Las comunidades que viven cerca de dos de las mayores concentraciones de plantas de petroquímicas y del sector de los combustibles fósiles en Estados Unidos están expuestas habitualmente a una contaminación tóxica que está causando efectos devastadores en la salud y los derechos humanos de la población, según muestran sendos informes publicados hoy por Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Amnistía Internacional ha hecho público el informe ¿El costo de hacer negocios? La contaminación tóxica de la industria petroquímica en Estados Unidos, que muestra cómo las personas que viven en las inmediaciones del Canal de Navegación de Houston, en el sudeste de Texas, respiran sustancias tóxicas, vinculadas a una amplia variedad de enfermedades, emitidas por instalaciones que sistemáticamente vulneran la normativa y emiten contaminantes al medioambiente. El informe analiza cuatro plantas propiedad de empresas multinacionales.

Human Rights Watch ha publicado “We’re Dying Here”: The Fight For Life in a Louisiana Fossil Fuel Sacrifice Zone, que documenta la crisis de salud humana en el “Corredor del Cáncer” de Luisiana, provocada por la negligencia del gobierno y la contaminación medioambiental, que expone a la población a elevados riesgos de daños para la salud reproductiva, materna y del recién nacido, así como de cáncer y afecciones respiratorias.

En sus informes, las dos organizaciones de derechos humanos piden el fin de la expansión de la industria petroquímica en estas “zonas de sacrificio” y que se elimine de forma rápida y equitativa el uso de combustibles fósiles.

“Las vidas de las personas y el medioambiente están siendo devastados por las grandes empresas. Las comunidades afectadas están constituidas principalmente por personas latinas/hispanas y negras, de bajos ingresos, que a menudo carecen de acceso a la atención médica que necesitan y que se enfrentan a obstáculos casi insuperables para obtener justicia. Se trata de racismo ambiental”, ha manifestado Alysha Khambay, investigadora de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.

El informe de Amnistía Internacional examina en detalle cuatro instalaciones propiedad de empresas multinacionales —el complejo de Baytown de ExxonMobil, el complejo de Channelview de LyondellBasell, las instalaciones de Deer Park de Shell Chemicals y el centro de Deer Park de Intercontinental Terminals Company (ITC).

Los registros públicos indican que las cuatro instalaciones han superado con frecuencia en los últimos 20 años los límites de contaminación del aire permitidos. En los últimos cinco años se han producido incendios o explosiones en tres de estas plantas: el complejo de Baytown de ExxonMobil, las instalaciones de Deer Park Chemicals de Shell y el centro de Deer Park de ITC.

Las sustancias químicas derivadas de los combustibles fósiles que se producen en más de 600 plantas situadas a lo largo los casi 84 kilómetros del Canal de Navegación de Houston se usan para fabricar plásticos, fertilizantes, pesticidas y otros productos, que se venden a clientes de Estados Unidos y de todo el mundo, incluidos algunos de la Unión Europea (UE), que no tardará en exigir a las grandes empresas que identifiquen y se ocupen de los efectos negativos de sus actividades en los derechos humanos y el medioambiente.

Alysha Khambay ha declarado: “La normativa a menudo no se cumple, y muchas de las empresas implicadas parecen tratar las multas de los reguladores, si es que se les imponen, simplemente como un costo más de hacer negocios. Algunas plantas han expuesto repetidamente a las comunidades locales a sustancias químicas peligrosas sin apenas emitir advertencias, o emitiéndolas de forma inadecuada”.

“No hay un marco normativo disuasorio efectivo que impida los daños que estas empresas causan, de manera casi impune, a la población. El actual sistema está inclinado en favor de las empresas y en contra de las personas a las que dañan. Los abusos contra los derechos humanos relacionados con la industria petroquímica causan a menudo unos daños espantosos. Este debe y puede cambiar.”

Entre enero y diciembre de 2023, Amnistía Internacional llevó a cabo investigación que incluyó entrevistas con decenas de personas y análisis de documentos y de datos oficiales de cumplimiento normativo, vídeos e imágenes. Las respuestas de las empresas mencionadas pueden consultarse en el anexo del informe completo (en inglés). LyondellBasell señaló que no consideraba “exacta ni justa” la descripción de los hechos que se hace en el informe.

A pesar de su importante contribución a la emisión global de gases de efecto invernadero, especialmente metano, la industria petroquímica está creciendo rápidamente en todo el mundo a medida que las empresas petroleras y gasísticas intentan contrarrestar la disminución prevista de la demanda de combustibles fósiles. Se espera que la producción mundial de plásticos se haya duplicado en 2040

Las personas que trabajan, van a la escuela y viven en las inmediaciones de las plantas cercanas del Canal de Navegación de Houston están expuestas a diario a la contaminación tóxica del aire y el agua y sufren multitud de problemas de salud con frecuencia catastróficos.

La actividad industrial es constante y los olores de los productos químicos impregnan habitualmente viviendas y escuelas. Entre los contaminantes detectados figuran conocidos agentes cancerígenos como los compuestos orgánicos volátiles benceno, tolueno, 1,3-butadieno y óxido de etileno, pero la presencia de tantas plantas en la zona impide en la práctica relacionar una única instalación con la enfermedad concreta de una persona.

La zona presenta algunas de las mediciones de calidad del aire más bajas de Estados Unidos. Con frecuencia, material particulado fino en proporciones superiores a las normales se mezclan con niveles elevados de ozono al nivel del suelo para crear niebla tóxica. De los 29 miembros de las comunidades entrevistados, 15 explicaron que a ellos, o a algún familiar cercano, les habían diagnosticado una enfermedad respiratoria, como asma o cáncer de pulmón, o sufrían frecuentemente dificultades respiratorias o tos crónica. Esto concuerda con la investigación académica que explora las repercusiones que tiene en la salud la cercanía a la industria petroquímica.

“[El olor] nos afecta a mi familia y a mí prácticamente todos los días. Siempre hay olores en el aire; en cuanto sales un momento a la calle”, ha manifestado Alondra Torres, que vive en la zona de Channelview.

Las comunidades locales sufren los efectos acumulados de decenios de contaminación, incendios de sustancias químicas, explosiones, la quema controlada de excedentes de gases que se conoce como quema de gas y otras emisiones.

Houston y muchas de las zonas circundantes no disponen de normas sobre zonificación, por lo que las instalaciones industriales están situadas junto a zonas residenciales. La mayoría de las personas que residen en los vecindarios estudiados en el informe eran latinas/hispanas o negras. La esperanza media de vida en algunos de los vecindarios afectados es hasta 20 años inferior a la de la mayoría de las comunidades blancas situadas a sólo 24.

El predominio de las comunidades negras y latinas/hispanas en las zonas muy contaminadas de Estados Unidos es racismo ambiental y el resultado de políticas raciales y discriminatorias sistémicas en materia de vivienda y uso de la tierra, incluidas las líneas de demarcación, que han negado préstamos y otros servicios a ciertos vecindarios en función de su composición racial.

Loren Hopkins, responsable jefa de ciencias medioambientales del Departamento de Salud de Houston, ha afirmado que la zona cercana al canal registra una tasa de ataques de asma atendidos por ambulancias seis veces mayor que el resto de Houston, y el doble de paradas cardiacas.

“Hay dos contaminantes que constituyen un gran motivo de preocupación en Houston con respecto al cáncer. Uno es el benceno y el otro es el 1,3-butadieno. […] En realidad no sabemos qué ocurre cuando una persona respira los dos juntos. Si el riesgo es aditivo, si es multiplicativo”, declaró a Public Health Watch in 2022.

Los niños y niñas se ven afectados de manera desproporcionada por la contaminación del aire: Un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas reveló tasas elevadas de leucemia infantil en las zonas del área de Houston que presentan los niveles más altos de benceno y 1,3-butadieno Juan Flores, de 46 años, vive en el vecindario de Galena Park desde hace 45 años. Su hija Dominique, de 7 años, nació con un tumor maligno en un riñón que hizo necesarias intervenciones quirúrgicas y quimioterapia. El padre de Juan murió de un ataque cardiaco cuando tenía 51 años, después de trabajar durante decenios en la industria petroquímica. El año pasado, a Juan le diagnosticaron una afección que aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer de sangre que su oncólogo sospecha que fue causado por la exposición a benceno.

La población local hace frente a considerables obstáculos para acceder a atención de la salud, que tiene que pagarse. En Estados Unidos, Texas es el estado que presenta el porcentaje más alto de personas sin seguro de salud (18%). Varias personas residentes que denunciaron problemas de salud a Amnistía Internacional no habían recibido un diagnóstico formal.

Un residente entrevistado dijo: “Mi madre acaba de tener cáncer de útero. Mucha gente tiene cáncer y dificultades para respirar. […] El médico no puede decirte: ‘Tienes este tipo de cáncer porque vives cerca de esta planta’. Pero vivir justo al lado de ellas no es bueno en absoluto. No lo es”.

En los últimos 10 años se han producido innumerables incendios y escapes de sustancias tóxicos. En ocasiones, la población residente ha recibido órdenes de no salir en viviendas o escuelas (“permanecer en el lugar”), o de evacuar después de incidentes de mayor gravedad, algunos de los cuales han causado daños a propiedades, lesiones e incluso muertes.

Los planes de emergencia presentados oficialmente por las cuatro instalaciones analizadas en el informe muestran que decenas de miles de personas podrían sufrir daños en caso de producirse una emisión tóxica según el peor supuesto. En las escuelas se enseña a los niños y niñas a prepararse para un desastre químico.

Sin embargo, no existe un sistema de alerta de emergencias eficaz que abarque la zona.

En mayo de 2023, personal de investigación de Amnistía Internacional fue testigo de un gran incendio en las instalaciones de Deer Park Chemicals de Shell. Fueron necesarios dos días para extinguirlo, y las aguas residuales se vertieron después en el canal de navegación. En el aire circundante se detectó que las concentraciones de benceno y 1,3-butadieno se habían multiplicado por 10, pero la Comisión de Calidad Medioambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés), el organismo regulador estatal, consideró que estos niveles no eran anormalmente altos y no investigó más. La Organización Mundial de la Salud afirma que no existe un nivel seguro de exposición al benceno, lo que constituye “una importante preocupación sanitaria”.

La TCEQ tiene autoridad para hacer cumplir las leyes medioambientales en el estado y, teóricamente, puede exigir a quienes contaminan que limpien la contaminación ilegal, que tomen medidas para prevenir la repetición de las infracciones y/o que paguen sanciones. Sin embargo, los registros del estado indican que la TCEQ ha impuesto sanciones en menos del 3% de los casos de contaminación no permitida en los últimos años. La TCEQ puede ignorar legalmente a las personas denunciantes de las comunidades que han comunicado previamente haberse visto afectados por contaminación.

La TCEQ renueva sistemáticamente los permisos de funcionamiento de las plantas, incluso después de haber violado los límites de contaminación, y aprueba los planes de expansión, con lo que da luz verde para que continúe la contaminación. Cuando impone multas por infracciones, normalmente son de cuantías inferiores a la máxima prevista e insuficientes para disuadir de su repetición, máxime teniendo en cuenta la magnitud de las empresas afectadas. En algunos casos, el dinero de las multas se ha encauzado a programas favorables a la industria.

Según una revisión normativa de 2022-2023, la TCEQ había pasado por alto “incumplimientos habituales” y sus comisarios se habían convertido en “reguladores reacios” que animaban a la industria a “autocontrolarse”. La revisión cuestionó la imparcialidad de la TCEQ y concluyó que “sus políticas podrían incentivar a la industria para ocultar infracciones en cuanto a vigilancia y mantenimiento de registros”.

Las empresas pueden evitar las sanciones acogiéndose a una laguna jurídica en Texas que exime del cumplimiento de las normas en el caso de la contaminación del aire que sea “no planeada e inevitable”. La TCEQ concedió esta exención en más del 85% de los casos de 2017 a 2021.

La TCEQ renueva sistemáticamente los permisos de funcionamiento de las plantas, incluso después de haber violado los límites de contaminación, y aprueba los planes de expansión, con lo que da luz verde para que continúe la contaminación. Cuando impone multas por infracciones, normalmente son de cuantías inferiores a la máxima prevista e insuficientes para disuadir de su repetición, máxime teniendo en cuenta la magnitud de las empresas afectadas. En algunos casos, el dinero de las multas se ha encauzado a programas favorables a la industria.

Según una revisión normativa de 2022-2023, la TCEQ había pasado por alto “incumplimientos habituales” y sus comisarios se habían convertido en “reguladores reacios” que animaban a la industria a “autocontrolarse”. La revisión cuestionó la imparcialidad de la TCEQ y concluyó que “sus políticas podrían incentivar a la industria para ocultar infracciones en cuanto a vigilancia y mantenimiento de registros”.

Las empresas pueden evitar las sanciones acogiéndose a una laguna jurídica en Texas que exime del cumplimiento de las normas en el caso de la contaminación del aire que sea “no planeada e inevitable”. La revisión señaló que la TCEQ había concedido esta exención en más del 85% de los casos desde 2017 hasta 2021.

Christian Menefee, abogado local del condado de Harris, afirmó que el estado de Texas podía asumir cualquier caso de aplicación de las normas que quisiera y tendía a resolver en términos que favorecían a quienes contaminan, lo que dificultaba la capacidad de actuación de su oficina.

Carolyn Stone, residente local, afirmó: “A las empresas se les imponen multas inferiores a la cantidad que una sola persona afectada gasta en facturas médicas. […] Es muy injusto”.

Todas las empresas mencionadas en el informe de Amnistía Internacional afirman que cumplen sus compromisos declarados en materia de derechos humanos y sostenibilidad, mientras sus plantas están cometiendo de hecho graves abusos y perjudicando a las personas de las comunidades circundantes. Debe obligarse a estas empresas, y a otras semejantes, a actuar sistemáticamente con la diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de los impactos que causen en materia de derechos humanos, medioambiente y clima.

Amnistía Internacional pide que se detenga la expansión de la industria petroquímica en la zona y se acelere la transición a alternativas más limpias y sostenibles de tal manera que se apoye a trabajadores y comunidades. En Texas, más de 450.000 personas trabajan en el sector de los combustibles fósiles, pero hay estudios que indican que las energías limpias pueden crear más de 1,1 millones de empleos directos en el estado en el plazo de 25 años, en sectores como la generación de energía eólica y solar y la fabricación de vehículos eléctricos. El informe sostiene que la continuidad de la explotación de los combustibles fósiles para fabricar sustancias petroquímicas y plásticos en es última instancia perjudicial e incompatible con los derechos humanos.

Debe haber métodos más firmes, accesibles y eficaces para alertar a las personas residentes sobre emergencias, así como información fácilmente comprensible sobre escapes y riesgos para la salud en tiempo real.

El informe pide una gran mejora de la vigilancia de la contaminación en zonas aledañas a las instalaciones para identificar las plantas infractoras y salvaguardar mejor a las comunidades, más inspecciones reglamentarias y la mejora de las medidas de aplicación de las normas. Asimismo, pide que la Agencia de Protección Ambiental, de ámbito federal, ejerza con más frecuencia su autoridad para hacer cumplir las leyes nacionales en Texas y sancionar a quienes contaminan, incluido el posible uso de sus competencias para cerrar plantas.

La industria debe reparar de inmediato todos los daños a los derechos humanos que ha causado o ha contribuido a causar y debe establecer un seguimiento médico y financiar la prestación de atención de la salud para las personas que residen en la zona. El informe recomienda que se facilite el acceso a la justicia, haciendo que la carga de la prueba legal pase de las víctimas —que actualmente tienen que demostrar la causa de los daños que han sufrido— a las empresas, que deberían demostrar que sus actividades son seguras.