La AU está dirigida a Carlos Stornelli, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal No. 4, con el objetivo de que retire las acusaciones contra aquellos manifestantes que ese 12 junio en la zona de congreso marcharon pacíficamente.
En el marco de un importante operativo policial en varias imágenes se observó el accionar violento de las fuerzas policiales al llevar a cabo las detenciones, así como el uso ilegítimo de armas menos letales, tales como gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes que causaron lesiones injustificadas.
Además, preocupan especialmente los mensajes criminalizantes por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, asociando la protesta pacífica frente al Congreso Nacional con actos de terrorismo y golpes de Estado ya que ponen en peligro a nuestra vida democrática.
“Frente a una sociedad movilizada, cada mensaje que las autoridades emiten puede generar impactos directos en el ejercicio de derechos protegidos constitucionalmente. Por eso, en un país con equilibrio de poderes, el Judicial cumple un rol central frente a las extralimitaciones de un Poder Ejecutivo que busca silenciar y reprimir con violencia. Por eso, a través de nuestra Acción Urgente llamamos a que la justicia brinde una respuesta inmediata y ponga fin a la persecución de quienes utilizan a las manifestaciones como un canal legítimo de denuncia”, manifestó Mariela Belski, directora adjunta de Amnistía Internacional.
Algunas de las personas detenidas ni siquiera llegaron a la plaza del Congreso y fueron aprehendidas antes de sumarse a la manifestación. Otras fueron detenidas cuando se retiraban de la zona a varias cuadras de la Plaza del Congreso. El fiscal solicitó la detención y acusó a 33 personas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática, acusándolas de “terroristas”. Entre los detenidos había vendedores ambulantes, estudiantes, músicos y docentes. Si bien de estas 33 personas, 5 continúan detenidas, el proceso penal continúa contra todas ellas.
Asimismo, la Acción Urgente es remitida a los órganos internacionales de protección de derechos humanos de la OEA y Naciones Unidas, como la Relatoría Especial sobre libertad de opinión y de expresión; la Relatoría Especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación de la ONU, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Libertad de Expresión.
Historias en primera persona
Santiago Adano, músico de 38 años, señaló: “Vivimos una pesadilla. Me bajé del subte en Congreso, subí las escaleras, pero no llegué a pisar la vereda, había poca gente y mucha policía. Le dije a los efectivos que esta ley iba a hacer que sus madres y sus familias vivieran peor, y mientras estaba diciendo eso sentí un tirón de atrás. Me agarraron entre muchos, sólo identificados con la campera, y me empezaron a arrastrar y ahorcar. En los videos se ve que estoy todo rojo, diciendo que me están ahorcando. Cuando les dije que me sentía mal me agarraron del pantalón y la ropa interior y me los clavaron entre las nalgas. Se portaron con un sadismo y una violencia que no tenía sentido, yo no estaba tirando piedras ni prendiendo fuego nada, podrían haberse identificado y avisado que me detenían y los motivos, pero eligieron arrastrarme, maltratarme y dejarme sin aire”.
Por su parte, Camila Juárez Oliva, de 33 años, otra de las manifestantes detenidas, expresó: “Nos encontramos con una acusación gravísima que nada tenía que ver con nosotros. Fuimos a reclamar por nuestros derechos. Nos trataban de terroristas y nos maltrataban mucho”. Respecto de la causa judicial, Camila detalló que aún “no tiene resolución y continúa abierta”.
“El derecho a expresarnos libremente es uno de los principios fundacionales de la democracia. El modo en que fueron llevadas adelante las detenciones e imputaciones hace evidente cómo la herramienta penal puede ser usada para restringir la protesta, enviando con ello un mensaje amenazante a quien decide reclamar a las autoridades. Quienes defendemos derechos humanos no podemos hacer caso omiso a este tipo de vulneraciones”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La organización recuerda las obligaciones internacionales del Estado argentino de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta. En este marco, se observa con preocupación la detención y acusación contra las personas que estaban ejerciendo su derecho constitucional a manifestarse.
Información complementaria: ¿Qué es una Acción Urgente?
La Acción Urgente (AU) es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional (AI) por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. Cuando AI tiene noticia de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate.
Una acción urgente es la herramienta más adecuada ante el riesgo de nuevas violaciones de derechos humanos contra las personas que están siendo criminalizadas por manifestarse.
