Desde la sanción de la ley 27.610, Amnistía Internacional monitorea la implementación de la ley en diversas provincias de Argentina. En esta oportunidad, en colaboración con Líbera Abogacía Feminista, se llevó a cabo una investigación en la provincia de Mendoza para relevar el estado de aplicación del derecho al aborto en dicho territorio.

A casi 3 años desde la sanción de la norma, se registraron en todo el país 216.928 abortos, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud de la Nación. En Mendoza se reportó un total de 6.809 interrupciones del embarazo para el periodo 2021-2022, con un aumento del 33% de prestaciones durante 2022 en relación al período anual anterior.

A su vez, la provincia ha trabajado en el fortalecimiento de la política pública a través de talleres de formación dirigidos a los diferentes equipos de profesionales de salud que brindan servicios de aborto en las diversas áreas departamentales lo que es fundamental para asegurar la calidad en la atención de abortos y postabortos y la seguridad de la práctica.

Sin embargo, pese a tales avances aún se identifican barreras para el acceso al aborto: Falta de información, baja disponibilidad de profesionales de la salud que garantizan el acceso a la práctica y escasez de equipamiento.

“Estos obstáculos generan consecuencias negativas en la salud y en la vida de las mujeres y tienen un impacto discriminatorio. Por ello, Mendoza debe continuar fortaleciendo la política pública y eliminar las barreras existentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Falta de información

El informe revela que el Ministerio de Salud Provincial incumple con su deber de garantizar el acceso a información. En este sentido se observa:

-Falta de producción de información clara, cierta, detallada y completa sobre la implementación de derecho al aborto
-La ausencia de campañas de información sobre cómo y dónde acceder al aborto.
-La omisión del deber de brindar información e incluso desinformación por parte del personal de salud.

A su vez, el informe revela que se ha exigido a adolescentes que concurran con personas adultas, o que, en el marco de las consejerías, se les ha dado información errónea, generando que niñas y adolescentes se vean privadas de información actualizada, científica y libre de prejuicios y estereotipos, lo cual puede contribuir a maternidades forzadas, además de implicar un accionar antijurídico en el marco de la Ley 27.610.

De esta manera, ante el total estado de incertidumbre generado por la falta de información accesible sobre cómo acceder a un aborto, una de las mujeres entrevistadas destacó la ausencia total de información brindada por canales oficiales. Tal es así que al buscar en Google a través de los siguientes parámetros: “interrupción del embarazo Mendoza” o “aborto Mendoza”, la búsqueda no arrojó ningún resultado.

Falta de profesionales y recursos
Mendoza es la segunda provincia con la tasa más baja de servicios de IVE/ILE del país (0,3% por cada 100.000 habitantes). Se evidencia un insuficiente número de efectores y de personal garante de la interrupción voluntaria y legal del embarazo principalmente como consecuencia de un elevado número de profesionales objetores de conciencia. Esta problemática tiene mayores consecuencias en los departamentos de gran superficie territorial, en donde solo existe un hospital o efector de salud que realiza la práctica o los estudios complementarios. Tal es el caso de General Alvear, el tercer departamento de mayor superficie de la Provincia (14.488 km) en donde hay una sola profesional médica que absorbe toda la demanda. El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud genera como contrapartida el deber de los centros médicos de contratar personal sanitario que puedan garantizar el derecho.

Otra de las barreras observadas es la falta de recursos materiales tales como ecógrafos, laboratorios y farmacias en donde acceder a la medicación. Muchas veces ante la ausencia de tales recursos, las mujeres y personas gestantes se ven obligadas a recorrer enormes distancias para acceder a la interrupción del embarazo.

Los obstáculos en el acceso a la práctica como consecuencia de la falta de efectores de salud, recursos materiales y de equipamiento, genera dilaciones en el acceso al aborto y tiene un efecto discriminatorio con motivo del lugar de residencia, que se agrava en los casos en que dichas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Recomendaciones:
Mendoza debe garantizar el acceso a la información sobre el derecho y el acceso a la prestación. Para tal fin, Amnistía Internacional recomienda:

-Realizar activamente campañas públicas de información sobre el aborto, disponer de cartelería y folletería en todos los hospitales y centros de salud de la provincia y difundir listado de efectores de salud que garantizan la práctica en el territorio.
-Crear y promover líneas telefónicas provinciales, para garantizar el acceso a información
-Ampliar el acceso a la práctica en todas las regiones sanitarias y áreas departamentales.
-Fortalecer el trabajo de los equipos que actualmente brindan atención en IVE/ILE.
-Adoptar medidas para prevenir y erradicar el uso excesivo e ilegítimo de la objeción de conciencia.

Sitios web:
“Derecho al aborto”

Formulario para denunciar obstáculos en el acceso a IVE/ILE 

Información complementaria: “Un movimiento imparable”, una campaña global

El 24 de noviembre Amnistía Internacional lanzó una campaña mundial en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género, para promover el derecho al aborto para todas las personas en todos los países del mundo.

El informe: Un movimiento imparable: Llamamiento global para reconocer y proteger a quienes defienden el derecho al aborto, expone los obstáculos al aborto seguro que persisten hoy en día, a pesar de algunos avances jurídicos y políticos significativos en las últimas décadas. Además, revela que profesionales de la salud, activistas y acompañantes de todo el mundo están siendo detenidos, procesados y encarcelados injustamente por apoyar el derecho de las mujeres, las niñas y todas las personas que pueden quedarse embarazadas a acceder al aborto. Ello ocurre, incluso en países con una legislación más permisiva.

La investigación reconoce que, pese a las reformas de leyes sobre el aborto progresistas, se advierten retrocesos impulsados por sectores en contra del derecho de las personas con capacidad de gestar a decidir sobre sus cuerpos, promoviendo la desinformación y discursos tóxicos y campañas de difamación que invaden el discurso público y crean agitación contra el derecho al aborto y contra quienes lo defienden.

Las personas entrevistadas, en particular los profesionales de la salud explicaron que a menudo se sienten aislados y sin apoyo. No se les reconoce su trabajo, y sufren la amenaza de la criminalización, el hostigamiento, la estigmatización, amenazas verbales y violencia, así como el aislamiento y el desgaste profesional en el lugar de trabajo.

“Las personas que defienden el derecho al aborto están garantizando y facilitando el acceso de servicios esenciales. Que tengan que hacerlo haciendo frente a la hostilidad es inaceptable. Es imperativo que estas personas cuenten con la protección de los Estados y las autoridades, para que puedan desempeñar su trabajo sin sufrir represalias”, declaró Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

En el marco de la campaña global, Amnistía Internacional pide a los Estados que cumplan con su obligación de:
• proteger el derecho a un aborto sin riesgos y legal para todas las personas, y de respetar y proteger el derecho de todas aquellas que defienden el derecho al aborto.
• reconocer que el papel de las defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre el acceso al aborto sin riesgos es legítimo y fundamental para la promoción y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
• garantizar que las defensoras de los derechos humanos que trabajan sobre el acceso al aborto sin riesgos no sufran criminalización, intimidación ni ataques, y a hacer rendir cuentas ante la justicia a quienes las ataquen.