Las autoridades burundesas deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones a la periodista Floriane Irangabiye, y anular la sentencia condenatoria dictada contra ella. Irangabiye fue detenida arbitrariamente el 30 de agosto de 2022 y en la actualidad cumple una pena de 10 años de cárcel por criticar al gobierno, afirman las organizaciones Amnistía Internacional, Iniciativa sobre Derechos Humanos de Burundi, Comité para la Protección de los Periodistas y Human Rights Watch.

“Floriane Irangabiye fue declarada culpable simplemente por hacer su trabajo como periodista radiofónica,“, ha afirmado Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.

“Su sentencia condenatoria y su encarcelamiento son una farsa y una flagrante violación de sus derechos a la libertad de expresión y a tener un juicio justo”.

Floriane Irangabiye fue declarada culpable simplemente por hacer su trabajo como periodista radiofónica.

Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral

El 2 de enero de 2023, el Tribunal Superior de Mukaza (Buyumbura) declaró culpable a Florence Irangabiye de poner en peligro la integridad del territorio nacional y la condenó a 10 años de cárcel y al pago de una multa de un millón de francos burundeses (unos 482 dólares estadounidenses), tras un juicio plagado de deficiencias durante el cual la fiscalía no aportó pruebas creíbles. Buyumbura declaró culpable a Florence Irangabiye de poner en peligro la integridad del territorio nacional y la condenó a 10 años de cárcel y al pago de una multa de un millón de francos burundeses (unos 482 dólares estadounidenses), tras un juicio plagado de deficiencias durante el cual la fiscalía no aportó pruebas creíbles. El enjuiciamiento de Floriane Irangabiye violó su derecho a la libertad de expresión, pues se basó en comentarios realizados por la periodista durante un programa de Radio Igicaniro, plataforma online en el exilio, donde ella y otras personas invitadas criticaron al gobierno burundés.

El 2 de mayo, el Tribunal de Apelación de Mukaza confirmó la sentencia condenatoria. Aunque el Tribunal concluyó que el interrogatorio inicial de Irangabiye a cargo del Servicio Nacional de Inteligencia había vulnerado el Código de Enjuiciamiento Criminal por haberse llevado a cabo sin la presencia de representación letrada y sin que se la hubiera informado de su derecho a guardar silencio, mantuvo que esto no suponía la nulidad de las actuaciones. Sus abogados han presentado recurso ante el Tribunal Supremo.

Floriane Irangabiye padece una enfermedad crónica y su salud se ha deteriorado durante el tiempo que ha estado detenida en la prisión de Muyinga. En mayo de 2023 se presentó una solicitud formal al Ministerio de Justicia para que fuera trasladada de nuevo a Buyumbura, su lugar inicial de detención, donde estaría más cerca de su familia y recibiría la atención médica que precisa. En el momento de la publicación de este comunicado, aún no se había recibido respuesta.

Las autoridades deben proporcionarle de inmediato acceso a la atención médica que necesite y ponerla en libertad sin condiciones.

Muthoki Mumo, representante del Comité para la Protección de los Periodistas para el África subsahariana

“No proporcionar a Irangabiye la atención médica adecuada no sólo es una crueldad, sino que indica lo implacable que llega a ser el Estado para silenciar a sus críticos”, ha declarado Muthoki Mumo, representante del Comité para la Protección de los Periodistas para el África subsahariana. “Las autoridades deben proporcionarle de inmediato acceso a la atención médica que necesite y ponerla en libertad sin condiciones.”

La sentencia condenatoria y la pena impuesta por los tribunales a Irangabiye se basan en un delito definido de manera imprecisa que se presta a ser utilizado indebidamente para procesar a quienes realizan críticas y comentarios. Amnistía Internacional, la Iniciativa sobre Derechos Humanos de Burundi, el Comité para la Protección de los Periodistas y Human Rights Watch consideran que su sentencia condenatoria y su encarcelamiento son un castigo por su ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, y una violación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que Burundi es Estado Parte.

Inicialmente, Irangabiye estuvo varios meses recluida sin cargos, en violación del Código de Procedimiento Penal de Burundi y de las normas internacionales de derechos humanos.

“El encarcelamiento de Floriane Irangabiye demuestra que la represión contra quienes critican al gobierno está muy lejos de haber finalizado”, ha afirmado Clémentine de Montjoye, investigadora sobre África de Human Rights Watch. “Las autoridades burundesas deben llevar a cabo reformas de calado para restaurar la independencia del sistema judicial y derogar leyes que criminalizan la libertad de expresión.”

Las autoridades burundesas deben llevar a cabo reformas de calado para restaurar la independencia del sistema judicial y derogar leyes que criminalizan la libertad de expresión.

Clémentine de Montjoye, investigadora sobre África de Human Rights Watch

La detención de Irangabiye sigue una pauta bien consolidada de detención arbitraria y enjuiciamiento por cargos falsos de personas de la oposición y críticas con el gobierno.

El presidente Ndayishimiye debe asegurarse de que su gobierno no utiliza el sistema judicial como instrumento para atacar y perseguir a personas críticas y de la oposición

Carina Tertsakian, Burundi Human Rights Initiative

“El presidente Évariste Ndayishimiye debe saber que Floriane Irangabiye está encarcelada, pero se niega a pronunciarse en contra”, ha afirmado Carina Tertsakian, de la Iniciativa sobre Derechos Humanos de Burundi. “Si desea que el mundo crea en sus promesas de reforma, debería pedir su puesta en libertad inmediata y asegurarse de que su gobierno no utiliza el sistema judicial como instrumento para atacar y perseguir a personas críticas y de la oposición.”