Ayer, la cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de reforma de las jubilaciones que garantiza una actualización mensual de los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, la normativa propuesta incluye: i) una compensación extra de un 8,1%, dado que el 12,5% otorgado en marzo por el Gobierno no cubre el 20,6% de inflación de enero y ii) la garantía de que la jubilación mínima no sea inferior a la canasta básica. Ahora resta el voto del Senado.
Lo que ocurre en Argentina no es nuevo, pero sí peor. Hoy un jubilado no llega a fin de mes. Desde enero de 2024 a esta parte se da un hecho inédito: la jubilación mínima no alcanza siquiera a cubrir la canasta básica - esto es, lo que necesita una persona para comer, vestirse, movilizarse, etc.
En marzo de 2024 una persona adulta necesitó 250.284 pesos para no ser pobre. Sin embargo, casi 2 millones de jubilados y jubiladas cobraron menos de $ 170.000 y casi 5,6 millones cobraron haberes menores a $ 250.000 durante ese mes. Los haberes mínimos actuales constituyen ingresos de pobreza.
Sin embargo, el presidente de la Nación, Javier Milei, anticipó que, si se aprueba el proyecto, vetará la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que reemplazaría el mecanismo que el gobierno impuso por decreto en marzo de este año.
Amnistía Internacional advierte que, si el presidente rechaza una mejora en las condiciones de vida de los jubilados, estará atentando contra las personas que históricamente han sufrido ajustes y retrocesos. Los adultos mayores deben poder acceder a bienes y servicios fundamentales para poder vivir una vida digna. Es su derecho.
“Es inmoral que el gobierno atente contra un sector históricamente relegado: los jubilados. Millones de adultos mayores son pobres. Llegan a la última etapa de sus vidas y ni siquiera pueden comprar medicamentos. Eso no es “déficit cero”, eso es crueldad”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Acción Urgente de Amnistía Internacional
Sumada a la amenaza de no implementar una eventual ley que beneficiaría a los jubilados, el gobierno también propone en su proyecto de ley de bases eliminar la figura de la moratoria. En consecuencia, la organización de derechos humanos lanzó una petición internacional, conocida como Acción Urgente (AU), para que los senadores del Congreso de la Nación que actualmente debaten las reformas previsionales no eliminen las moratorias. Hacerlo implicaría un riesgo para la garantía del derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado para los adultos mayores.
En un contexto de años de pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, resulta preocupante que las medidas de gobierno no brinden una solución urgente para garantizar condiciones de vida digna a los y las jubilados.
Información adicional
La caída de las jubilaciones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal llevado a cabo por el gobierno de Milei desde su asunción. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción total del gasto primario de la administración pública nacional realizado durante el primer bimestre de 2024 estuvo explicada en un 43% por la reducción del gasto en jubilaciones y pensiones. Esto demuestra que, lejos de haber recaído sobre la “casta”, una significativa parte del ajuste en curso se sostiene en la licuación de los ingresos de los adultos mayores.
Más información: https://amnistia.org.ar/ley-bases-los-jubilados-no-deben-ser-la-variable-de-ajuste/
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