Las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias masivas y las deportaciones ilegitimas de las personas refugiadas sudanesas que cruzan la frontera del país para escapar del conflicto existente en Sudán, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado en la antesala del Día Mundial de los Refugiados.

El informe, “Handcuffed like dangerous criminals”: Arbitrary detention and forced returns of Sudanese refugees in Egypt, revela cómo se acorrala a las personas refugiadas sudanesas y se las deporta ilegítimamente a Sudán —zona de conflicto activo— sin garantías procesales ni oportunidad de solicitar asilo, lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional. Las pruebas indican que se ha sometido a detención arbitraria y expulsión colectiva a miles de personas refugiadas sudanesas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) calcula que sólo en septiembre de 2023 se produjeron 3.000 deportaciones de Egipto a Sudán.

“Es inconcebible que se detenga en masa y se someta a detención arbitraria en condiciones deplorables e inhumanas a mujeres, hombres, niñas y niños sudaneses que huyen del conflicto armado en su país y tratan de ponerse a salvo cruzando la frontera de Egipto, y que luego se deporte a estas personas ilegítimamente”, ha declarado Sara Hashash, directora regional adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.

“Las autoridades egipcias deben poner fin de inmediato a esta virulenta campaña de detenciones masivas y expulsiones colectivas. Deben cumplir las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho de refugiados: proporcionar a quienes huyen del conflicto en Sudán paso seguro y digno a Egipto y acceso sin restricciones a los procedimientos de asilo”.

Durante décadas, Egipto acogió a millones de personas sudanesas que estudiaban, trabajaban, invertían o recibían asistencia sanitaria en el país; las mujeres y niñas sudanesas, así como los niños menores de 16 años y los hombres mayores de 49, estaban exentos de los requisitos de entrada. Se calcula que, tras desatarse el conflicto armado en Sudán en abril de 2023, huyeron a Egipto unas 500.000 personas refugiadas sudanesas. Sin embargo, el mes siguiente, el gobierno egipcio impuso el visado de entrada a toda la población sudanesa, lo que no dejó a quienes huían más opción que recurrir a pasos fronterizos irregulares.

En el informe se documentan con detalle las penurias de 27 personas refugiadas sudanesas sometidas a detención arbitraria junto con otras 260 entre octubre de 2023 y marzo de 2024 por la guardia de fronteras de Egipto (dependiente del Ministerio de Defensa) y la policía (dependiente del Ministerio del Interior). Además, se expone que las autoridades devolvieron por la fuerza al menos a 800 personas sudanesas detenidas entre enero y marzo de 2024; a todas ellas se les negó la posibilidad de solicitar asilo, ni siquiera a través del ACNUR, y de impugnar las decisiones de deportación.

El informe se basa en entrevistas a personas refugiadas detenidas, a sus familiares, al liderazgo de la comunidad, a la abogacía y a un profesional médico, así como en una revisión de documentos y declaraciones oficiales y pruebas audiovisuales. El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de Egipto no han respondido a las cartas de Amnistía Internacional con las que se les remitieron documentación y recomendaciones, mientras que el Consejo Nacional Egipcio de Derechos Humanos —institución de derechos humanos del país— rechazó las conclusiones alegando que las autoridades cumplían sus obligaciones internacionales.

El repunte de las detenciones y expulsiones masivas se produjo tras un decreto del primer ministro emitido en agosto de 2023, que exigía a la población extranjera en Egipto regularizar su situación. Este hecho vino acompañado de un aumento de los sentimientos xenófobos y racistas tanto en Internet como en los medios de comunicación, así como de declaraciones de altos cargos del gobierno que criticaban la “carga” económica que suponía acoger a “millones” de personas refugiadas.

Además, se produjo en un contexto de mayor cooperación de la UE con Egipto en materia de migración y control de fronteras, pese al deplorable historial del país en todo lo relativo a los derechos humanos y de los abusos bien documentados contra personas migrantes y refugiadas.

En octubre de 2022, la UE y Egipto firmaron un acuerdo de cooperación por 80 millones de euros, que incluía reforzar la capacidad de la guardia de fronteras egipcia para frenar la migración irregular y la trata de personas en las fronteras del país. Con el acuerdo se aspiraba a aplicar enfoques basados en los derechos, orientados a la protección y que tuvieran en cuenta el género. Sin embargo, en el nuevo informe de Amnistía Internacional se documenta la implicación de la guardia de fronteras en violaciones contra personas refugiadas sudanesas.

En marzo de 2024 se acordó un nuevo paquete de ayuda e inversión en el que la migración es un pilar clave, como parte de la recién anunciada asociación estratégica e integral entre la UE y Egipto.

“Al cooperar con Egipto en el ámbito de la migración sin salvaguardias rigurosas de los derechos humanos, la UE se expone a ser cómplice de las violaciones de los derechos humanos que comete el país. La UE debe presionar a las autoridades egipcias con el fin de que adopten medidas concretas para proteger a las personas refugiadas y migrantes”, ha declarado Sara Hashash.

“La UE también debe llevar a cabo evaluaciones rigurosas de los riesgos para los derechos humanos antes de poner en marcha cualquier cooperación en materia de migración, además de establecer mecanismos de vigilancia independientes con parámetros de referencia claros en lo que respecta a los derechos humanos. Si hay riesgos o informes de abusos, la cooperación debe detenerse o suspenderse de inmediato.”

Detenciones arbitrarias en calles y hospitales

Las detenciones masivas se han producido sobre todo en la zona metropolitana de El Cairo (que abarca El Cairo y Giza) y en las zonas fronterizas de la gobernación de Asuán o en la propia ciudad de Asuán. En El Cairo y Giza, la policía ha llevado a cabo detenciones masivas y controles de identidad a personas negras de forma selectiva, lo que ha sembrado el miedo entre la comunidad refugiada y ha provocado que muchas personas teman salir de casa.

Las personas refugiadas sudanesas, tras ser detenidas por la policía en Asuán, son trasladadas a comisarías policiales o a un campo de las Fuerzas de Seguridad Central, centro de detención no oficial situado en la región de Shallal. Las personas detenidas por la guardia de fronteras en la gobernación de Asuán son retenidas en centros de detención improvisados —incluidos unos almacenes en un recinto militar de Abu Simbel y una cuadra en otro emplazamiento militar cerca de Nagaa Al Karur— y después obligadas a subir a autobuses y furgonetas y trasladadas a la frontera sudanesa.

Estos centros de detención ofrecen unas condiciones crueles e inhumanas, con hacinamiento, falta de acceso a retretes e instalaciones sanitarias, alimentación deficiente e insuficiente y ausencia de atención médica adecuada.

Amnistía Internacional ha documentado también la detención de al menos 14 personas refugiadas en hospitales públicos de Asuán, donde recibían tratamiento por lesiones graves sufridas en accidentes de tráfico durante el trayecto de Sudán a Egipto. Las autoridades las trasladaron —en contra de la opinión médica y antes de su plena recuperación— a centros de detención, donde las obligaron a dormir en el suelo pese a su intervención quirúrgica.

Amira, ciudadana sudanesa de 32 años que huyó de Jartum con su madre, estaba en tratamiento en un hospital de Asuán tras haber sufrido el 29 de octubre de 2023 un accidente de tráfico que le había causado fracturas en cuello y espalda. Nora, familiar de Amira, refirió a la organización que los médicos le habían comunicado que necesitaría tres meses de atención médica, pero que al cabo de apenas 18 días la policía la trasladó a una comisaría de Asuán donde la obligaron a dormir en el suelo durante unos 10 días.

Centros de detención fríos e infestados de ratas con carácter previo a la expulsión colectiva

El Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional revisó fotos y vídeos verificados de enero de 2024 en los que aparecían mujeres, niños y niñas sentados entre suciedad y basura en un almacén bajo el control de la guardia de fronteras egipcia. Varias personas que habían estado detenidas explicaron que los almacenes estaban infestados de ratas y nidos de palomas y que durante la reclusión habían tenido que soportar noches frías sin ropas ni mantas adecuadas. Las condiciones de los almacenes para hombres eran de hacinamiento, con más de un centenar de varones aglutinados y escaso acceso a unos retretes atascados, lo que obligaba a orinar en botellas de plástico por la noche.

En estos centros estaban detenidos al menos 11 niños y niñas, algunos menores de 4 años, con sus respectivas madres.

Israa, enferma de asma, contó a Amnistía Internacional que la guardia de la cuadra abarrotada junto a Nagaa Al Karur ignoró su petición de un inhalador, aun cuando solicitó pagarlo ella.

Tras detenciones que duraban entre unos pocos días y seis semanas, la policía y la guardia de fronteras esposaban y conducían a las personas detenidas hasta el paso fronterizo de Qustul-Ashkeet, donde las entregaban a las autoridades sudanesas sin evaluar de forma individualizada el riesgo de que sufrieran graves violaciones de derechos humanos a su regreso. A nadie se le concedió la posibilidad de solicitar asilo, aunque tuviera cita de registro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), pidiera hablar con el ACNUR o suplicara que no se lo deportara. Estas devoluciones forzosas violan las obligaciones internacionales de Egipto en virtud de los derechos humanos y el derecho de los refugiados, incluido el principio de no devolución.

El 26 de febrero de 2024, la guardia de fronteras expulsó a Ahmed, a su esposa y a su hijo de 2 años junto con un grupo de unas 200 personas detenidas, tras haberlas mantenido retenidas durante 6 días en el recinto militar de Abu Simbel.

Desde que comenzó el conflicto en Sudán, las autoridades egipcias no han facilitado estadísticas ni reconocido su política de deportaciones. Según el ACNUR, sólo en septiembre de 2023, hubo 3.000 personas deportadas de Egipto a Sudán.