Se trata de una legislación que lleva gestándose un cuarto de siglo

Cuando en 1997 se produjo la transferencia de la soberanía de Hong Kong de Reino Unido a China, los gobiernos de ambos países dotaron al territorio de su propia miniconstitución, denominada Ley Fundamental del Estado. El artículo 23 de esta Ley Fundamental disponía que Hong Kong “promulgará su propia legislación” para prohibir siete tipos de delitos contra la seguridad nacional. Sin embargo, esta legislación nunca fue aprobada. En 2003, Hong Kong intentó llevar adelante una iniciativa legislativa en virtud del artículo 23, pero las protestas multitudinarias consiguieron que fuera retirada.

Esta vez, para contener las protestas se han aplicado otras leyes represivas, como la Ley de Seguridad Nacional de 2020, lo que implica que las autoridades podrían aprobar rápidamente la iniciativa legislativa sobre el artículo 23 (llamado ahora oficialmente Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional). Aunque en ciertos aspectos se solapa con la Ley de Seguridad Nacional, la Ley del Artículo 23 ha creado nuevos delitos, ha aumentado las penas para otros ya existentes y ha dotado al gobierno de facultades aún más amplias para su aplicación.

La definición de China de los conceptos jurídicos de “seguridad nacional” y de “secretos de Estado” es ahora ley en Hong Kong  

La definición de “seguridad nacional” de la nueva ley es una copia de la de China continental, un impreciso concepto que abarca “los intereses principales del Estado”, lo que en la práctica implica básicamente todo.

La nueva ley también reproduce la definición de China continental de “secretos de Estado”, asimismo extremadamente amplia y que puede hacer referencia a cualquier aspecto de carácter social, tecnológico o científico, aunque jamás haya sido clasificado oficialmente como secreto. Además, el jefe del Ejecutivo —dirigente de Hong Kong— tiene autoridad para declarar cualquier asunto como secreto de Estado. Así que también aquí prácticamente todo podría considerarse “secreto de Estado”.

Interactuar con personas extranjeras es más peligroso

La Ley del Artículo 23 crea un nuevo delito de “injerencia externa”, que apunta a la colaboración entre cualquier persona y “fuerzas externas” y conlleva penas de hasta 14 años. De nuevo en este caso los detalles son muy imprecisos: la Ley dispone que la colaboración con una “fuerza externa” no debe tener “intenciones ilícitas” ni desarrollarse por “medios indebidos”.

La nueva ley también amplía el ámbito del espionaje: la persona que actúe en connivencia con una “fuerza externa” para publicar una declaración falsa o engañosa puede enfrentarse a una pena de 10 años.

¿Y qué son exactamente las “fuerzas externas”? Según la Ley del artículo 23, pueden ser gobiernos o partidos políticos extranjeros, organizaciones internacionales, organizaciones extranjeras que persiguen fines políticos o cualquier entidad o particular que tenga relación con ellos.

Es probable que la nueva ley se utilice para presentar como asociada a actividades delictivas la cooperación legítima entre residentes o grupos de Hong Kong con instituciones extranjeras en ámbitos como el económico, el académico, el de la sociedad civil o incluso el de la ONU. Las personas extranjeras también pueden ser procesadas si cometen estos “delitos” en Hong Kong.

Hasta 10 años de cárcel por criticar al gobierno

El gobierno británico abolió su Ley de Sedición en 2009, calificada por el ministro de Justicia de la época como “una ley arcaica de una época pasada”. Sin embargo, el gobierno de Hong Kong ha utilizado recientemente su propia ley de sedición de la época colonial, que había permanecido inactiva durante 50 años, y parece estar dispuesto a reforzar esta táctica gracias a la Ley del Artículo 23.

La nueva ley amplía el ámbito de la Ley de Sedición e incrementa las penas de prisión de dos años a siete (o a 10 si hay implicada una “fuerza externa). La Ley afirma expresamente que para condenar a alguien por sedición no es necesario que exista una intención de incitar a la violencia, lo cual contradice el principio del derecho común según el cual las expresiones que no inciten a la violencia no son punibles legalmente. Esto significa que cualquier crítica contra el gobierno de Hong Kong o de China podría caer bajo su ámbito de aplicación.

Te pueden encarcelar por no denunciar a otras personas

La nueva Ley de Seguridad Nacional obliga a cualquier persona de nacionalidad china (como es el caso de la mayoría de los hongkoneses y hongkonesas) a informar a la policía si saben que otra persona ha cometido, o está a punto de cometer, un acto de traición. De no hacerlo, puede ser castigada con hasta 14 años de cárcel.

En la práctica, esto impone a todas las personas que residen en Hong Kong la obligación de espiarse mutuamente, lo cual es probable que incremente el clima de temor que ya existe y les impida expresar libremente sus opiniones en sus comunidades y grupos sociales.

Más atribuciones para la policía, menos derechos jurídicos para las personas detenidas

La nueva ley concede amplios poderes a la policía para enfrentarse a casos de seguridad nacional. Con la aprobación de un juez, la policía puede mantener detenida sin cargos a una persona hasta 16 días (antes eran 48 horas). También puede prohibirle recibir asistencia letrada hasta que hayan transcurrido las primeras 48 horas desde su arresto, o elegir a un abogado mientras esté detenida.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong puede crear nuevas leyes

En virtud de la nueva ley, el jefe del Ejecutivo puede crear legislación subsidiaria por propia iniciativa en nombre de la “salvaguardia de la seguridad nacional”. Esta legislación puede entrar en vigor de inmediato, y conllevar penas de hasta siete años de cárcel.

En teoría, la legislación subsidiaria no debería exceder el ámbito de la Ley del Artículo 23, pero la imprecisión y la amplitud con que está redactada esta ley da mucho margen para la arbitrariedad en la elaboración de leyes.

Nuevas facultades para actuar contra hongkoneses y hongkonesas en el extranjero

En una maniobra dirigida contra la comunidad de la diáspora y activistas que se han trasladado al extranjero, la Ley confiere nuevas facultades al gobierno para castigar a personas “prófugas” que han sido acusadas de delitos contra la seguridad nacional, aunque aún no hayan sido condenadas por ello. Así, el gobierno puede ahora tomar medidas tales como cancelar sus pasaportes hongkoneses o suspender sus cualificaciones profesionales (por ejemplo, su licencia para ejercer la abogacía).

Imprecisos nuevos delitos tecnológicos

La Ley introduce un nuevo delito, el de “actos que pongan en peligro la seguridad nacional relacionados con ordenadores o sistemas electrónicos”, punible con hasta 20 años de cárcel y cuyo efecto extraterritorial alcanza a personas que de cualquier rincón del mundo. Sin embargo, no define cuáles son estos “actos”. El gobierno se limitó a mencionar el “rápido desarrollo de las tecnologías” y las posibilidades de sufrir hackeos durante el periodo de consultas. Esta falta de claridad jurídica y la definición excesivamente amplia del delito dejan claramente abierta la posibilidad de una aplicación indebida y arbitraria.

La ley fue aprobada en un Hong Kong en el que no existe la oposición

El artículo 23 siempre ha sido polémico por las limitaciones que impone a los derechos humanos. En 2003, 500.000 personas protestaron contra esta ley y el se vio obligado a aplazar sus planes para que entrara en vigor.

Pero el Hong Kong de 2024 es un lugar muy diferente. La Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2020, ha silenciado casi completamente las voces de la oposición. Gran número de activistas, periodistas y figuras políticas de oposición han sido detenidos o han huido. Actualmente, las reuniones pacíficas de oposición a la política gubernamental están prohibidas o sumamente restringidas.

En este contexto, el gobierno ha podido por fin aprobar la Ley del Artículo 23, sabiendo que la oposición estaría prácticamente indefensa para detenerlo.