterior”, lo que significa que obedecía a motivos políticos y violaba su derecho a la libertad.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa, que vigila la aplicación por los Estados miembros de las sentencias vinculantes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha pedido en repetidas ocasiones la liberación de Osman Kavala de conformidad con la sentencia del Tribunal Europeo. Turquía ha ignorado esta sentencia jurídicamente vinculante y se ha negado a excarcelarlo, por lo que el caso se ha remitido de nuevo al Tribunal Europeo para la apertura de procedimientos de infracción.
En febrero de 2020, Osman Kavala y las otras personas encausadas fueron absueltos de todos los cargos relacionados con su presunta implicación en la financiación de las protestas de Gezi, pero fueron detenidos inmediatamente por cargos igualmente infundados de “espionaje militar y político”.
A pesar de la falta de toda prueba, permaneció en prisión hasta ser declarado culpable en apelación en el nuevo juicio de “intentar derrocar el gobierno”, por lo que fue condenado a cadena perpetua agravada. La cadena perpetua agravada no permite la libertad condicional.
El cambio de argumentos de la fiscalía en este caso —de presunta financiación de las protestas de Gezi a intento de derrocar el gobierno y a espionaje militar y político— ha puesto de manifiesto que el sistema de justicia está siendo manipulado, no para obtener justicia, sino el castigo de quienes mantienen una actitud crítica hacia el gobierno. No se ha usado para encontrar “la pena proporcional al delito”, sino para encontrar un delito que pueda ser proporcional a la pena deseada.
La cadena perpetua impuesta a Osman Kavala supone un revés en toda regla para los socios internacionales de Turquía, para la ley y para la justicia, y no puede quedar sin respuesta de las instituciones europeas y los Estados miembros.
Presos y presas de conciencia
Amnistía Internacional ha designado ya presos y presas de conciencia a las siete personas encausadas de Gezi que están actualmente en prisión.
Esta condición se concede a las personas que no han usado ni defendido la violencia o el odio en las circunstancias que dieron lugar a su encarcelamiento, pero que están encarceladas por ser quienes son o por sus convicciones.
Todos los presos y presas de conciencia debe ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones.
Qué tiene que suceder
Europa debe:
· Los gobiernos e instituciones europeos deben plantear con carácter inmediato el caso de Osman Kavala y las otras personas encausadas a sus homólogos turcos, y pedir que sean puestas en libertad de inmediato y sin condiciones.
· La UE y sus Estados miembros deben utilizar todos los instrumentos a su disposición para promover verdaderas reformas en materia derechos humanos en Turquía y garantizar que los derechos humanos ocupan un lugar central en cualquier consideración para impulsar la cooperación con las autoridades, incluida la posible mejora de la Unión Aduanera UE-Turquía.
Turquía debe:
· Turquía debe aplicar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con Osman Kavala y poner en libertad de inmediato y sin condiciones tanto a Osman como a las otras personas encausadas, y cancelar todo procedimiento en curso contra ellas.
· El poder judicial turco debe poner fin a la detención prolongada y arbitraria de políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, escritores y otras personas encarceladas únicamente por ejercer sus derechos humanos y abstenerse de investigaciones penales y enjuiciamientos arbitrarios y punitivos.
