Ante la decisión de una jueza de la ciudad de Guatemala de autorizar la liberación inmediata de Virginia Laparra, ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) este martes 3 de enero, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró:  

“Virginia Laparra nunca debió pasar ni un día en la cárcel. Es una gran noticia que pueda reunirse de nuevo con sus seres queridos después de casi dos años de ser una presa de conciencia. Su liberación es un primer paso para poner fin a las terribles violaciones de derechos humanos que ha tenido que enfrentar como represalia por su destacado trabajo como fiscal anticorrupción.”  

“Lamentamos, sin embargo, que Virginia Laparra sigue condenada por un delito que no cometió y que enfrenta otro proceso infundado, debido al lamentable uso de la criminalización contra decenas de personas que, como ella, han protagonizado la lucha contra la impunidad. Amnistía Internacional reitera su llamado a que las autoridades guatemaltecas pongan fin inmediatamente al uso indebido de la justicia penal para para hostigar, intimidar y castigar a jueces, fiscales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. 

El 28 de noviembre de 2022, Amnistía Internacional nombró presa de conciencia a la exfiscal, por considerar que su detención se debía únicamente a sus labores de defensa de los derechos humanos como jefa de FECI en Quetzaltenango, y solicitó su libertad inmediata e incondicional. En mayo de 2023 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas declaró que la detención de la exfiscal anticorrupción era arbitraria y solicitó su liberación inmediata. Al mismo tiempo, la movilización internacional de miles de activistas de derechos humanos sobre el caso no ha cesado.  

“Desde Amnistia Internacional subrayamos la importancia de la presión internacional en casos como los de Virginia Laparra. Nuestro movimiento en las Américas y en todo el mundo no ha descansado en exigir la liberación de la exfiscal”, dijo Ana Piquer. 

La persecución penal infundada contra Virginia Laparra se inscribe en un contexto de ataques contra decenas de personas por su rol en la investigación de destacados casos de corrupción a gran escala y violaciones a derechos humanos. En el 2022, tuvieron lugar 3.754 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y al menos 73 operadores de justicia, periodistas y activistas tuvieron que exiliarse, según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA).