“El juicio colectivo en curso de 84 personas emiratíes, entre las que hay destacadas figuras de la defensa de los derechos humanos, viola flagrantemente su derecho a un juicio con las debidas garantías e ignora un principio jurídico fundamental al volver a juzgar a algunas de ellas por los mismos cargos por los que fueron declaradas culpables hace diez años”, ha manifestado Amnistía Internacional con motivo de una vista de la causa que se celebrará el 7 de febrero.
Al menos 65 de las figuras enjuiciadas ya están recluidas arbitrariamente, 62 de ellas, como mínimo, desde su anterior juicio colectivo, en 2012-2013, en el caso de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos”. Decenas de personas siguen en prisión a pesar de haber cumplido la condena que les fue impuesta en esta causa. Las autoridades acusan a las personas procesadas de establecer una “organización clandestina” para el “terrorismo”.
Se han producido múltiples violaciones manifiestas del derecho de las personas procesadas a un juicio justo: las autoridades han dirigido de forma evidente el testimonio de testigos, no se han revelado datos fundamentales como los cargos exactos o los artículos de la ley en cuya virtud se formulan los cargos, se ha restringido la posibilidad de que los abogados compartan documentos sobre el caso con las personas enjuiciadas y sus familias, y se ha prohibido a familiares asistir a vistas del juicio, que comenzó el 7 de diciembre de 2023.
“Emiratos Árabes Unidos se burla de la justicia al juzgar a decenas de personas por cargos indeterminados en virtud de un acta de acusación formal que, hasta ahora, se mantiene en secreto. Hasta hace un mes, EAU ni siquiera reconocía que se estaba celebrando el juicio a pesar de que la primera vista de este proceso de motivación política tuvo lugar durante la COP28 en una muestra descarada de represión”, declaró Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Es absurdo que las autoridades de EAU estén acusando a decenas de personas enjuiciadas por los mismos actos de los que ya fueron declaradas culpables hace más de un decenio. Esto es una violación flagrante del principio jurídico fundamental que prohíbe volver a juzgar a una persona por el mismo delito”.
Entre las personas encausadas figuran los conocidos activistas emiratíes de derechos humanos Mohamed al Mansoori, Mohamed al Roken y Ahmed Mansoor.
Las autoridades anunciaron este juicio mediante la agencia oficial de noticias WAM el 6 de enero, un mes después de que hubiera empezado. Basándose en información de familiares y en la declaración publicada por la WAM, parece que los cargos se han formulado en aplicación de la ley antiterrorista de 2014 y se basan en la presunta pertenencia al Comité Justicia y Dignidad, una rama del movimiento Al Islah, considerado la versión emiratí de la Hermandad Musulmana. Según el acta de acusación formal y la sentencia de 2013, el Comité “se comprometió a sensibilizar a la sociedad sobre sus derechos”, “publicó artículos sobre esos derechos” y “trabajó para comunicarse con organizaciones internacionales de derechos”.
Toda implicación de las personas procesadas con el Comité Justicia y Dignidad habría cesado cuando fueron detenidas en 2012-2013, antes de la promulgación de la ley antiterrorista de 2014. Por ello, estos cargos violan el principio jurídico fundamental de la no aplicación retroactiva de las sanciones penales, así como el principio jurídico fundamental de la determinación individual de la culpabilidad que es inherente en los juicios colectivos.
“Este juicio parece un intento de motivación descaradamente política de intimidar a la gente para silenciarla y asegurarse de que las personas disidentes siguen en prisión el mayor tiempo posible para que no puedan cuestionar a las autoridades ni denunciar la terrible situación de los derechos humanos en el país”, dijo Aya Majzoub.
Se ha prohibido a los abogados defensores que trabajan en la causa divulgar los detalles del acta de acusación formal ni siquiera a sus propios clientes.
“Nadie ha leído los expedientes judiciales. Nadie los ha visto. Nos prohíben asistir. Y los fiscales tienen la orden estricta de no cooperar con las personas reclusas o sus familias, y de no facilitar información completa y transparente”, dijo un miembro de la familia de una de las personas encausadas.
“Las actuaciones han mostrado un menosprecio indignante hacia los derechos a un juicio justo”, declaró Aya Majzoub.
“En un caso, en una vista celebrada el 11 de enero, las autoridades entregaron a una persona, testigo de la acusación, un papel que ésta procedió a leer para responder a las preguntas del juez. Esta es una parodia grotesca de la justicia en todos los sentidos posibles por un gobierno que dice representar el progreso y el desarrollo internacionales”.
Miembros de las familias de la personas procesadas dijeron a Amnistía Internacional que no les habían permitido asistir a la mayoría de las sesiones. Dijeron que en una sesión los tuvieron en otra sala para que vieran la transmisión en vídeo de las actuaciones, pero sin sonido. A algunos se les prohíbe asistir a las vistas porque las autoridades se niegan a renovar sus tarjetas de identificación, necesarias para asistir.
Una familia que habló con Amnistía Internacional ha gastado hasta ahora más de 10.000 dólares estadounidenses en honorarios a pesar de que el abogado que contrataron no les está mostrando ni un solo documento de la causa ni les informa de lo que está ocurriendo en las vistas.
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