Las próximas elecciones generales de Zimbabue se celebrarán en un contexto de cinco años de represión sistemática y brutal de los derechos humanos, incluidas las recientes restricciones a las reuniones de la oposición política, la represión violenta de las protestas y la criminalización de quienes critican al Estado, ha manifestado hoy Amnistía Internacional, en vísperas de la votación el 23 de agosto.

En los últimos cinco años se han reprimido implacablemente los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. En medio de una represión sostenida contra quienes han exigido rendición de cuentas al gobierno u organizado protestas contra la corrupción denunciada, periodistas, miembros de la oposición política y activistas de derechos humanos han sido objeto de ataques por criticar al gobierno. Hace casi dos semanas, el presidente Emmerson Mnangagwa promulgó la Ley de Codificación y Reforma del Código Penal de 2022, comúnmente conocida como “Ley Patriótica”, que criminaliza aún más la disidencia por cosas como “molestar” a un gobierno elegido constitucionalmente. Tampoco se han librado los trabajadores sanitarios que protestaban por las malas condiciones laborales y salariales. Se les criminalizó por exigir sus derechos. Por ejemplo, el entonces presidente en funciones de la Asociación de Médicos de Hospitales de Zimbabue (ZHDA), Peter Magombeyi, fue secuestrado y torturado en septiembre de 2019 por alzar la voz sobre la difícil situación del personal sanitario. Fue liberado tras algunos días de su terrible suplicio.

“Lo que hemos visto en Zimbabue en los últimos cinco años constituye una represión brutal de los derechos humanos, especialmente de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. El respeto de los derechos económicos y sociales también ha disminuido drásticamente, lo que ha dejado a muchas personas en la más absoluta pobreza, sin medios para llevar comida a la mesa”, afirmó Khanyo Farisè, director adjunto de Amnistía Internacional para África Austral.

“Las autoridades de Zimbabue han revelado su desprecio descarado por las libertades básicas y han demostrado que no hay espacio para la disidencia en la ‘segunda república’. La policía también ha recurrido reiteradamente al uso excesivo de la fuerza para reprimir los derechos humanos, incluido el derecho de reunión pacífica.”

Criminalizar a la oposición política

Las autoridades zimbabuenses intensifican cada vez más los ataques contra líderes de la oposición política, periodistas y activistas, empleando la ley contra quienes denuncian casos de corrupción o exigen rendición de cuentas. Hopewell Chin’ono, destacado periodista que destapó un caso de corrupción multimillonario relacionado con la COVID-19, y Jacob Ngarivhume, activista político que convocó una protesta nacional el 31 de julio de 2020 contra la corrupción denunciada, fueron detenidos y recluidos en julio de 2020 para silenciar sus críticas.

Chin’ono y Ngarivhume se enfrentaron más tarde a varios cargos falsos por criticar abiertamente la corrupción denunciada. Chin’ono fue encarcelado en noviembre de 2020 en parte por denunciar a una mujer que había intentado pasar oro de contrabando por el aeropuerto internacional Robert Mugabe y el presunto saqueo de fondos públicos por parte de personas con conexiones políticas durante la pandemia de COVID-19.

Como castigo por sacar a la luz denuncias de corrupción y realizar su trabajo periodístico de investigación, Chin’nono fue detenido varias veces y recluido durante unos 94 días entre 2020 y 2021 en la prisión de máxima seguridad de Chikurubi. En un claro ataque a Chin’ono, el tribunal también prohibió a su abogada Beatrice Mtetwa que lo representara. El Tribunal Superior ha absuelto tres veces a Hopewell Chin’ono de cargos falsos en apelación. Por su parte, Ngarivhume cumple una condena de cuatro años de cárcel después de que en abril fuera declarado culpable de convocar protestas nacionales contra la corrupción.

En mayo, Job Sikhala, diputado del partido de la oposición Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC), fue declarado culpable de “obstrucción a la justicia” y condenado a seis meses de prisión con suspensión condicional de la pena. El juicio de Sikhala estuvo relacionado con un vídeo compartido en Internet en el que, según las acusaciones, dice que el partido gobernante que el partido gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico, había matado a Moreblessing Ali, activista de la CCC, en junio de 2022. Sikhala, que lleva recluido desde junio de 2022, negó haber hecho el vídeo, y un perito declaró ante el tribunal que la grabación había sido manipulada.

En septiembre de 2022, la escritora y activista Tsitsi Dangarembga, junto con Julia Barnes, otra manifestante, fueron declaradas culpables de “incitar a la violencia” a raíz de su participación en las protestas del 31 julio de 2020 contra las dificultades económicas, y condenadas al pago de una multa de 70.000 dólares zimbabuenses (unos 193 dólares estadounidenses). A cada una de ellos se le impuso una condena condicional de seis meses, aunque posteriormente lograron impugnar su sentencia en los tribunales.

El 10 de junio de 2020, Joanah Mamombe, Cecillia Chimbiri y Netsai Marova —exdirigentes juveniles de Alianza – Movimiento por el Cambio Democrático y actuales miembros de la Coalición Ciudadana por el Cambio, el principal partido de oposición— fueron detenidas y acusadas de inventar su secuestro y tortura a manos de supuestos agentes de seguridad del Estado. El trío fue secuestrado después de que la policía las detuviera en un control de carretera en Warren Park en medio de una protesta contra la negación de derechos económicos y sociales en plena pandemia de COVID-19. Estuvieron encausadas durante tres años, antes de ser finalmente absueltas a principios de este mes, a excepción de Netsai Marova, que se exilió antes de que concluyera el juicio.

Restricción de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica

La llegada al poder del presidente Emerson Mnangagwa tuvo como telón de fondo los asesinatos de manifestantes tras la violencia postelectoral del 1 de agosto de 2018, tras las elecciones del 31 de julio de 2018. Un total de 6 personas murieron y otras 35 resultaron heridas después de que soldados dispararan con munición real contra personas que huían de las protestas postelectorales en Harare.

Los manifestantes habían exigido que se hicieran públicos los resultados oficiales de las elecciones. Algunas de las personas muertas y heridas recibieron disparos por la espalda, pero cinco años después nadie ha rendido cuentas. Y pese a que se creó una comisión para investigar las circunstancias que condujeron a los homicidios, no se ha hecho justicia. Se sigue negando a las víctimas el acceso a la justicia y a recursos efectivos.

El 16 de agosto de 2018, policías armados con porras atacaron brutalmente a personas pacíficas que se habían concentrado en Harare para participar en las protestas nacionales del 16 de agosto contra el deterioro de las condiciones socioeconómicas del país. Decenas de personas resultaron heridas tras la represión. El 15 de agosto, víspera de la marcha, la policía zimbabuense anunció que prohibía las protestas en un comunicado de prensa, afirmando que las manifestaciones se tornarían violentas. Tras la disolución de la protesta, unos 128 activistas fueron detenidos y puestos en prisión preventiva. También se prohibieron otras protestas convocadas en otras cuatro ciudades del país y se detuvo a algunos activistas.

En otra escalada violenta a principios de 2019, Amnistía Internacional documentó al menos 15 homicidios a manos de la policía durante las protestas que estallaron el 14 de enero por la subida del precio del combustible. El Estado detuvo en masa a cientos de personas, entre ellas destacados activistas sospechosos de convocar las protestas a los que se acusó de violencia pública, entre otros cargos. A finales de abril de ese mismo año, cerca de 400 personas habían sido declaradas culpables por los tribunales, la mayoría de ellas en juicios celebrados apresuradamente.

Durante las protestas, la policía empleó medios letales y fuerza excesiva, como gas lacrimógeno, porras, cañones de agua y munición real. También emprendieron una caza casa por casa para localizar y detener a los organizadores de la protesta y a otros destacados líderes y activistas de la sociedad civil. Entre las personas detenidas se encontraban Evan Mawarire, conocido clérigo y activista local, y el dirigente sindical Peter Mutasa, a los que se acusó de cargos falsos de traición en relación con las protestas. El Estado acusó a 22 personas en relación con las protestas por intentar “subvertir” un gobierno constitucional.

“En los últimos cinco años, las autoridades de Zimbabue han demostrado poco o ningún respeto por los derechos humanos y han burlado reiteradamente el Estado de derecho. En plena campaña política, las autoridades deben garantizar que la población pueda ejercer libremente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Las autoridades deben respetar, proteger, promover y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas antes, durante y después de las elecciones”, ha manifestado Khanyo Farisè.