Dada la espiral de violencia desatada tras el control de la capital, Puerto Príncipe, y de otras zonas del país, por parte de pandillas armadas con el fin de forzar la dimisión del primer ministro Ariel Henry, Amnistía Internacional expresa su preocupación ante las atrocidades reportadas y hace un llamado urgente a la comunidad internacional para abordar la situación del país con perspectiva de derechos humanos.
“Esta crisis es el resultado de décadas de inestabilidad política, pobreza extrema, desastres naturales, debilitamiento de las estructuras estatales y ausencia de un compromiso decidido de la comunidad internacional, que han dejado a la población vulnerable a la violencia. Las soluciones militares o intervenciones externas no han abordado las causas de la crisis y por ello, lejos de avanzar hacia una estabilidad sostenible, han dejado a su paso un legado de violaciones de derechos humanos e impunidad que continúa”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las imágenes de violencia que nos deja esta crisis son aterradoras. Las bandas criminales que están sembrando el terror deben saber que la gravedad de sus acciones conlleva una responsabilidad y que por ello pueden ser perseguidos por crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos. El sufrimiento de tantas personas no puede quedar impune.”
Haití se encuentra sumido en una grave crisis humanitaria, política y de seguridad tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, y el fortalecimiento desde entonces de bandas criminales que hoy dominan parte significativa del territorio y el acceso a infraestructuras clave como puertos y aeropuertos. A inicios de marzo, una de estas bandas orquestó la evasión de más de 3600 presos de una cárcel y ha impuesto el terror en varias zonas del país, lo que ha llevado a la dimisión del primer ministro, Ariel Henry. La escalada de violencia reciente ha alcanzado niveles alarmantes, y se reportan decenas de muertos, secuestros, violaciones sexuales a mujeres y niñas, y el desplazamiento forzado de más de 35.000 personas desde inicios de 2024.
Amnistía Internacional condena enérgicamente la violencia desatada y destaca la importancia de abordar esta crisis desde una perspectiva de derechos humanos, con enfoque no racista y de género, y centrar las soluciones en el liderazgo de la sociedad haitiana para evitar cualquier acción que pueda perjudicar aún más a la población.
Amnistía Internacional recuerda que los actores armados no estatales que se comportan como autoridades de facto o con control sobre territorios y poblaciones y con capacidad organizativa, tienen obligaciones en materia de derechos humanos. La organización insta a la comunidad internacional a observar y documentar meticulosamente los posibles crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos que se estén cometiendo en el país, con el fin de velar por el cumplimiento del derecho internacional, y de ser necesario, iniciar acciones judiciales en contra de todas aquellas personas sospechosas de responsabilidad penal.
Amnistía Internacional insta nuevamente a todos los Estados de las Américas, en particular a los gobiernos de los Estados Unidos y la República Dominicana, a poner fin a políticas y prácticas racistas y garantizar que las personas haitianas no son rechazadas en frontera y tienen acceso a un procedimiento de asilo justo y efectivo. Los Estados deben suspender los retornos a Haití, ya que las condiciones en el país ponen en riesgo la vida y la seguridad de las personas haitianas.
“La comunidad internacional debe proveer asistencia humanitaria inmediata para aliviar el sufrimiento de aquellas personas que han sido desplazadas y afectadas por la violencia. Solo a través de un enfoque que privilegie el diálogo con la sociedad civil y actores políticos claves, el liderazgo de las comunidades afectadas y una respuesta internacional enfocada en el respeto a los derechos humanos, podremos empezar a construir una solución duradera en Haití”, dijo Ana Piquer.
