Felix Tshisekedi, presidente de la República Democrática del Congo, debe aprovechar su segundo y último mandato para abordar la crisis de derechos humanos en la que está sumido el país, ha declarado Amnistía Internacional tras la toma de posesión del nuevo gobierno del país el pasado 11 de junio. Al frente del gobierno se halla la primera ministra Judith Suminwa Tuluka.
Amnistía Internacional ha presentado al gobierno entrante una agenda de cinco puntos, donde se exponen las medidas clave que debe tomar el nuevo gabinete para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
“Durante su mandato anterior, el presidente Tshisekedi hizo numerosas promesas en materia de derechos humanos, pero cinco años después siguen sin apreciarse apenas avances. La mayoría de las medidas adoptadas para proteger los derechos humanos han sido superficiales, ineficaces o incompletas”, ha declarado Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral
“Los próximos cinco años son la última oportunidad del presidente Tshisekedi para dejar un legado duradero basado en los derechos humanos. Tanto él como el nuevo gobierno entrante deben tomar medidas urgentes para poner fin a las restricciones del espacio cívico, proteger a la población civil en las zonas de conflicto, acabar con el ciclo de impunidad para los crímenes de derecho internacional, subsanar el sistema de justicia penal y gestionar con eficacia los recursos para conseguir avances en materia de derechos socioeconómicos”.
Una agenda de cinco puntos para que se respeten los derechos humanos
Ante la agudización del conflicto armado y el deterioro de la crisis humanitaria que asola el país en los últimos años, sumados a la actual retirada de MONUSCO, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, Amnistía Internacional pide al presidente Tshisekedi que acate plenamente el derecho internacional humanitario, especialmente en lo relativo al diseño, la ejecución y la evaluación de todas las operaciones militares. El presidente Tshisekedi debe tomar medidas concretas para proteger a la población civil en las zonas de conflicto, investigar las causas subyacentes de los conflictos armados y la violencia entre comunidades, así como los factores que los propician, y abordar la impunidad generalizada de los crímenes de guerra.
Amnistía Internacional recomienda al presidente Tshisekedi que reforme el sistema de justicia penal, que él mismo ha calificado de “enfermo”. Las prisiones del país deben volverse más humanas, debe acabar el uso sistemático de la detención en espera de juicio y la detención arbitraria, y es preciso abolir la pena de muerte.
En marzo de 2024, tras un paréntesis de dos décadas, el gobierno retomó las ejecuciones de personas condenadas a muerte, alegando que el castigo disuadiría la “infiltración” y la “traición” en las fuerzas armadas. El gobierno también afirmó que la medida serviría para aplacar la violencia de las bandas. Varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, denunciaron enérgicamente este paso.
“El presidente Tshisekedi debe revocar la decisión del gobierno y aplicar una nueva suspensión de las ejecuciones, mientras las autoridades estudian la posibilidad de abolir la pena de muerte en su totalidad durante esta legislatura. También es esencial que el sistema de justicia penal sea independiente y justo”, ha declarado Tigere Chagutah.
El presidente Tshisekedi y el nuevo gobierno deben además levantar con urgencia el ilegítimo y prolongado “estado de sitio” vigente en las provincias de Kivu Norte e Ituri, y garantizar la rendición de cuentas y justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el amparo de esta medida. Las autoridades deben igualmente adoptar una legislación respetuosa con los derechos humanos, que proteja y promueva los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.
Pese a la promesa del presidente Tshisekedi de erradicar la corrupción, el supuesto despilfarro de los recursos públicos ha provocado que el Estado no pueda dotar adecuadamente los servicios socioeconómicos esenciales y que, por tanto, siga sin garantizar derechos fundamentales, incluidos los derechos a una alimentación adecuada, a la atención médica, al agua, al saneamiento, a la educación y a la vivienda.
La expansión de la minería industrial de cobre y cobalto en respuesta a la creciente demanda global ha dado lugar también a violaciones a gran escala de los derechos a la vivienda y a la salud, en especial mediante desalojos forzosos masivos y contaminación. Por lo tanto, el gobierno debe declarar una suspensión de los desalojos masivos en el sector minero en tanto no se establezca una comisión de investigación, no se lleve a cabo una revisión exhaustiva de las protecciones legales existentes contra los desalojos forzosos y no se promulguen las reformas políticas pertinentes.
El gobierno de la República Democrática del Congo debe también tomar medidas para salvaguardar la libertad de prensa y de Internet, incluida la revisión de la Ley de Prensa y Código Digital de 2023 para adecuarlos a las normas internacionales de derechos humanos.
“La crisis de derechos humanos en la que está sumida la República Democrática del Congo dura ya demasiado tiempo. La comunidad internacional debe presionar a las autoridades de la República Democrática del Congo para que apliquen las recomendaciones propuestas en su totalidad y de forma efectiva”, ha manifestado Tigere Chagutah.
Información complementaria
El presidente Felix Tshisekedi prestó juramento para un segundo mandato de cinco años en enero de 2024. El 1 de abril nombró primera ministra a Judith Suminwa Tuluka, primera mujer en ostentar este cargo. El 29 de mayo, la primera ministra Suminwa designó a su gobierno, compuesto por 54 ministros y ministras. Estaba previsto que el Parlamento aprobara la investidura del nuevo gobierno el 11 de junio.
