Cúneo Libarona compareció ayer ante esa comisión para explicar las decisiones del gobierno en relación con las políticas de género, en particular tras el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y la reciente reestructuración del organismo. Sin embargo, lejos de ofrecer claridad sobre las políticas adoptadas por el actual gobierno para prevenir, combatir y erradicar la violencia contra mujeres y niñas en cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales, el ministro emitió declaraciones de suma gravedad institucional que promueven la violencia y el odio contra las personas de la comunidad LGBTIQ+.
En particular, señaló que el gobierno "rechaza la diversidad e identidades sexuales que no se alinean con la biología" y que su gestión se centrará en "castigar la violencia sin género", ignorando de esta manera el marco normativo vigente y desconociendo la problemática estructural de la violencia de género y su impacto desproporcionado sobre la vida de las mujeres, niñas y diversidades.
“Es inaceptable que el ministro de Justicia de la Nación posicione su mirada personal y subjetiva, por encima de lo que establece nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales en materia de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional. El Estado argentino reconoce los derechos de todas las personas a la libertad y dignidad en igualdad de condiciones, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. A su vez prohíbe la discriminación, el odio, la persecución y la violencia”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Es obligación del Estado garantizar y promover la igualdad real de oportunidades para las mujeres y personas LGBTIQ+. Diversas leyes establecen la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres como así también el deber de garantizar el libre desarrollo de las personas conforme a su identidad de género, a ser tratadas de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad.
Las declaraciones del ministro Cúneo Libarona fueron luego respaldadas por el vocero presidencial, lo que pone en evidencia el uso persistente de narrativas de confrontación y demonización sobre los derechos de mujeres y personas LGBTIQ+ por parte de funcionarios del Gobierno Nacional para desviar la atención de problemas reales como el aumento de la pobreza y la indigencia, el hambre, la falta de acceso a medicamentos de todo tipo, entre otros.
Desmantelamiento de políticas de género: un retroceso en la lucha contra la violencia hacia mujeres y diversidades
Mientras el gobierno actual niega la violencia de género y desmantela políticas públicas esenciales, la realidad cotidiana para mujeres, niñas y personas LGBTI+ sigue siendo alarmante y las cifras de violencia y femicidios continúan en ascenso. En 2023, se registraron 272 femicidios, uno cada 32 horas, conforme los datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También se registró que el 53% de las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar fueron mujeres, mientras que el 38% de las víctimas correspondían a niñas, niños o adolescentes.
De acuerdo con datos de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), entre 2016 y 2021, el 90% de las víctimas de violencia sexual en Argentina fueron mujeres.
Sin embargo, frente a tales cifras y lejos de brindar explicaciones o reforzar las políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género, el gobierno actual ha decidido recortar y limitar programas esenciales. Es la primera vez en 37 años que la atención y prevención de la violencia de género carecen de institucionalidad en Argentina, marcando un retroceso significativo en la lucha por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI+.
Hace tan solo dos días, el ministro de Justicia dictaminó la reducción del alcance del Programa Acompañar, una iniciativa clave que busca promover la autonomía de mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo por violencia de género. Bajo la nueva gestión, el período de apoyo económico se redujo de seis a tres meses, y se impuso la obligatoriedad de acreditar una denuncia penal o judicial, además del informe social que acredite el riesgo, para poder acceder a este beneficio. Estas nuevas restricciones limitan significativamente el acceso a una herramienta clave para mujeres en situación de extrema vulnerabilidad.
Amnistía Internacional manifiesta una profunda preocupación por el impacto que el enfoque explicitado por el ministro podría tener en el ejercicio de los derechos de las mujeres y las personas LGBTI+ y exige al gobierno argentino que respete sus derechos, en línea con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en el marco jurídico nacional e internacional, y que se abstenga de realizar prácticas discriminatorias que atentan contra estos derechos fundamentales.
