Las autoridades israelíes han aumentado drásticamente el uso de la detención administrativa —una forma de detención arbitraria— de personas palestinas en la Cisjordania ocupada, han ampliado las medidas de emergencia que facilitan el trato inhumano y degradante de personas privadas de libertad, y no han investigado los incidentes de tortura y muerte bajo custodia en las últimas cuatro semanas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Desde el 7 de octubre, las fuerzas israelíes han detenido a más de 2.200 hombres y mujeres palestinos, según el Club de Presos Palestinos. Según la organización de derechos humanos israelí HaMoked, entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre, el número total de personas palestinas recluidas en régimen de detención administrativa, sin cargos ni juicio, pasó de 1.319 a 2.070.

Testimonios de personas detenidas y después liberadas y de abogados de derechos humanos, así como material videográfico e imágenes, ilustran algunas de las formas de tortura y otros malos tratos a los que las fuerzas israelíes han sometido a personas privadas de libertad en las últimas cuatro semanas. Algunas de estas acciones son brutales palizas y humillación de personas detenidas, entre otras cosas obligándolas a mantener la cabeza hacia abajo, arrodillarse en el suelo durante el recuento de reclusos y cantar canciones israelíes.

“Durante el último mes hemos sido testigos de un notable aumento del uso por Israel de la detención administrativa —detención sin cargos ni juicio que puede renovarse indefinidamente—, que ya había alcanzado su máximo en 20 años antes de la última intensificación de las hostilidades el 7 de octubre. La detención administrativa es una de las herramientas fundamentales de Israel para aplicar su sistema de apartheid contra la población palestina. Testimonios y pruebas videográficas también señalan numerosos incidentes de tortura y otros malos tratos por parte de las fuerzas israelíes, como brutales palizas y humillación deliberada de personas palestinas que están detenidas en terribles condiciones”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

 

“Las ejecuciones sumarias y la toma de rehenes perpetradas por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre son crímenes de guerra y deben ser condenados como tales, pero las autoridades israelíes no deben usar estos ataques para justificar sus propios ataques ilegítimos y castigos colectivos contra la población civil en una Franja de Gaza asediada y el uso de la tortura, la detención arbitraria y otras violaciones de los derechos de las personas palestinas privadas de libertad. La prohibición de la tortura no puede suspenderse ni conculcarse en ningún caso, tampoco —y especialmente— en momentos como los actuales.”

Personal investigador de Amnistía Internacional ha entrevistado a 12 personas, entre ellas 6 que estuvieron detenidas y han sido puestas en libertad y 3 abogados que trabajaban en detenciones recientes. El personal investigador también ha examinado testimonios compartidos por otras personas detenidas que han quedado en libertad y ha analizado material videográfico e imágenes.

 

Tortura y humillación

Amnistía Internacional lleva decenios documentando tortura generalizada por parte de las autoridades israelíes en lugares de detención en Cisjordania. Sin embargo, en las últimas cuatro semanas se han difundido ampliamente en Internet vídeos e imágenes que muestran horripilantes escenas de soldados israelíes golpeando y humillando a personas palestinas mientras las tienen detenidas con los ojos vendados, desnudas, con las manos atadas, en una exhibición pública especialmente escalofriante de tortura y humillación.

En una imagen analizada por el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis puede verse a tres varones palestinos, con los ojos vendados y despojados de sus ropas, al lado de un soldado con uniforme de color verde oliva como los que usan las fuerzas terrestres israelíes. Una investigación de Haaretz publicada el 19 de octubre reveló que la imagen había sido tomada en Wadi al Seeq, localidad situada al este de Ramala, el 12 de octubre. Una de las tres víctimas que aparecían en la fotografía dijo a Amnistía Internacional que al principio fue recluido y golpeado por colonos pero dos horas después llegó un vehículo todoterreno militar israelí:

“Uno de los agentes israelíes que llegaron se acercó a mí y me propinó una patada en el costado izquierdo, luego saltó sobre mi cabeza con las dos piernas y me hundió aún más la cabeza en la tierra, y después siguió pateándome mientras estaba cabeza abajo, en la tierra, con las manos atadas a la espalda. Entonces agarró un cuchillo y me arrancó toda mi vestimenta a excepción de la ropa interior y usó parte de las prendas desgarradas para vendarme los ojos. Los golpes en el resto del cuerpo no pararon, en un momento dado comenzó a saltar sobre mi espalda —tres o cuatro veces— mientras gritaba ‘muere, muérete basura’ […]. Al final esto cesó por fin, otro agente orinó en mi cara y mi cuerpo mientras también nos gritaba ‘que se mueran’.”

 

Amnistía Internacional también ha hablado con dos mujeres que estuvieron detenidas arbitrariamente durante 14 horas en una comisaría de policía del Jerusalén Oriental ocupado, donde las humillaron, las sometieron a registros corporales sin ropa, se burlaron de ellas y las ordenaron que maldijeran a Hamás. Después quedaron en libertad sin cargos.

En un vídeo publicado por primera vez en las redes sociales el 31 de octubre y analizado por el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis, puede verse a nueve hombres detenidos, que por su acento identificable eran palestinos, algunos desnudos y otros semidesnudos y esposados, con los ojos vendados y esposados, rodeados por al menos 12 soldados vestidos con uniformes de color verde oliva y equipados con fusiles de asalto M4A1 o Tavor X95. Tanto los uniformes como las armas forman parte del equipo habitual de las fuerzas terrestres israelíes. Se ve a uno de los soldados propinando patadas a uno de los detenidos en la cabeza. Otro vídeo analizado por el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía, subido a la plataforma X (antes Twitter) el 31 de octubre, muestra a una persona con los ojos vendados, probablemente palestina, junto con un sargento del ejército israelí que se burla del detenido y baila a su alrededor.

Un detenido palestino puesto en libertad recientemente en el Jerusalén Oriental ocupado, que habló con Amnistía Internacional con la condición de que permanecer en el anonimato, dijo que los interrogadores israelíes lo sometieron, junto a otras personas detenidas en el Recinto Ruso (Al Maskoubiyeh), un centro de detención en Jerusalén, a brutales palizas que le causaron hematomas y fractura de tres costillas. También destacó que los interrogadores de la policía israelí los golpeaban continuamente en la cabeza mientras les gritaban que mantuvieran siempre la cabeza hacia abajo y les ordenaban “alabar a Israel y maldecir a Hamás”. Esta persona agregó: “Los golpes y la humillación no pararon siquiera cuando uno de los 12 detenidos con nosotros en la celda lo hizo.”

Desde el 7 de octubre, según las autoridades de Israel, cuatro personas detenidas han muerto en instalaciones de detención israelíes en circunstancias que aún no se han investigado imparcialmente. Dos de las cuatro son trabajadores de la Franja de Gaza ocupada, recluidos en régimen de incomunicación por el ejército israelí en centros de detención militares, cuyas muertes sólo se hicieron públicas por el ejército después de una investigación del periódico israelí Haaretz.

En virtud del derecho internacional, la tortura y otros malos tratos cometidos contra personas protegidas en un territorio ocupado es un crimen de guerra. La detención de personas protegidas fuera del territorio ocupado, como las personas palestinas procedentes de los Territorios Palestinos Ocupados que están recluidas en Israel, también constituye una violación del derecho internacional humanitario ya que equivale a traslado forzoso.

 

Trato inhumano y degradante en prisiones

El Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel informó al grupo de derechos humanos HaMoked de que, a fecha 1 de noviembre, había recluidas a 6.809 personas palestinas. El 31 de octubre, las autoridades israelíes prorrogaron por un mes el “estado de emergencia en las prisiones”, que concede al ministro de Seguridad Nacional de Israel poderes prácticamente ilimitados para negar a las personas presas que cumplen condena el acceso a visitas de abogados y familiares, recluir a las personas privadas de libertad en celdas masificadas, negarles el ejercicio al aire libre e imponerles medidas crueles de castigo colectivo como cortar el suministro de agua y electricidad durante muchas horas, lo que permite de hecho la intensificación de los tratos crueles e inhumanos a las personas presas y viola la prohibición de la tortura y otros malos tratos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha confirmado que se ha negado a personas palestinas presas el contacto con sus familias y abogados desde el 7 de octubre. Sanaa Salameh, esposa del preso palestino Walid Daqqah, enfermo terminal, dijo a Amnistía Internacional que desde el 7 de octubre no ha permitido que ella o el abogado de Daqqah lo visiten o reciban información sobre su estado de salud. “No sé si está recibiendo la atención médica que necesita; No tengo absolutamente ningún contacto con él, ni siquiera tengo un poco de información que me consuele”, dijo a Amnistía.

El abogado palestino Hassan Abadi, que visita semanalmente al menos a cuatro detenidos desde el 7 de octubre, dijo a Amnistía Internacional que se ha negado a las personas palestinas detenidas su derecho a hacer ejercicio al aire libre y que una de las formas de humillación a la que se las somete durante el recuento de reclusos es obligarlas a arrodillarse en el suelo. Abadi agregó que se han confiscado a las personas palestinas detenidas todas sus pertenencias personales, y a veces las han quemado, incluidos libros, diarios, cartas, ropa, alimentos y otros artículos. Las autoridades penitenciarias han confiscado las compresas higiénicas a mujeres palestinas recluidas en la prisión de Al Damon. Según Abadi, una cliente a la que representa le dijo que cuando estaba detenida y con los ojos vendados en la comisaría de policía de Kiryat Arba, cerca de Hebrón, un agente la amenazó con violarla.

Aumento de la detención arbitraria

La detención administrativa de personas palestinas ha ido en aumento durante 2023, hasta llegar a 1.319 personas el 1 de octubre de 2023, según HaMoked. El 1 de noviembre, esta cifra había aumentado hasta más de 2.070 personas palestinas detenidas y recluidas en régimen de detención administrativa. Con frecuencia, las personas palestinas clasificadas por Israel como “reclusos de seguridad” están recluidas sin cargos ni juicio, la mayoría en aplicación de órdenes de detención administrativa que pueden renovarse indefinidamente cada seis meses.

La detención administrativa es una forma de detención en virtud de la cual las autoridades del Estado detienen a las personas por motivos secretos que la persona acusada y su abogado no pueden examinar, lo que burla de hecho el debido proceso garantizado para todas las personas privadas de libertad en virtud del derecho internacional. Amnistía Internacional ha concluido que Israel ha usado de forma sistemática la detención administrativa como herramienta para perseguir a personas palestinas, y no como medida preventiva extraordinaria y utilizada de forma selectiva.

Las autoridades israelíes también han optado por implementar la Ley de “Combatientes Ilegítimos”, una categoría que no está reconocida por el derecho internacional, para recluir indefinidamente sin cargos ni juicio a un mínimo de 105 personas palestinas de la Franja de Gaza ocupada que entraron en Israel durante el ataque dirigido Hamás el 7 de octubre. Sigue sin saberse con certeza cuántas de esas personas están recluidas en relación con los ataques.

 

Las autoridades israelíes también han sometido a miles de personas palestinas de Gaza que poseen permiso para entrar en Israel, en su mayoría trabajadores y trabajadoras, a una tercera forma de detención arbitraria por la cual estuvieron recluidas en régimen de incomunicación durante al menos tres semanas en dos bases de detención militares en Israel y Cisjordania. Aunque muchas quedaron en libertad, no hay transparencia de las autoridades israelíes con respecto a cuántas continúan detenidas.

“Las autoridades israelíes deben revocar de forma inmediata las medidas de emergencia inhumanas impuestas a las personas palestinas presas y permitirles el acceso inmediato a sus abogados y familias. Todas las personas palestinas detenidas arbitrariamente deben quedar en libertad. Instamos a Israel a permitir que el Comité Internacional de la Cruz Roja realice visitas urgentes a las prisiones y las instalaciones de detención y supervise las condiciones de las personas palestinas detenidas”, ha declarado Heba Morayef.

“Las autoridades judiciales de Israel también deben investigar de modo imparcial e independiente las denuncias de tortura y otros malos tratos y enjuiciar en juicios justos a los responsables de ordenar y llevar a cabo actos de tortura.”