Bangladesh: poner fin a las detenciones colectivas punitivas y a la reclusión arbitraria de líderes estudiantiles y manifestantes – Amnistía Internacional Argentina | Defendemos los derechos humanos

Bangladesh: poner fin a las detenciones colectivas punitivas y a la reclusión arbitraria de líderes estudiantiles y manifestantes


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En respuesta a los informes sobre la detención y reclusión de líderes estudiantiles, manifestantes y miembros de partidos de oposición tras las protestas por la reforma del sistema de cuotas (más de 9.000 personas han sido detenidas durante el fin de semana en Bangladesh), Smriti Singh, directora regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional, ha declarado:

“La detención y reclusión colectiva de manifestantes estudiantiles es una caza de brujas emprendida por las autoridades para silenciar a quien se atreva a enfrentarse al gobierno, y es una herramienta para perpetuar aún más un clima de temor. Los informes sugieren que estas detenciones son de motivación totalmente política, una represalia por el ejercicio de los derechos humanos. Es fundamental que las autoridades de Bangladesh respeten el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica de la población”.

La detención y reclusión colectiva de manifestantes estudiantiles es una caza de brujas emprendida por las autoridades para silenciar a quien se atreva a enfrentarse al gobierno, y es una herramienta para perpetuar aún más un clima de temor.


Smriti Singh, directora regional de Amnistía Internacional para Asia Meridional

“Las autoridades deben garantizar que todas las detenciones cumplen las salvaguardas de debido proceso y son plenamente acordes al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluidos (aunque no exclusivamente) el derecho a un juicio libre y justo, el derecho a ser informado de los motivos de la detención y el lugar de reclusión, y el derecho a comparecer sin demora ante un juez, y a tener acceso tanto a asistencia letrada como a la familia.”

“Las autoridades deben garantizar que los activistas pacíficos no son procesados por cargos falsos en castigo por participar en protestas. Protestar pacíficamente no es un delito, y esta caza de brujas debe terminar.”

Información complementaria


El viernes 26 de julio de 2024, por la tarde, los coordinadores clave de las protestas Nahid Islam, Asif Mahmud y Abu Bakar Majumder fueron puestos bajo custodia por personal policial vestido de civil que se los llevó del Hospital Gonoshasthaya Nagar en Dhaka, pese a la advertencia de los médicos de que no se llevaran a pacientes que estaban bajo tratamiento. A los tres les confiscaron sus teléfonos móviles. Otros tres coordinadores —Sarjis Alam, Hasnat Abdullah y Nusrat Tabassum— fueron detenidos durante los dos días siguientes.

El ministro del Interior de Bangladesh, Asaduzzaman Khan, declaró más tarde que los coordinadores habían sido puestos bajo “custodia por su propia seguridad”. El domingo 28 de julio, mientras estaban bajo custodia policial, los coordinadores declararon el fin de las protestas, al tiempo que condenaban en un breve mensaje de vídeo las muertes, la violencia y los incendios provocados.

Otro líder estudiantil, Arif Sohail, fue detenido también el 27 de julio, y estuvo en paradero desconocido durante casi 36 horas, hasta que el Cuerpo de Detectives de la policía de Bangladesh confirmó que estaba bajo su custodia. Arif ha estado recluido durante seis días en relación con un ataque y un incendio provocado en Setu Bhavan el 18 de julio. Mientras tanto, unos grupos de estudiantes han declarado que ese día Arif estaba con ellos en Jahangirnagar, a una hora de distancia en automóvil.

Según la información publicada por los medios de comunicación, más de 213.000 personas, de la mayoría de las cuales se desconoce el nombre, están acusadas en unos 200 casos presentados en comisarías de policía de la capital durante la violencia relacionada con las recientes protestas. Los informes han destacado que un gran número de líderes y activistas de partidos de oposición han sido detenidos también. La táctica de no especificar los nombres en los casos pendientes deja a las fuerzas de seguridad espacio para detener a quien quieran, como ya ha documentado anteriormente Amnistía Internacional.

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