Ante la decisión del Tribunal Constitucional turco hoy de que la reclusión de Can Atalay, elegido al Parlamento turco en mayo, es una violación de sus derechos, Dinushika Dissanayake, directora de Investigación de Amnistía Internacional en Europa, los Balcanes y Turquía, ha declarado:
“Atalay es un preso de conciencia, una de las cinco personas recluidas por motivos similares tras haber sido declaradas culpables en el juicio de Gezi, manifiestamente injusto y de motivación política, sin que hubieran cometido ningún delito. Tanto él como las cuatro personas restantes —Osman Kavala, cuya libertad ha ordenado en dos ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humano; Ciğdem Mater, Tayfun Kahraman y Mine Özerden— deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones para poner fin a la manifiesta injusticia de la que son objeto.”
Can Atalay está bajo custodia desde el 25 de abril de 2022 por el cargo falso de “asistir al derrocamiento del gobierno”.
Información complementaria
Can Atalay fue el abogado de Solidaridad Taksim y de la Cámara de Arquitectos de Estambul durante las protestas del parque Gezi en 2013. Ha representado a las familias en muchas causas notorias en las que se cuestionaba la impunidad por homicidios, como la explosión en la mina de carbón de Soma en 2014 en la que perdieron la vida más de 300 mineros y el descarrilamiento de un tren en Çorlu en 2018 en el que murieron 24 personas y más de 300 resultaron heridas.
Atalay fue elegido miembro del Parlamento de la provincia meridional de Hatay en las elecciones parlamentarias de mayo de 2023, pero el Tribunal de Casación rechazó su recurso para salir de la cárcel en julio de 2023.
El 28 de septiembre, el Tribunal de Casación desestimó los recursos de Can Atalay y los restantes cuatro presos y presas de conciencia, y confirmó sus sentencias condenatorias. En el caso de Atalay, el Tribunal de Casación rechazó la jurisprudencia establecida en sentencias anteriores del Tribunal Constitucional en relación con otros miembros del Parlamento encarcelados. La sentencia de hoy del Tribunal Constitucional confirma una vez más esa jurisprudencia consolidada.
